De nueva cuenta, hoy en el país se discute una iniciativa de reforma constitucional que pretende dar entrada al capital de las empresas petroleras internacionales el negocio de explotación hasta hoy reservado a la nación. De manera muy activa se promueve el tema del cambio de régimen buscando justificar la política del actual gobierno federal en una situación en la que el Congreso pareciera tener todo resuelto, y que sólo faltaría sumar un poco de legitimidad. El interés de los inversionistas internacionales sobre los recursos mineros de México data de por lo menos el tiempo que llevamos constituidos como nación. Pero la exigencia de tener el control empresarial de las reservas mexicanas consolidaría su panorama económico mundial de su seguridad energética.

En parte de la historia, los recursos mineros han sido producto de explotación por parte de capitales extranjeros, y los recursos petroleros han sido parte importante de ese esquema. A fines del siglo XIX, con la instalación de los ferrocarriles, se asentaron en México las primeras compañías petroleras que abastecían de energía esa importante red de comunicación. Los mexicanos debemos recordar que la industria del petróleo no es una actividad nueva para México, pero tampoco es inédita la relación comercial, ni las actividades de exploración, perforación o refinación de esas empresas internacionales en el país.

            La reforma energética que se discute hoy, es más bien una reforma constitucional para permitir el ingreso de las empresas petroleras al negocio del petróleo de la nación para que participen de actividades industriales que les están vedadas por motivos de los conflictos con las empresas que tuvieron su desenlace con expropiación del presidente Cárdenas. Enrique Peña Nieto, en su iniciativa actual, pretende querer acercarse a la talla del general Cárdenas en un escenario diferente. Por lo menos es irrespetuoso, cuando lo que se pretende es una acción de reforma constitucional que va en sentido totalmente inverso a la gesta nacionalista.

La intención de las empresas de volver al negocio petrolero en México es manifiesta, se ha insistido en ello durante los últimos 25 años. Esa polémica no debería tener cabida, si Pemex fuera una empresa eficaz, y estuviera libre de la degradante corrupción, pero ese asunto no tiene que ver con la Constitución. Tampoco tendría cabida si se cumpliera con la responsabilidad de la administración de la empresa de ser atenta de su desarrollo tecnológico, asunto del que no se puede desligar tampoco a las dependencias del ramo y gubernamentales que tienen competencia. Si la empresa no ha sido administrada como establece la Constitución, en beneficio de los intereses públicos, tenemos enfrente un asunto grave que tampoco se resuelve con el concurso externo.

Los mexicanos sabemos que cuerpos administrativos que han pasado por la empresa en sus ligas con políticos y gobiernos (dominantemente de la relación gobierno-PRI) se han servido de la empresa con una visión patrimonial, pero siempre ahí ha estado el concurso del sindicato ligado al partido con una gran obscuridad del sentido público, lo que ha generado un sistema de corrupción de tal magnitud, que ha hecho muchos ricos y aumentado capitales privados en montos tales que no se pueden calcular fácilmente.

Del petróleo se han servido también funcionarios y sus familias, pero además lo que se sabe recientemente, es que se benefician intereses de mafiosos que por vías ilícitas; se apropian de los productos de la empresa, como se ha demostrado en investigaciones que se han publicado recientemente, y cuyos productos se venden a refinerías del exterior.

El petróleo ha servido de igual forma para financiar energía subsidiada a empresarios y transportistas por décadas. Industriales de diversas ramas han gozado de privilegios al recibir precios subsidiados o subvenciones que les permiten acumular por esa vía mejores beneficios si se trata de empresarios ligados al poder político. Una forma más de trasladar renta de las industrias de la energía, es por la vía de la descarga de gravámenes fiscales. Ese escenario sólo es posible por el papel de soporte financiero público de Pemex. La empresa aporta tanto a pesar de todo, que hasta alcanza para el gasto público y algo más para el gasto social.

