La mala distribución de la riqueza en los estratos de la población, la desigualdad socioeconómica y la falta de acceso a los derechos sociales más elementales, son factores determinantes de la pobreza, aseguró Silvia Solís San Vicente, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, durante su participación en el primer Congreso Latinoamericano de Investigación en el Ámbito Social.

El evento fue organizado por el cuerpo académico Estudios sobre Políticas Sociales y Calidad de Vida y la Facultad de Trabajo Social, campus Minatitlán de la Universidad Veracruzana (UV).

La investigadora precisó que los índices de pobreza durante el periodo 2008-2010 aumentaron de 44.5 a 46.2 por ciento, que en términos de habitantes significa un incremento de 48.8 a 52 por ciento de personas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En el mismo periodo la población en pobreza extrema pasó de 10.6 a 10.4 por ciento, en términos del número de personas en situación de pobreza extrema significó 11.7 millones.

Con base en su experiencia, Silvia Solís dijo que los factores determinantes de la pobreza son “la mala distribución de la riqueza en los estratos de la población. Mientras pocos ricos ocupan a nivel internacional los primeros lugares, la mayoría de la población engrosa las filas de los pobres moderados y los pobres extremos. La desigualdad socioeconómica y la falta de acceso a los más elementales derechos sociales”.

Solís San Vicente señaló que “la falta de empleo y de ingresos suficientes para mejorar la calidad de vida ha sido en la última década la causa fundamental de la pobreza. No sólo la falta de crecimiento económico, sino también las frecuentes crisis financieras han contribuido al crecimiento de la pobreza”.
La investigadora de la UNAM propuso que “el carácter distributivo de la política social debe estar encaminado a fomentar el capital humano, con la finalidad de insertar a la población en los mercados de trabajo: local, regional e internacional”.

La ponente destacó que el tema de la pobreza urbana debe ser una prioridad de la política social. Explicó que del enfoque unidimensional del ingreso para medir la pobreza, se pasó al multidimensional, que abarca tres enfoques: el del bienestar, el de los derechos y el territorial.

“En el enfoque de bienestar, el objetivo primordial radica en identificar las dimensiones y condiciones que limitan la libertad de las personas para desarrollarse plenamente. Supone que cada persona, a partir de sus circunstancias y preferencias, desarrolla el conjunto de capacidades que definen el abanico de opciones de vida que puede elegir. Si estas opciones no le permiten tener condiciones de vida aceptables dentro de su sociedad, se considera que el individuo es pobre.”

Detalló que el enfoque de los Derechos Humanos se basa en la premisa de que toda persona debe contar con una serie de garantías indispensables para la dignidad humana, que suelen estar incorporadas en el marco normativo de cada sociedad: toda persona, por el hecho de serlo, debe tener asegurados un conjunto de derechos sociales de manera irrenunciable e insustituible. La pobreza se considera como “la negación no sólo de un derecho en particular o de una categoría de derechos, sino de los Derechos Humanos en su totalidad”.

El enfoque territorial se toma en cuenta porque “el análisis requiere considerar elementos comunitarios o locales, cuya identificación descansa en criterios territoriales”.

La investigadora de la UNAM planteó que “el carácter distributivo de la política social debe estar encaminado a fomentar el capital humano, con la finalidad de insertar a la población en los mercados de trabajo: local, regional e internacional”.

Además, se deben crear redes y formas de organización que fomenten la participación de la población en la toma de decisiones para enfrentar sus necesidades, promover el desarrollo local basado en el capital social y crear condiciones para la construcción y desarrollo de la ciudadanía social.