Cerca de 20 por ciento de los adolescentes de 12 a 18 años, varones y mujeres en América Latina y el Caribe no asiste a un establecimiento educativo, informó un estudio publicado hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

     El documento señala que prácticamente todos los niños de 11 años estudian en los países de América Latina, pero a los 17 años la mitad ya ha abandonado el sistema y sólo uno de cada tres completa la secundaria sin rezago.

     El documento titulado «Adolescentes. Derecho a la educación y al bienestar futuro», analiza encuestas de hogares y estudios especiales sobre educación, empleo, uso del tiempo y salud en la región.

     Indica que para enfrentar las causas y consecuencias de este fenómeno se requieren políticas con perspectiva de derechos e igualdad de género.

     Sostiene que «el abandono temprano y la repitencia (repetir el curso), dos de los principales desafíos de los sistemas educativos latinoamericanos, se concentran en los estratos de menores ingresos, en la población indígena y afrodescendiente y en las áreas rurales».

     Sólo uno de cada cinco jóvenes del grupo de menores ingresos completa la enseñanza secundaria, mientras que en el más rico lo logran cuatro de cada cinco.

     El estudio afirma que los adolescentes varones tienden a insertarse tempranamente en el mercado laboral (casi una quinta parte abandona por falta de interés hacia el sistema educativo).

     Por su parte, las adolescentes mujeres también abandonan la escuela por falta de interés -aunque en menor proporción-, y para  hacerse cargo del trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado (incluyendo su propia maternidad temprana).

     «Los adolescentes son y serán protagonistas de las transformaciones sociales y económicas que se espera ocurran en las próximas décadas en la región y, para ello, necesitan ejercer sus derechos de manera plena y sin ningún tipo de discriminación».

     Esto lo plantean Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Bernt Aasen, director regional de Unicef para la región, en el prólogo del documento.

     Para ello, se proponen una serie de políticas públicas capaces de contribuir a la igualdad de género en las oportunidades, las trayectorias y los resultados educativos de los y las jóvenes, así como en el mercado laboral.

     En particular, el estudio evidencia la contradicción que viven las mujeres latinoamericanas, quienes a pesar de haberse beneficiado de los aumentos de cobertura educativa, aumentando sus años de educación de manera importante, no han encontrado condiciones igualitarias con los hombres en el mercado laboral.

     «Ellas aún se concentran, en mayor proporción que sus pares varones, en empleos de baja productividad, de carácter temporal, sin contrato ni prestaciones sociales y con ingresos bajos, a lo que se suma que progresan menos en sus carreras en comparación a ellos», precisa.

     Este escenario demanda políticas de igualdad de género orientadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de varones y mujeres, según la CEPAL y el Unicef.

     Estas instituciones insisten en que se deben eliminar las prácticas sexistas en la cotidianidad escolar, lo que exige abordar el currículo escolar y el trabajo docente en el aula.

      También son indispensables políticas que aborden los principales factores de postergación educativa, entre ellos, la pobreza, la ruralidad y el origen étnico.

     Asimismo, se requieren políticas específicas de inclusión y retención para las madres adolescentes, y políticas para una enseñanza secundaria de calidad que otorgue una verdadera oportunidad al desarrollo del talento y las potencialidades de los y las estudiantes.

     Además, se necesitan condiciones de igualdad en el mercado laboral que garanticen que tanto hombres como mujeres tengan acceso a éste sin discriminación de ningún tipo, según el informe.

     «Un modo exitoso de evaluar la calidad de la educación es considerar estándares cualitativos donde los derechos y la igualdad sean los principios orientadores, y a partir de ellos se implementen las políticas», resaltan ambas instituciones.

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