La construcción de Santa Fe en los años ochenta provocó consecuencias socio-ambientales de escala regional importante que se han acentuado con los años, pues fue resultado de la puesta en marcha de políticas públicas ajenas a una realidad como la que vivía y vive la ciudad de México, asegura el investigador Rafael Castañeda, profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su artículo “El magaproyecto de Santa Fe a treinta años de distancia: la construcción de la supervía poniente a debate”, publicado en el número enero-junio 2014 de la revista electrónica Espacialidades (espacialidades.cua.uam.mx), sostiene que en un contexto en el que la ciudad seguía el patrón de las ciudades tercermundistas, con subempleo, comercio informal, infraestructura deteriorada y ascenso de pobreza, criminalidad y marginación urbana, el discurso de ciudad global era evidentemente elitista, pues sus beneficios serían para unos cuantos, afirma el investigador.

Santa Fe se erguiría bajo el modelo de suburbio estadounidense con la tendencia a crear espacios de exclusividad para algunos sectores sociales privilegiados, por lo que a pesar de ser inicialmente planteado como lugar de desarrollo para las grandes firmas empresariales, financieras y comerciales, pronto se implantaron desarrollos habitacionales para sectores económicamente poderosos y con una inclinación evidente a moverse en automóvil.

Sin embargo, fue tan mal planeada que no se previó sus condiciones de conectividad con la ciudad por lo que actualmente presenta grandes problemas de congestionamiento vial y de acceso a la zona.

A ese crecimiento cargado de irregularidades, polarizante y poco planeado, el autor observa el nulo interés por el desarrollo sustentable, pues en esa época el tema no aparecía ni en el discurso. Esto, añade, constata que la planeación de Santa Fe legitimó la imposición de controles y decisiones en beneficio exclusivo del enclave residencial y corporativo en detrimento de los residentes originales.

Rafael Castañeda considera que la construcción de la Supervía poniente, pensada para mejorar la conexión de Santa Fe con el sur de la ciudad, fue un acto de imposición del Gobierno de la Ciudad, económicamente costoso y ambientalmente irresponsable porque dañó un par de reservas ecológicas al poniente del valle de México, las cuales ofrecen servicios ambientales insustituibles para la región: La Loma y Barrancas de Tarango.

Así, afirma, tanto en la creación de la zona como en la construcción de la Supervía poniente, se siguió un esquema de imposición que no consideró los intereses de los afectados, con los que además se violaron los derechos a una vivienda digna y a la participación ciudadana en asuntos públicos.

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