Pero cuando comparamos a la petrolera mexicana con otras del mundo, no hallamos ninguna con una carga de corrupción similar en su contra. Al mismo tiempo no existe ninguna petrolera privada con esa carga de gravámenes de parte del Estado. Si las cosas son así, nadie estaría en condición de contradecir que la empresa necesita una reforma que le evite esa carga tan grande que le niega, entre otras cosas, el desarrollo tecnológico y la modernización en toda la cadena productiva, pero esas razones, por poderosas que sean, no pueden ser, sin complicidades, la justificación de su deterioro.

1940, instalación de oleoductos

Se puede propiciar el diálogo entre quienes pueden aportar para a resolver esta situación. En esta oportunidad es posible que sean analizadas muchas partes y funciones de la empresa que se han mantenido ocultas a la sociedad. Se requiere reconstruir el desarrollo de la empresa. Se puede crear través de foros diversos, el diálogo sobre temas particulares. Pemex no se puede dejar al margen el mundo laboral y los privilegios indebidos de toda naturaleza. Sanear a la empresa de esa manera debería ser una medida radical que preceda cualquier acción reformadora, sobre todo si lo que se quiere es cambiar la Constitución para introducir agentes externos.

Los empresarios privados de las grandes empresas internacionales no son menos corruptos. Los conocimos ya cuando operaron en el territorio nacional, existen testimonios de contemporáneos que afirman que para evitar pagar impuestos llegaban a asesinar a trabajadores que construían ductos clandestinos. Se documentó una infinidad de historias de maniobras empresariales para eludir las leyes laborales, crímenes para apropiarse de tierras para perforar y hasta cárceles privadas en sus instalaciones. Sólo a un pueblo que ignora su pasado se le puede vender esa historia de héroes salvadores.

La historia de las empresas petroleras en el mundo es muy amplia en experiencias negativas, prácticas de apropiaciones al margen de la ley, autoritarismo, corrupción y hasta crimen. La historia del petróleo en el mundo conoce de guerras, guardias blancas y gobiernos subordinados o sometidos, lo que desde ningún sentido cabe en límites legales y de respeto que debe exigir la soberanía.

Las acciones de una empresa que nace protegida desde las más altas esferas públicas y tiene a su disposición toda la fuerza de la función pública, no sólo la legal, que es la que pretenden con la reforma de la Constitución General de la República, sino de aquella fuerza de facto que se puede obtener con mercenarios o policía comprada. Recuérdese que como se ha hecho público en documentos filtrados a la prensa nacional que una parte sustantiva de la elaboración de la estrategia de cómo ingresar al negocio de las reservas petroleras nacionales lo prepararon funcionarios ligados a las empresas norteamericanas, que antes dirigieron a Pemex (Véase artículo de Jenaro Villamil, Revista Proceso, Los mercenarios de las transnacionales, 17 de agosto de 2013).

La puerta que abre la reforma energética al gran capital es sólo una parte inicial de una gestión, es la primera parte de actividades de gran calado que se ampliarán en convenios o contratos, los que más tarde podrían ser casi de cualquier tipo. Vencido por primera vez el mito nacionalista, el segundo paso puede ser la discusión de formas que más convienen a sus negocios. El interés de los norteamericanos en el petróleo mexicano es un asunto de estrategia energética, en un escenario mundial en el que necesitan aumentar sus reservas probadas, y ante el consumo cada vez más importante de China, nación que está a punto de convertirse en el primer consumidor de petróleo en el mundo.

La experiencia de nuestro país con respecto al desempeño de empresas mineras y su regulación, puede explicarse con lo que sucede en Michoacán, como muestra se refiere el caso de la minera local en la comunidad de Aquila, donde una concesión inicial entre comunidad y empresa acuerdan que se exploten 78 has. y al cabo de unos cuantos años, la empresa, en un acto de poder de facto, se apropia de 200 has., ni sus reclamos, o su fuerza comunal, ni autoridad alguna son capaces de resguardar lo pactado con criterios públicos. No sólo es un escenario en el que se subordina a la población, sino que se hace aún más complejo con la intervención del crimen organizado.

