Solo el 20 por ciento de las plantas de tratamiento de la región operan, aunque parcialmente. El resto se encuentran en el semiabandono. (Foto: Cortesía UAM).

Solo el 20 por ciento de las plantas de tratamiento de la región operan, aunque parcialmente. El resto se encuentran en el semiabandono. (Foto: Cortesía UAM).


En el sureste del Valle de México, solo funciona el 20 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), asociaciones civiles y comisiones de cuenca.

 

Los especialistas realizaron un análisis del estado en que se encuentran las plantas de tratamiento de las subcuencas de los ríos Amecameca y La Compañía, y la de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y sus afluentes. Las dos cuencas están alineadas y lo que suceda en ellas repercute en todo el valle y sus pobladores.

 

Según especialistas, la desecación de éstas por una extracción intensiva provoca el hundimiento de la Ciudad de México en 10 centímetros por año, lo cual genera fracturas sistemáticas en el drenaje y tubos de agua potable. “Por eso, muchas veces hay fugas en sitios puntuales, lo que además genera que los drenajes contaminen el agua potable. Es un problema que tenemos desde hace tiempo, pero cada vez se acentúa más”, señaló María Guadalupe Figueroa Torres, profesora-investigadora del Departamento de El Hombre y su Ambiente de la UAM unidad Xochimilco.

 

Para contrarrestar la sobre explotación de las cuencas, los científicos han desarrollado un Plan Hídrico que enfatiza un manejo del agua de las cuencas que incluye la reutilización y tratamiento de las aguas residuales. No obstante, han encontrado que la mayoría de las plantas de estas subcuencas, cuyas aguas nacen en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, no operan y las que se encuentran en funcionamiento no están en las mejores condiciones.

 

Entre las cerca de 70 plantas de tratamiento en la región, se encuentran casos como los del poblado de Cuijingo, municipio Juchitepec, Estado de México, cuya planta de tratamiento fue construida en 2015 y tuvo un costo de casi 14 millones de pesos. No obstante, no funciona debido a una falla eléctrica y la falta del tubo del afluente, el cual tiene un costo de 1 millón de pesos, es por ello que el municipio mexiquense no ha querido recibir de manera oficial la obra.

 

Esto no solo afecta el valle de manera macroscópica, sino que impide el desarrollo agrícola en la región sureste, puesto que los productores requieren de opciones de riego, ya que las autoridades han privilegiado el otorgamiento de concesiones de extracción a complejos habitacionales e industriales, señalaron los investigadores de la UAM.

 

Los expertos alertaron además que las plantas existentes en la región no están en las mejores condiciones, algunas incluso casi en el abandono, como la de San Lorenzo, en la delegación Tláhuac.

 

Figueroa Torres expuso que la planta del Cerro de la Estrella, en la demarcación Iztapalapa, que abastece en buena medida los canales de Xochimilco y la región chinampera y ejidal, se encuentra en términos generales en buenas condiciones, aunque no opera en su totalidad. No obstante, ya cumplió su vida útil y podría dejar de funcionar en el mediano plazo, lo cual colapsaría la producción agrícola de Xochimilco y generaría un efecto cascada en la biodiversidad y población del Valle de México.

 

Óscar Monroy Hermosillo, investigador de la UAM y presidente de la Comisión de la Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía, señaló que el diagnóstico general que han plasmado en el informe es que existen nuevas plantas sin operar y viejas en malas condiciones. “Eso significa además que tenemos suelos agrícolas sin agua en los 11 municipios que atraviesan estas cuencas. Los más interesados son los agricultores, pero todos deberíamos de estar preocupados”.

 

Junto con la asociación “Controla tu gobierno”, los investigadores realizaron además una contraloría social de los recursos invertidos en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales de la Comisión Nacional del Agua, entre 2009 y 2016, que en todo el país corresponden a 12 mil millones de pesos, y los cuales deberían estar destinados a la rehabilitación de plantas, así como a la construcción de nuevas.

 

De acuerdo al análisis de los expertos, con base en informes de la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el ejercicio de estos recursos no corresponde con el estado actual de estas plantas, al menos en dichas subcuencas.

 

“Sospechamos que hay corrupción porque hay una desproporción entre el recurso asignado y lo que hay”, refirió Maylí Sepúlveda Toledo, coordinadora de la asociación civil. “Un estudio de Transparencia Internacional probó que en todos los países del mundo las obras de construcción e infraestructura hídrica representan los cotos de corrupción más grandes”.