Protestas en Bolivia contra la privatización y aumento a las tarifas del agua, en el año 2000.


La tendencia hacia la privatización del recurso agua no es la respuesta para que las mayorías accedan a dicho bien, ni implica mejoría en sus condiciones de salud y en su calidad de vida, advirtió la doctora Beatriz Canabal Cristiani, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la presentación del libro El Agua en los Pueblos del Sur de la Ciudad de México –que coordinó junto con el doctor Nemer E. Narchi, ambos del Departamento de Relaciones Sociales, la investigadora afirmó que es deber de las autoridades estatales garantizar dicho acceso de una manera más equitativa, “sin que para ello influyan la necesidad de ganar clientelas políticas o de obtener beneficios económicos”.

Agregó que la problemática ambiental y del agua de la zona sur de la ciudad de México “es compleja y tiene que ver con diversidad de actores e intereses”, por lo que ha merecido investigaciones desde distintas disciplinas que han dado cuenta de un diagnóstico poco favorable.

Reconoció que si bien ha habido propuestas de instancias gubernamentales que han pretendido acercarse a las demandas básicas de la población, éstas han adolecido de una mayor continuidad, coordinación, eficiencia y equidad en la distribución de apoyos y financiamientos para los proyectos en beneficio de la población local.

El doctor Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Unidad Iztapalapa y  coordinador del Proyecto Sierra Nevada, señaló que “en las últimas tres semanas asistimos al descarrilamiento de la reforma neoliberal; en particular de la Ley Korenfeld, que era el último vagón del tren de la reforma energética”.

Explicó que las reformas energética, de telecomunicaciones, educativa, se aprobaron con mucha oposición pública pero con una mayoría en el Congreso de la Unión.

En el caso de la ley general de aguas se había dictaminado en comisiones unidas –la de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos– e iba a entrar al pleno el martes tres de marzo; sin embargo, como resultado de un proceso de más de tres años de organización y de elaboración de una ley de aguas ciudadana, que se hizo pública en tiempo y forma, y de acuerdo al transitorio de la reforma al artículo 4° Constitucional de 2012, que exigía que la ley se presentara en 360 días, los ciudadanos lo hicimos”.

Esto nos permitió presentar la ley ciudadana el tres de febrero ante 22 senadores y 20 diputados de diversos partidos y ellos presentaron esta ley en las cámaras, lo que ha generado un debate interno dentro de los propios partidos. El PRD, por ejemplo, tuvo que argumentar que no votaría en favor del dictamen a pesar de que el presidente de la comisión de Recursos hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa, lo firmó y después postempore firmó el voto particular que negaba el dictamen.

Lo anterior llevó a una situación e incertidumbre de cara a las elecciones de junio, pues en 26 estados de la República hubo movilizaciones, opiniones en redes sociales y en la prensa, cuestionando a los diputados si votarían esta ley.

“Nosotros logramos tres años de educación hídrica en el país y finalmente al presidente de la coordinación política de la Cámara de Diputados le dio temor de que se impusiera esta ley a través de su votación en el pleno el día tres de marzo, por las consecuencias políticas que tendría a corto plazo, o sea las elecciones de junio próximo”.

Por primera vez en 26 años de reformas neoliberales, dijo, “se descarriló esta ley que se veía ya como imposible de frenar y por tanto es digno de celebración, porque es indicio de que la marea está cambiando y de que las comunidades, los académicos y el pueblo podemos ganar terreno para transformar nuestro país en uno a la altura del siglo XXI y no uno colonial al estilo del siglo XIX”.

El investigador de la UAM afirmó que la ley Korenfeld tiene como principal objetivo hacer viable el acceso al agua para corporaciones extranjeras que están llegando a México, muchas veces expulsadas de otros países que castigan sus malas prácticas en el sector minero, minería tóxica, en el sector de fracturación hidráulica, agroexportadores, geotermia, entre otros megaproyectos.

Advirtió que para establecer proyectos de largo plazo, la ley permite a estas empresas cláusulas mediante las cuales el Estado se compromete a pagar, en caso de rescisión de contrato, las ganancias esperadas hasta por 30 años.

Lo anterior quiere decir que si se generan conflictos laborales o un gobierno local decide que las aguas municipales son públicas y se les rescinde el contrato, no se van sin haber cobrado ganancias esperadas. Esto significa que hay una “tendencia muy peligrosa” en el espíritu y la letra de esta ley.

(UAM)