ACTA firmada por gobierno de México

El gobierno de Felipe Calderón firmó este miércoles el ACTA (Acuerdo Comercial contra la Falsificación) el cual supuestamente busca combatir con mayor eficacia la falsificación y piratería, tanto de productos, marcas, inventos, obras artísticas e intelectuales.

La firma se realizó en Japón, por parte del embajador mexicano ante ese país, Claude Heller, en una acción que contraviene el exhorto realizado por la Comisión Permanente del Congreso el 22 de junio de 2011, al presidente Felipe Calderón para que, “en el marco de sus atribuciones, instruya a las secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del ACTA, a no firmar dicho acuerdo”.

En ese llamado el Congreso apuntó que “resulta peligroso que en dicho acuerdo se considere delito la transmisión por Internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones”, con lo que “se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales es un medio de intercambio, recreación y de aprendizaje”.

El 6 de septiembre de 2011, el pleno del Senado reiteró su negativa a que el país se adhiera al acuerdo antipiratería; y aprobó las conclusiones del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso de Negociaciones del ACTA, que alertó sobre las amenazas que implica dicho tratado a los derechos humanos y las garantías individuales, así como al libre acceso a la información en Internet.

Aún así, el Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) –dependencia de la Secretaría de Economía que negocia el ACTA– el 16 de enero de 2012, a ese grupo legislativo sus medidas a implementar, acordes al ACTA, con la anotación de que estas le posibilitarían a los senadores “atender su compromiso de actualizar y mejorar la legislación mexicana para la debida protección de los derechos de propiedad intelectual”.

La firma del ACTA fue festinada por el IMPI en un comunicado, apuntando que la misma establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.

 “El ACTA pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas”, asienta el comunicado.

La justificación a la firma del documento se da asentando que el ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía hasta productos que atentan contra la salud y seguridad de los consumidores, tales como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes.

Pero también, y como una forma de enfrentar las criticas se afirma que el ACTA no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte.

Acta: A contracorriente de la

tendencia internacional

La firma del Acuerdo se da a contracorriente de la tendencia internacional, pues la firma del mismo fue rechazado por el Parlamento Europeo apenas la semana anterior.

Analistas económicos mencionan que esta acción del legislativo europeo hace que se pierda en mucho la conveniencia económica de la firma del Acuerdo, que era una de las principales motivaciones del gobierno mexicano.

El diario Economista, en su edición del 5 de julio, incluyó las observaciones de Antonio Martínez Velázquez, abogado y defensor de la autorregulación de Internet, y Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, dos de los actores que encabezan desde el 2010 los análisis en contra de ACTA en México por parte de la sociedad civil y la Cámara alta.

 “Los demás negociadores del acuerdo como Estados Unidos, Japón, Suiza, México, Marruecos, deberíamos reconocer que este rechazo unánime de la Unión Europea significa la no viabilidad del documento que habían suscrito ya Japón, Estados Unidos y Suiza en octubre pasado”, dijo Martínez Velázquez.

El senador Castellón Fonseca, del PRD, consideró: “Una tercera parte del mercado que estaría protegiéndose se sale del tratado (ACTA), y quedarían Estados Unidos y algunos países asiáticos”.

Con el inicio de la nueva Legislatura en México, en septiembre próximo, los entrevistados no descartaron que se retomen los cabildeos por parte de la industria discográfica, cinematográfica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

“ACTA no está totalmente muerto. En el Congreso mexicano hubo una oposición unánime a que se firmara pero las condiciones políticas pueden cambiar, y con ello levantar un muerto que ya estaba enterrado varios metros bajo tierra.”, comentó Castellón Fonseca.

Rodrigo Pérez-Alonso, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, coincidió en que la posibilidad de “revivir” ACTA es latente con la LXII Legislatura.

“En las declaraciones del PRI-PVEM es que ACTA no se va a ratificar en ninguna forma en esta legislatura (…) Deberíamos seguir respetando esta línea pero con un nuevo gobierno y legislatura no necesariamente sigue esta línea por lo que está el riesgo”, asegura.

El escenario ideal para el activista Antonio Martínez, el rechazo de México hacia ACTA se debe mantener “y entender que económicamente el acuerdo no es viable si no está suscrito por la Unión Europea”.

El acuerdo se firmó en Japón al ser ese país el depositario, y se origina al igual que la Ley SOPA, con la pretensión de combatir la piratería y proteger los derechos de autor a escala internacional y únicamente lo han firmado Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Singapur.

ACTA, en la forma en que se encuentra, permitiría que gobiernos y empresas puedan conocer lo que los internautas buscan y comparten en Internet, desde archivos de texto, música y video, hasta llevar el registro de las páginas visitadas.

ACTA contempla sanciones —como la prohibición temporal o permanente para usar Internet— a personas sospechosas de realizar actividades ilícitas.