La Universidad Veracruzana (UV) fue sede del foro Análisis al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se dieron cita especialistas en el tema que criticaron este conjunto de normas legales sistemáticas recientemente aprobadas por la Cámara de Diputados.

El evento se realizó el jueves 20 de febrero en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, campus Xalapa. A nombre de la entidad académica anfitriona, la Facultad de Derecho, su director, Manlio Fabio Casarín León, fungió como moderador del panel.

Cabe recordar que el pasado 5 de febrero la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales. A decir de Casarín León, se trata de un código que intenta regir todo el territorio nacional, pero que sin duda, independientemente de los aciertos, es necesario que se discuta y reflexione.

“Temas relacionados no solamente con los aspectos sustantivos de los Derechos Humanos, sino con la actuación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia que dejan incólumes algunas tareas, o temas incluso que tienen que ver con esta tendencia, aparentemente contradictoria, como el uso de la prisión preventiva que todavía establece el propio Código Nacional”, dijo.

En su intervención, la especialista en Derecho Probatorio y Derecho Administrativo, Laura Alejandra Londoño Jaramillo, abundó en el tema de la prueba ilícita y la ilegal.

“Con el debido respeto, tengo que manifestar en este escenario académico: en la parte probatoria definitivamente tiene una marcada ausencia, por desgracia. Entonces nosotros casi tendremos que litigar, como digo de manera coloquial, con las uñas; o esperar una sabia jurisprudencia de la Suprema Corte que establezca unas líneas que sean suficientes para nuestro ejercicio de litigación y no una fuente generadora de más incertidumbre jurídica”, opinó.

En su intervención, Miguel Ángel Soto Lamadrid, quien ha fungido como profesor del área de investigaciones jurídicas en la Universidad de Sonora y se ha desempeñado en varios cargos públicos de aquella entidad, también criticó el Código.

“La verdad es que yo sé que era necesario un cambio profundo en México, probablemente la solución a la dificultad de procedimiento antiguo fuera un nuevo procedimiento, puede ser cierto, el problema es que todavía no entiendo.”

A manera de parábola dijo que la decisión era “arreglar la carcachita o comprar otra”; aunque esto último procedió “no es producción nacional, usa gasolina de la que aquí no tenemos, no se debe correr en carretera de tierra porque se descompone todo el sistema electrónico y en México hay sólo carreteras de tierra”.

Siguió con el ejemplo y consideró que aunque se trata de un automóvil precioso, no está seguro si era para este país. “Pero ya lo compramos, en abonos, con ayuda internacional. Nos encanta, lo vemos y lo volvemos a ver y creemos que es la única salida posible a la debacle de procedimiento penal en México”.

En el panel también participó Alfredo Delgadillo Aguirre, del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, institución con la cual se coordinó la Facultad de Derecho para llevar a cabo este ejercicio académico.

Los comentarios están cerrados.