Oswaldo Antonio González, integrante del movimiento magisterial, y Yolanda Jiménez Naranjo, titular de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado e integrante del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana (UV), coincidieron en que la Reforma Educativa propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Legislativo no está encaminada a mejorar la calidad de la educación, sino a la precarización y control del gremio magisterial del país.

Como especialistas en la materia, Antonio y Jiménez fueron los protagonistas del Segundo Foro “La Reforma Educativa”, con el eje temático “Evaluación Educativa”, organizado por el IIE.

Antonio González, quien participa de manera activa en el movimiento magisterial en Veracruz, explicó los parámetros que se plantean en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y dijo que es como si se estipulara que de manera obligatoria todos los maestros del nivel de enseñanza superior sean parte del Sistema Nacional de Investigadores, y de no cumplir con los requisitos serán despedidos, sin considerar la seguridad laboral que hasta ese momento se tiene.

Previo a esta Reforma, el gremio magisterial ya era evaluado a través de Carrera Magisterial, algo que “no sirvió para nada”. Pero en ese sistema el incentivo era positivo, pues había compensaciones económicas, dijo.

Con la Ley del INEE, “que tampoco tiene que ver con calidad educativa”, expuso, se reorienta el incentivo hacia lo negativo, pues un maestro que no apruebe la evaluación, a la tercera oportunidad pierde el empleo.

“El examen sigue teniendo el mismo problema de siempre. Es un examen perverso donde no se irán los peores, sino los que menos sepan jugar con esas reglas. Muy buenos maestros se van a ir”, acentuó.

Según la Ley del INEE se evalúa para contribuir a mejorar la calidad, formular políticas educativas, renovar la gestión escolar, fomentar la transparencia y rendición de cuentas, entre otros puntos, “algo en lo que todos estamos de acuerdo”; pero ninguno de éstos es concerniente a la permanencia de los maestros, señaló.

El Artículo 53 de la Ley es claro y no da lugar a interpretación, “el que no pase el examen se va”, lo que contradice otro supuesto técnico de la evaluación, pues según ésta es una herramienta para la mejora continua.

Por ello, según el profesor, la Reforma “es más bien un pretexto para despedir gente” y que el Estado “adelgace sus obligaciones”.

Antonio dijo que, ante un escenario crispado y de confrontación entre el gobierno y el gremio magisterial, vislumbra despidos masivos, radicalización de protesta social, conformación de frentes de lucha, rompimiento de tejidos sociales fundamentales, como la familia y la escuela.

En su intervención, Yolanda Jiménez Naranjo insistió en que para evaluar y mejorar la calidad no eran necesarios los cambios constitucionales. “Hacían falta muchas cosas, pero no una Reforma Educativa”.

Según la Reforma, parte de la solución a la calidad educativa es la “flexibilidad, la precarización laboral”, pues recayó únicamente en la figura del docente el que no se haya logrado.

“Para mí la Reforma es una manera de negar la necesidad de un diagnóstico serio sobre las razones por las cuales no hemos logrado la calidad educativa, a pesar de perseguirla durante 20 años (con la Reforma de 1993).

”Yo me pregunto, como investigadora, ¿cómo podemos saber que esos resultados educativos tan negativos que arrojan los políticos, y no pocos medios de comunicación, son producto del trabajo del docente y no de esas prácticas tradicionales pedagógicas que el mismo sistema educativo te obliga a instrumentar?”, planteó.

En su trabajo de campo la investigadora ha recabado propuestas del magisterio que no fueron contempladas en la Reforma Educativa: que si bien son relevantes los procesos formativos, deben responder a las preocupaciones o necesidades locales y que no se decidan por instancias ajenas a las realidades que viven; quieren procesos formativos que les aporten insumos teóricos, pero sobre todo prácticos; que los acompañen y asesoren en el aula y que incluyan metodologías más participativas.

Entre las alternativas que mencionó la universitaria, planteadas por el propio magisterio para impulsar una pedagogía constructivista, están los procesos de análisis de su propia práctica; que éstos sean continuos, formativos, colegiados, de pares, participativos, analíticos y que vayan encaminados a que sus prácticas en aula adquieran sentido para ellos mismos, las familias y las comunidades, “así ven ellos una evaluación”.

Para Naranjo, esta Reforma Educativa no está profundizando en cuestiones de calidad, lo que le importa “es el control del gobierno sobre las condiciones laborales de los maestros y la precarización laboral”.

En la sesión de preguntas y respuestas, el público reiteró la importancia de que la UV sea un espacio neutral para discutir alternativas.

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