1910, Centro de ventas de petrolífero de la Compañía El Aguila

Dado que contratar con libertad y de acuerdo a las normas administrativas es algo que no opera en las políticas del país, abrir la puerta a las empresas internacionales es poner a su disposición el patrimonio de la nación en distintas áreas del proceso productivo. La regulación del Estado es un asunto en el que nadie confía, los mexicanos sabemos que los gobiernos de todo tipo son grupos de interés de la clase política, que asumen los gobiernos y la representación social para buscar oportunidades de negocios que favorezcan a su grupo y para las redes de influencia que se conectan con los distintos niveles de gobierno. Ni los capitales y poderes políticos internacionales que son hegemónicos en la región lograrían someterlos.

La prensa internacional revela en buena medida que la reforma energética que se avizora les conviene a los trusts petroleros, en el fondo piensan que como estamos “en su región” les pertenecemos. Sin resolver el conflicto de corrupción de nuestra petrolera y del sistema político, estamos renunciando a la gestión soberana de nuestros hidrocarburos. Limpiar Pemex de las intervenciones ilegales activas debe ser una condición sin la que el gobierno no tiene la calidad moral suficiente para actuar en un plano que lo excede; si no es capaz de controlar al sindicato, si no puede meter en cintura a los funcionarios corruptos, si no puede impedir que las mafias se apoderen de los recursos petroleros, los mexicanos no podemos esperar a que se controle a los poderosos empresarios. Esta parte del debate hasta ahora no se ha abordado en la discusión pública.

El PAN presenta una propuesta de reforma, el PRI otra, Peña Nieto la suya, y el PRD finalmente se anima. Deberíamos preguntarnos los ciudadanos de este país, con todo y lo que les sabemos o conocemos los partidos políticos, si les damos la atribución de disponer de los recursos nacionales. Hasta dónde íbamos, a los partidos políticos sólo se les concedía la atribución, una vez convertidos en gobierno, de administrar los bienes públicos en beneficio de la colectividad. Y el resultado es que abusan. Ahora con los acuerdos del pacto en materia de energía, se están tomando una atribución que les excede, transformar el régimen de propiedad del subsuelo. La decisión es de mucha más trascendencia, no se puede decidir en un concilio del sistema de partidos, de organismos políticos que no representan el interés de la nación, ni siquiera de la mayoría.

Si se quiere reformar la Constitución, entonces que las reformas se sometan a la consideración de la sociedad, es decir, de todos los mexicanos. Los partidos no están facultados, ni cuentan con su confianza para dejarles dicha decisión, los diputados no son confiables para los mexicanos, no los representan, la decisión está más allá de su solvencia política, social y moral.

Si la reforma que se pretende logra instaurar un nuevo marco constitucional que permita los manejos productivos y la apropiación de la renta petrolera, tendría un significado de gran importancia para el país en distintos niveles de su vida social. No sólo es una posibilidad de cambio en materia energética y petrolera. Su alcance tendría además del impacto económico, algunos pocos beneficios para los mexicanos, y enormes beneficios para las petroleras internacionales y la seguridad energética norteamericana, también repercutiría culturalmente, pues los mexicanos pasaremos a vivir en poco tiempo en una sociedad sin recursos naturales, puesto que los voraces empresarios los quieren agotar hoy, alteraría también el significado simbólico nacional de la cultura que, me parece, ningún estudio tiene calculado.

En este país se ha construido una comunidad que viene de un proceso con referentes sociales donde lo público es el concepto que enlaza el orden jurídico nacional, y el carácter de la empresa petrolera mexicana históricamente ha sido un núcleo que ha determinado el entramado de un razonamiento que tiene una centralidad definitiva. El movimiento de todas las cosas cambia a las sociedades, eso es algo que nadie lo detiene, pero no se puede aceptar alterar las cosas de primera importancia en nuestra sociedad sólo por satisfacer intereses tan estrechos.

De todo lo expuesto se desprende la enorme duda de si el aparato gubernamental mexicano sería capaz de asegurar la rectoría en energía y petróleo, cuando lo que se demuestra en otros sectores es que su función es muy conocida en complicidades, sobornos, simulaciones o arreglos fuera de la ley que pervierten su función y dejarían sin aplicar en los hechos la rectoría del Estado. Se sabe de sobra que los que se encargan de autorizar, vigilar o evaluar se pueden comprar según se requiera, por quienes se benefician de esos favores. Un escenario muy probable con empresarios de las petroleras cuyo capital es tan poderoso y agresivo, como ha demostrado ser, permite adivinar quién dominaría la situación. Si hoy día ya presionan de tal manera que el aparato público gubernamental está ocupado en lograr con todo ahínco la reforma con ese propósito.

