Enfrentamientos callejeros enrtre policías y manifestantes (Imagen tomada de un video de Univisión)

Enfrentamientos callejeros enrtre policías y manifestantes (Imagen tomada de un video de Univisión)


Las diversas formas de violencia experimentadas en las últimas décadas en un país como México, al que se pensaba pacificado por el régimen emanado de la Revolución, ha conducido a la nación a un proceso de descomposición política y social sin precedente que la ha convertido en un inmenso cementerio, afirmó el doctor Gustavo Leyva Martínez, profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el Simposio Narcodependencia, narcocultura en el hemisferio Occidental: Escenarios heterogéneos de narración y reflexión, organizado por Eusebio Juaristi y Luis Fernando Lara, miembros de El Colegio Nacional, el filósofo de la Unidad Iztapalapa señaló que existen varios puntos álgidos en estas “oleadas de violencia” que han sacudido al país por lo menos en los últimos 45 años.

La primera de ellas la constituye la represión al movimiento estudiantil de 1968 y la guerra sucia, entendida como un conjunto de estrategias tácticas y acciones situadas al margen de la legalidad para combatir por medio de la violencia a determinados grupos políticos o a individuos en razón de sus convicciones ideológicas o políticas.

La segunda se sitúa en el marco de la represión al movimiento zapatista y de los asesinatos políticos llevados a cabo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y la tercera se ubica en el ascenso incontrolable de la violencia ligada al narcotráfico desde los años setenta y ochenta, y a las estrategias diseñadas por los sucesivos gobiernos en turno para enfrentarlo.

Señaló que un rasgo común de estas oleadas de violencia es la violación sistemática a los principios elementales del Estado de derecho y a la convivencia democrática: ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el propio Estado a través del Ejército Federal, la Marina y los cuerpos policíacos.

Además de persecución política e ilegal en contra de activistas y luchadores sociales al igual que en contra de periodistas que denuncian las masacres y violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho; las redes de corrupción establecidas entre el poder político y económico en sus tres niveles y una impunidad rampante.

Ejemplos de lo anterior, son lugares y fechas del calendario que se han convertido en símbolos de la violencia, el crimen, la corrupción y la ausencia de ley en amplias zonas del territorio nacional, dijo el investigador, quien como ejemplos citó los casos de Aguas Blancas, Guerrero; Acteal, Chiapas; San Fernando, Tamaulipas; Ayotzinapa, Guerrero; Tlatlaya, Estado de México, y Apatzingan, Michoacán, donde el pasado seis de abril policías federales abrieron fuego en contra de la población civil, asesinando a por lo menos 16 personas.

Los casos mencionados, añadió, delinean la “verdadera geografía del horror” en la que se ha convertido el país en los últimos lustros, pues ellos expresan “los puntos álgidos –por desgracia no los únicos– de las oleadas en el marco de una suerte de “guerras moleculares” que han caracterizado nuestra historia reciente.

Estas oleadas han conducido a una situación en la que la violencia social y política parece haberse convertido ya en un trazo constitutivo de la historia reciente de nuestro país y de la política mexicana.

El resultado de ello ha sido un proceso de descomposición en los planos económico, social y político, y “hoy podríamos hablar de una serie de procesos descivilizatorios que ha tenido lugar en forma discontinua y por ahora localizada en diversos puntos de la geografía del país.

Hoy se advierte en nuestro país una curiosa fractura en el Estado como poder centralizado que detenta el monopolio de la violencia legítima debida al surgimiento y probable consolidación de poderes fácticos regionales de carácter criminal que funcionan como cuasi estados paralelos que en algunos casos trabajan junto a las policías municipales.

Frente a este panorama, dijo, el Estado no ha tenido una propuesta política clara de largo plazo en términos de una política social, laboral, educativa, de salud y de seguridad, capaz de actuar como factor preventivo en contra de la delincuencia, la criminalidad y la violencia que corroe a nuestro país.

Por el contrario, se insiste en continuar con una política económica que provoca desempleo, marginación y pobreza, agudizando con ello la descomposición social, mientras que al mismo tiempo los índices de corrupción entre las autoridades y la impunidad han alcanzado niveles alarmantes.