Ciencia y dinero

Ciencia y dinero


Manuel Martínez Morales

La privatización consiste en la apropiación privada de bienes, recursos o servicios considerados patrimonio colectivo de una comunidad, un pueblo o una nación. Estos bienes se constituyen en  propiedad común en tanto que son considerados esenciales e insustituibles para la vida de cada uno de los integrantes de la colectividad, y necesarios para el bienestar del grupo social. En esta categoría se incluyen: (1) recursos naturales tales como el aire que respiramos, la luz solar, los depósitos de agua, los bosques, la flora y la fauna del territorio común, los depósitos de combustibles fósiles (carbón, petróleo), los yacimientos minerales; (2) servicios como el suministro de energía eléctrica, agua potable y drenaje, el servicio postal, las comunicaciones, la producción de energéticos, la emisión de moneda y la seguridad pública, entre otros; y (3) bienes no materiales tales como la salud, la educación y el patrimonio cultural en general.

En el último rubro mencionado destaca el conocimiento científico, un bien indispensable no tan sólo por su impacto en la producción y el desarrollo tecnológico, sino también por su benéfico efecto potencial en áreas como la salud pública, la educación, la administración, la conservación de recursos, y en la cultura en general. Debe señalarse que la producción, la traducción técnica, la difusión y la divulgación del conocimiento científico dependen de una amplia inversión social, concretizada en la formación de cuadros científicos y técnicos (que se da principalmente en instituciones de educación superior públicas), y en la consolidación de un aparato mediador entre la investigación científica y las aplicaciones tecnológicas (centros e institutos de investigación). Ninguna empresa privada –ni siquiera los gigantes como Microsoft– tiene la capacidad económica para costear por sí misma la formación de los cuadros técnicos y científicos que necesita, ni para realizar en sus propios centros toda la investigación que requiere para el desarrollo de sus productos. En realidad, todas estas empresas son subsidiadas ocultamente con recursos públicos invertidos en la formación de científicos, y en la operación de  centros e institutos de investigación públicos, donde se producen conocimientos que son aprovechados por aquéllas.

La apropiación privada de bienes y recursos públicos significa que éstos dejan de considerarse  satisfactores esenciales e indispensables para la vida y que, por tanto, el acceso a ellos y su disponibilidad, en lugar de constituir un derecho inalienable de toda persona, se restringen a aquéllos que puedan pagar por ellos. Estos bienes de propiedad común se convierten entonces  en mercancías, es decir en objetos cuya esencia reside en su valor de cambio, en algo que es objeto de tráfico comercial, cuya producción y distribución dependerán de las “leyes del mercado”. Obviamente, la privatización de estos bienes implica la exclusión de su disfrute para una gran parte de la población, ocasionando con ello una mayor extensión y profundización de la pobreza y la desigualdad social y, consecuentemente, un deterioro generalizado de la vida social.

La tendencia a la privatización es un rasgo constitutivo del capitalismo, el cual no puede subsistir más que a condición de una expansión creciente de los mercados, en particular mediante la apropiación privada de bienes, recursos y servicios que, por su naturaleza y función, habían escapado a la determinación mercantil.

Dicho en términos llanos: la privatización es el despojo de bienes y derechos inalienables que sufre una comunidad o una nación a manos de la clase capitalista; los bienes comunes, indispensables para la vida, pasan a manos de unos cuantos particulares para su usufructo.

La ciencia en México ha subsistido siempre en un estado precario. La explicación de este hecho histórico no debe buscarse en las intenciones o en la posible ignorancia de los diversos personajes o partidos que han gobernado el país, sino en las condiciones reales, materiales, del devenir histórico de la nación. México ha sido, desde hace 500 años, una entidad colonial y, en el mapa del nuevo orden mundial, sigue ocupando el mismo lugar. Su economía, y, por tanto, sus formas políticas, han estado subordinadas siempre al interés del imperio en turno. México ha sido una nación proveedora de materias primas baratas, de energéticos que prácticamente se regalan al Tío Sam, de mano de obra a precio de ganga para las maquiladoras y  las empresas del “otro lado”, de capitales succionados mediante el arbitrario esquema de la “deuda externa”, y de consumidores de toda clase de chucherías, desde tecnología obsoleta hasta comida chatarra. En el contexto de la competencia entre naciones, a los países colonizados se les impide competir (imagínese lo que sería de la Coca- Cola Company, de Microsoft, de Sony, de Procter & Gamble, de Ford Motor Company, si en México se produjeran, con capital propio, computadoras, Mexi-Cola, jabones y perfumes, automóviles, televisores,…..).

Una economía dependiente, es decir una economía de “patio trasero”, no demanda, estructuralmente, del desarrollo científico y la innovación tecnológica. Prácticamente no existen empresas nacionales, el mercado mexicano está inundado de mercancías producidas por las compañías transnacionales, las cuales desarrollan la investigación que requieren en la metrópoli por las ventajas que así obtienen y, en todo caso, emplean limitadamente mano de obra calificada –técnicos y científicos.

Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve.

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