La propuesta de Peña Nieto es, entre otras cosas, un intento por detonar la inversión privada en el país. Esa iniciativa es aún más agresiva que los anteriores intentos de reforma energética de los últimos cinco presidentes mexicanos. En cada intento anterior, como está sucediendo actualmente, se han relajado importantes áreas de la empresa. A su vez, se han aflojado ritmos productivos y el interés por el desarrollo tecnológico, lo que ha dañado a Pemex de manera grave. Parece que la decisión es no avanzar hasta que se dé entrada a las empresas externas.

Tan sólo apostar a una sola alternativa, a la del gobierno, es aceptar una visión muy maniquea, sometida y pesimista que asume una pasmosa incapacidad. En ninguna otra actividad en el país de carácter económico, cultural, social o ambiental, se había aceptado tan insolente incapacidad para realizar las actividades propias de cada esfera productiva.

Complejo petroquímico "Morelos", Coatzacoalcos, Ver.r

En la iniciativa que ahora se convierte en tarea de todo el aparato gubernamental, se afirma que la reforma atraerá capitales a las actividades petroleras futuras, el argumento mayor es que la empresa está descapitalizada, argumento que no parece tan sólido incluso en la opinión de los expertos. La idea está rebatida por las empresas calificadoras más reconocidas (Standard and poor’s, Fitch, HR Ratings. (Véanse documentos). Para la postura de The Economist, Pemex es la empresa más restrictiva del mundo, y tiene una burocracia interna sofocante. Ésa es una visión que se mide con parámetros distintos de los intereses de las mayorías de la población en México. Seguramente en su lógica tienen razón, pero aún si así fuera, no tenemos que cambiar la Constitución General de la Republica para resolver ese problema. Si el régimen público de la petrolera es así, es producto de la relación particular de operación que los consorcios internacionales desplegaron en el país. Ese marco legal restrictivo como lo miran ellos, se estableció para defender los recursos de la nación y ésa es una visión que tiene que ver con un proceso largo e histórico y los mexicanos hemos pensado que es necesario.

Se podrían modificar estas posturas como una reflexión soberana, en libertad pero menos ante una presión internacional de voraces intereses que pretenden desde el exterior mayor posibilidad de negocio. Tampoco se requiere ninguna reforma para resolver un problema administrativo que también observamos en la burocracia que hace más costoso el barril de petróleo en Pemex, todo eso debe solucionarse, en el fondo es más responsabilidad del gobierno federal que de los ciudadanos, no se necesita que ningún magnate venga a tomar medidas al respecto.

Sin embargo, sí se debe atender el cuestionamiento sobre el sistema oneroso y de grandes privilegios que tiene el sindicato petrolero. Si es correcto que en Noruega un trabajador produce 80 barriles de petróleo, y que en México se producen 20 por cada trabajador, se está derrochando el petróleo, pero ése es un asunto que si los encargados no atienden se debe exigir que rindan cuentas. Una administración incapaz y un sindicato corrupto no deben de ninguna manera ser pretexto para una intervención desde el exterior. Las contribuciones de Pemex al fisco hacen ver a la empresa como un asunto que motiva, que no mantiene una sociedad sana ya que resuelve con un carácter rentista lo que debería ser producto de una economía dinámica y responsable de todos los sectores sociales. Tampoco necesitamos para ello reforma constitucional, ni empresas externas.

Haciendo glosa de la propuesta presidencial el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis Videgaray, podemos ver que afirmó que la situación de la empresa obliga a buscar otras fuentes de financiamiento, de esa manera se frenará su endeudamiento, además señaló que ese camino ya lo ha recorrido el país y no dio buenos resultados, que los 20 mil millones de dólares que actualmente invierte Pemex no lograrán mantener las reservas, y justificó así que para lograrlo es necesario modificar la Constitución, cambiar a un nuevo régimen contractual con la iniciativa privada, así también que el Estado mexicano será quien administre los contratos de utilidad compartida a través de la Secretaría de Energía, específicamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En respuesta a lo que se fundamenta en la propuesta de la reforma energética, Cuauhtémoc Cárdenas señaló que en la política cardenista no se apoyó nunca a los contratos de utilidad compartida para la industria petrolera, el cardenismo fue de expropiación. Así como evolucionó la industria del petróleo y la administración de los recursos petroleros, también evolucionó el pensamiento cardenista.

