Autoridades gubernamentales o policiales de once países de América y Europa firmaron hoy la llamada «Declaración de Bogotá», precisamente en Bogotá, Colombia, la cual es un pacto de lucha contra el hurto y tráfico de teléfonos celulares, delitos que se han convertido en un gran factor de inseguridad ciudadana.
Varias asociaciones del sector, fabricantes de aparatos celulares y operadores de telefonía celular también suscribieron la alianza, que fue formalizada durante un encuentro que reunió a unos 221 funcionarios y expertos internacionales.
El pacto lo firmaron durante el Gran Foro Mundial contra el Hurto de Celulares, convocado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic) y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) los representantes de los ministerios de telecomunicaciones de Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México.
Asimismo lo suscribieron las secciones de la Interpol en Chile y Colombia, y de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) en Uruguay y Paraguay, al igual que delegados de la Guardia Civil de España, la autoridad turca de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICTA, por su sigla en inglés).
El compromiso fue igualmente asumido por la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA, por su sigla en inglés), que manejará las bases de datos nacionales de robo de estos equipos para evitar que sean activados en otros países.
En el grupo de firmantes también están fabricantes de equipos y operadores de telefonía, como Ericsson, Huawei, Tigo, RIM, Claro, Telefónica y Virgin Mobile.
Según unas cifras de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) presentadas en el foro, el «negocio» del robo de teléfonos celulares, tambien llamados móviles en algunos países, mueve diariamente en el mundo 10 millones de dólares.
Otros datos conocidos en el encuentro indican que en Chile esta actividad ilegal mueve a diario unos 1,2 millones de dólares.
Mientras, en Argentina se roban al año 2 millones de aparatos, en tanto que en Venezuela el 70 por ciento de los hurtos están relacionados con dispositivos móviles.
El presidente de la CCIT, Alberto Samuel Yohai, indicó que «en Colombia se han escuchado cifras de hurto de alrededor de 100.000 unidades mensuales».
«Sin embargo, hay que aclarar que pueden ser más, porque muchas personas no denuncian», añadió Yohai, y consideró que «hay que crear conciencia en la ciudadanía para que todos los equipos que sean hurtados sean reportados debidamente a las autoridades y a los operadores de celulares correspondientes».
El titular del MinTic, Diego Molano Vega, aseguró que las medidas para el control del robo de móviles adoptadas en su país «han funcionado muy bien».
«Pero el problema es que los celulares se los roban en el país y se los llevan para otros países», agregó el ministro, que resaltó que los organismos policiales «siguen trabajando para detectar cómo funcionan estas mafias y dar golpes internacionales como los que ya se están dando en los países vecinos de Colombia».
El pacto obliga a apoyar esfuerzos contra el mercado ilegal de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles hurtados, fomentar la cooperación internacional, compartir soluciones tecnológicas para «maximizar la seguridad» de estos aparatos e intercambiar información sobre la eficacia de las iniciativas contra el hurto de estos equipos, que en casos se cobra la vida de quien lo porta, y su tráfico.