El sistema de justicia de México es injusto e ineficiente, pues mientras la impunidad está vigente durante largos periodos, pareciera que la justicia se regatea y en algunos casos es extemporal, opinó el especialista en sociología jurídicaGuillermo Zepeda Lecuona.

“En México sólo se denuncia uno de cada 10 delitos, con lo cual basta para colapsar el sistema de justicia penal”, precisó académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en su visita a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), el 30 de enero.

Comentó que en los últimos 17 años se ha dedicado a desarrollar diagnósticos del sistema de justicia penal del país, en ámbitos como la procuración de justicia, impunidad, proceso penal y sistema penitenciario, cuyos trabajos le han permitido confirmar que el sistema de justicia penal es “poco eficaz, con incidencia en la violación de los Derechos Humanos y con altas tasas de injusticia e inequidad”.

El autor del libro Crimen y castigo presentó un diagnóstico del sistema de justicia penal penitenciario, a partir de la reforma constitucional de 2008, y su implementación (en una primera etapa) en los estados de Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Zacatecas y Estado de México, innovación que tiene 2016 como fecha límite para entrar en vigor de manera plena en todo el país.

Su conferencia se tituló “¿Están funcionando los juicios orales en México? Informe sobre la implementación de la Reforma Penal en cinco estados de la República”, y reunió a estudiantes de Derecho, juristas, barras de abogados y público en general interesado en el tema.

Explicó que 11 investigadores (y él como coordinador) analizaron los cinco estados que iniciaron el nuevo sistema de justicia penal, con el auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Esta investigación les permitió identificar las principales áreas de oportunidad y mejora en este nuevo sistema de justicia penal: capacidad de respuesta e investigación, y reducir la impunidad de los delitos de alto impacto; servicio civil de carrera y profesionalización del ministerio público; supervisar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos preparatorios; evitar reformas legales que afectan la esencia del nuevo sistema; intervenciones específicas en prácticas que minan la esencia de éste, así como la policía preventiva.

En el presidium lo acompañaron el director de la Facultad, Manlio Fabio Casarín León, y el miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales e integrante de la Junta de Gobierno, Alberto Olvera Rivera. Éste precisó que la presencia de Zepeda Lecuona forma parte del proyecto “Acceso a la justicia en Veracruz”, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

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