La incitativa propone que la insuficiencia en la producción petrolera del país se debe a la falta de un marco jurídico adecuado. La producción insuficiente de gas, gasolina, diésel y petroquímicos, ha erosionado la seguridad energética. El riesgo es convertirse en importador en poco tiempo ante la falta de gasoductos que limita la producción. Sobre este particular, los mexicanos necesitan saber cuál es la posición de los técnicos de la empresa y los especialistas de las universidades, no sólo nacionales. Los límites de la capacidad de refinación son otros de los problemas que se plantean para conseguir la seguridad energética. Se requiere responder cómo hace más de un siglo se pudieron establecer refinerías en el país que aún siguen funcionando y hoy se dice que Pemex no puede hacerlo, hace pocas décadas en Brasil y Arabia Saudita se contrataba a técnicos mexicanos para su propio desarrollo tecnológico y sin embargo, hoy no se tienen esas capacidades. Resulta verdaderamente incomprensible que no tengamos voces, si están cobrando salarios suficientes y que tengan el valor de decir que con estos retos no pueden.

 

La exclusividad del Estado sobre la propiedad de los recursos en el subsuelo.

 

Éste es el tema en materia de la reforma petrolera: se plantea la incorporación de contratos que el célebre Ejecutivo federal, con organismos y empresas del Estado y/o terceros permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Es decir, autorizar permisos otorgados por el Ejecutivo federal, la participación de terceros en refinación, transportación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos.

Las argumentaciones de la iniciativa que presenta el presidente Peña Nieto podrían ser consideradas en una sociedad en la que la rendición de cuentas es una realidad que se exige y se respeta por los sectores de la clase política y por los empresarios propios y externos. Con toda certeza se afirma que los mexicanos no consideran que los senadores y diputados representen a los mexicanos; la representación que ostentan es una representación de sus propios partidos políticos y eso es algo que la mayor parte de las veces se reduce a sólo la representación de grupos de poder al interior de los propios institutos políticos. Asunto que reduce su función a acciones pragmáticas que no representan posiciones políticas, ese punto es de enorme importancia debido a que lo que está en juego es un patrimonio que se ha defendido de manera muy digna y sentido patriótico por los mexicanos que nos antecedieron.

Si las cámaras están entrampadas en la legalidad de la representación, no pueden tomar un papel de tanta trascendencia. No se ha tratado beneficiar a un sujeto social con una concesión que se puede rectificar en otro momento, no es un permiso temporal para una empresa de transporte o una concesión de un servicio que después de evaluar se puede confirmar o suplir. Es el patrimonio más importante que los mexicanos disponemos. Estamos ante una de las decisiones más importantes de la historia del país, ya fue la de la nacionalización en la que el presidente recibió el apoyo de todos los mexicanos. La decisión que se reclama hoy es la de los mexicanos para impedir la iniciativa del presidente que llama al honor nacionalista de Cárdenas para actuar exactamente en sentido contrario. Una jugada de engaño para inducir según y manipular a sectores sociales en su respaldo. En el fondo, lo que hace es echar mano de estas figuras y campañas mediáticas para vender una idea, como si fueran candidatos que se pueden imponer con burdos comerciales.

Una tarea que se impone es no permitir que se tomen decisiones de manera apresurada e improvisada, se debe reclamar que la elección recaiga en los mexicanos, puesto que a ellos les corresponde una decisión tan grave. De ello depende el carácter de la ruta que se tome. La decisión deberá ser responsable e informada con procedimientos de comprobada transparencia sobre la empresa y en todo caso se deberá exigir rendición de cuentas.

 

Leopoldo Alafita Méndez

IIH-S/Universidad Veracruzana