La falta de legitimidad por parte del Estado y el crecimiento de la inseguridad pública generan miedo e incertidumbre entre los ciudadanos, debido a que no se sienten protegidos por las instituciones gubernamentales, mencionó el sociólogo egresado de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) José Tapia Pérez en su artículo “La inseguridad Pública: causas y consecuencias”, incluido en la revista El Cotidiano en su edición 180.
El también capacitador de la Dirección de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que el sistema de justicia penal es solamente un instrumento para forzar el orden artificial y que las políticas de seguridad basadas en la ley y el orden no calculan los efectos colaterales, por ejemplo, la vulneración de los derechos fundamentales.
La mayoría de las políticas públicas basa su eficacia en aplicar acciones que violentan los derechos humanos. En México las políticas orientadas a la seguridad no atinan a definir un rumbo y una estrategia integral.
Las acciones gubernamentales en materia de seguridad tienen como problema base la manera arbitraria en la que se construyen las leyes, “el derecho penal cambia de ser un regulador de conflictos a ser el regulador entre la sociedad y el aparato estatal, donde el derecho penal actúa en los hechos ya no con un discurso protector sino, por el contrario, con un discurso de seguridad y orden”, señaló Tapia Pérez.
Dentro de las políticas de control se empezó a buscar una forma de prevención del delito, entonces se implementaron acciones preventivas orientadas a buscar delincuentes potenciales; sin embargo, también en éstas existen violaciones, según el analista, en este país es más peligroso “parecer delincuente a serlo”.
Tapia Pérez hizo referencia a que la policía está plagada de una serie de prácticas confusas, que en la mayoría de los casos cae en la ilegalidad, violentando el derecho a la libertad personal porque no se respetan las garantías individuales. Un ejemplo es la policía que cumple un papel de mercader, cada infractor se convierte en un potencial cliente, cada individuo, dependiendo la gravedad del delito, debe pagar una “mordida” para subsanar sus faltas.
El sociólogo refirió que el motivo por el cual el gobierno decidió poner a la milicia en las calles fue su falta de legitimidad hacia sus conciudadanos, y buscó la simpatía del ejército para fortalecer su posición de poder y lograr credibilidad dentro de la sociedad.
Explicó que en una democracia no basta con que las instituciones tengan una buena imagen, sino que la población las utilice, las haga suyas y que esas instituciones respondan a los problemas y necesidades de la población.