La delincuencia y la violencia destacan entre los registros estadísticos como los principales problemas que enfrentan los mexicanos, que generaliza y naturaliza la crisis de las instituciones, señala el doctor en Sociología, José Luis Cisneros.

El profesor-investigador adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) indica que la violencia delictiva nos coloca en una posición de alta vulnerabilidad y de malestar por falta de mecanismos y estrategias de contención por parte de las autoridades; es una muestra de los debilitamientos del Estado, “generada por un conjunto de redes de organizaciones delictivas flexibles, escurridizas y mutables”.

En el artículo Cómo vivir en la violencia: reflexión crítica sobre la violencia actual, señala que la corrupción hace que secuestradores y narcotraficantes proliferen bajo el halo de la impunidad.

Mientras que los cuerpos policiacos son cuestionados por su falta de eficacia, organización, estructura interna y por sus niveles de corrupción y falta de confianza.

El doctor Cisneros asevera que en el marco delictivo el secuestro es uno de los problemas centrales de la sociedad contemporánea porque trastoca el derecho a la libertad, atentando no sólo contra la víctima y su familia, también contra la sociedad en su conjunto.

En la investigación publicada en la revista El cotidiano no. 187, titulada Tres décadas de seguimiento cotidiano, editada por la Unidad Azcapotzalco de la UAM, observa factores sociales, culturales y políticos que se convierten en agentes de influencia para el fenómeno del secuestro.

Junto a éstos revela un desvanecimiento de los valores morales y sociales que impactan en la pérdida del sentido de comunidad, producto del vacío de poder resultado de la flexibilización de las normas jurídicas y sociales.

Desde su perspectiva el secuestro tiene que ser comprendido como una forma de violencia presente que se explica y manifiesta en una acción cuyo exceso es cualitativamente distinto: es el ejercicio de poder y de una fuerza de coerción que un sujeto aplica a otro.

Es una violencia que se presenta en una relación de poder y dominación, la cual se muestra como un reflejo de un micropoder que florece bajo la sombra de una violencia social contemporánea que se nutre de la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades y se origina en la ausencia de una vida digna.

Este delito, en las sociedades contemporáneas, “obedece a una violencia estructural caracterizada por los efectos políticos, los ajustes económicos, la concentración de la pobreza, la desigualdad social, la pérdida de credibilidad en las instituciones y el vacío de poder y de autoridad”.

El periodo de 2007 a 2014 registró 9 mil 43 secuestros, de los cuales 83.8 por ciento fue perpetrado contra hombres y 16.1 por ciento contra mujeres.

El origen estructural de la criminalidad parte del empobrecimiento, la desigualdad social y la exclusión, que son producto de una crisis económica y un deterioro de los modelos tradicionales que conforman la estructura de una sociedad.

Más allá de las estadísticas, los programas para disminuir las cifras de delitos sólo forman parte del escenario político, “cuyos ritmos y tiempos no han permitido diseñar políticas de Estado en materia de prevención y lucha contra la delincuencia”.

Para el sociólogo el fracaso del combate al crimen organizado obedece a lo limitado de las reformas emprendidas por el Poder Legislativo, al no lograr integrar y coordinar a las policías a nivel federal.

Por la falta de credibilidad hacia las instituciones de seguridad y justicia; la ausencia de acciones de prevención; el uso de un modelo de seguridad militarizado y no civil arraigado en las comunidades, y la historia de las corporaciones policíacas que ha erosionado el tejido social a través de la impunidad y el cinismo.

Desde la década de los noventa se han registrado incrementos anuales de hasta 35.4 por ciento en promedio en los delitos. Según algunas fuentes periodísticas se afirma que 75 por ciento de los secuestros en el mundo se registra en América Latina, y México ocupa el segundo lugar, después de Colombia.

De manera directa esta industria en nuestro país se ha articulado con el negocio de los cárteles de las drogas y el lavado de dinero. Su participación ha alcanzado tal magnitud que, según algunas agencias de noticias como Reuters, en México se lavan en promedio 15,000 millones de dólares anuales, casi un cinco por ciento del PIB.

En un escenario contextualizado por el miedo, el secuestro junto con el fenómeno de la inseguridad, han proliferado las empresas de seguridad, muchas de ellas ilegales. En 2012 se detectaron 6 mil 545 compañías irregulares y en 2013 7 mil 341 en situación ilegal, en un panorama donde el gobierno no intenta someterlas a control.

(UAM)