La privatización consiste en la apropiación privada de bienes, recursos o servicios considerados patrimonio colectivo de una comunidad, un pueblo o una nación. Estos bienes se constituyen en  propiedad común en tanto que son considerados esenciales e insustituibles para la vida de cada uno de los integrantes de la colectividad, y necesarios para el bienestar del grupo social. En esta categoría se incluyen: (1) recursos naturales tales como el aire que respiramos, la luz solar, los depósitos de agua, los bosques, la flora y la fauna del territorio común, los depósitos de combustibles fósiles (carbón, petróleo), los yacimientos minerales; (2) servicios como el suministro de energía eléctrica, agua potable y drenaje, el servicio postal, las comunicaciones, la producción de energéticos, la emisión de moneda y la seguridad pública, entre otros; y (3) bienes no materiales tales como la salud, la educación y el patrimonio cultural en general.

En el último rubro mencionado destaca el conocimiento científico, un bien indispensable no tan sólo por su impacto en la producción y el desarrollo tecnológico, sino también por su benéfico efecto potencial en áreas como la salud pública, la educación, la administración, la conservación de recursos, y en la cultura en general. Debe señalarse que la producción, la traducción técnica, la difusión y la divulgación del conocimiento científico dependen de una amplia inversión social, concretizada en la formación de cuadros científicos y técnicos (que se da principalmente en instituciones de educación superior públicas), y en la consolidación de un aparato mediador entre la investigación científica y las aplicaciones tecnológicas (centros e institutos de investigación). Ninguna empresa privada –ni siquiera los gigantes como Microsoft– tiene la capacidad económica para costear por sí misma la formación de los cuadros técnicos y científicos que necesita, ni para realizar en sus propios centros toda la investigación que requiere para el desarrollo de sus productos. En realidad, todas estas empresas son subsidiadas ocultamente con recursos públicos invertidos en la formación de científicos, y en la operación de  centros e institutos de investigación públicos, donde se producen conocimientos que son aprovechados por aquéllas.

La apropiación privada de bienes y recursos públicos significa que éstos dejan de considerarse  satisfactores esenciales e indispensables para la vida y que, por tanto, el acceso a ellos y su disponibilidad, en lugar de constituir un derecho inalienable de toda persona, se restringen a aquéllos que puedan pagar por ellos. Obviamente, la privatización de estos bienes implica la exclusión de su disfrute para una gran parte de la población, ocasionando con ello una mayor extensión y profundización de la pobreza y la desigualdad social y, consecuentemente, un deterioro generalizado de la vida social.   

La ciencia en México ha subsistido siempre en un estado precario. La explicación de este hecho histórico no debe buscarse en las intenciones o en la posible ignorancia de los diversos personajes o partidos que han gobernado el país, sino en las condiciones reales, materiales, del devenir histórico de la nación. México ha sido, desde hace 500 años, una entidad colonial y, en el mapa del nuevo orden mundial, sigue ocupando un lugar similar.

La nación ha sido proveedora de materias primas baratas, de energéticos que prácticamente se regalan a las corporaciones transnacionales, de mano de obra a precio de ganga para las maquiladoras y  las empresas del “otro lado”, de capitales succionados mediante mecanismos diversos, y de consumidores de toda clase de chucherías, desde tecnología obsoleta hasta comida chatarra. En el contexto de la competencia entre naciones, a los países colonizados se les impide competir (imagínese lo que sería de la Coca- Cola Company, de Microsoft, de Sony, de Procter & Gamble, de Ford Motor Company, si en México se produjeran, con capital propio, computadoras, Mexi-Cola, jabones y perfumes, automóviles, televisores,…..).

Una economía dependiente, es decir una economía de “patio trasero”, no demanda, estructuralmente, del desarrollo científico y la innovación tecnológica. Prácticamente no existen empresas nacionales, el mercado mexicano está inundado de mercancías producidas por las compañías transnacionales, las cuales desarrollan la investigación que requieren en la metrópoli por las ventajas que así obtienen y, en todo caso, emplean limitadamente mano de obra calificada –técnicos y científicos.

A pesar del  inusitado desarrollo de la ciencia mexicana durante el último cuarto del siglo, en ningún momento la ciencia ha estado vinculada orgánicamente a la producción, pues persisten las condiciones coloniales señaladas.

Aun así, podemos afirmar que el aparato científico y la comunidad de investigadores existentes, si bien en condiciones precarias, encierran un enorme potencial para el futuro de la nación; potencial que podrá realizarse solamente en la medida que el desarrollo científico y técnico sea considerado como parte de un proyecto social alternativo al que hoy padecemos; un proyecto en el cual se asuma la premisa de que el conocimiento científico y la tecnología son bienes comunes, patrimonio social, y, por tanto, inalienables.

Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve.

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