El seguro del desempleo en México, una simulación: Graciela Bensusán

El seguro de desempleo que recientemente fue aprobado por la Cámara de Diputados, es en realidad una simulación que descapitalizará al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), afectará el derecho de crédito para vivienda de los trabajadores y terminará beneficiando únicamente a los bancos que controlan las administradoras de fondos para el retiro (Afores), señaló la doctora Graciela Bensusán Areous, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Lo que denominan seguro de desempleo es en realidad la ampliación de un mecanismo que ya es conocido para los recursos depositados en las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro como es el caso de las Afores, en donde existe la posibilidad de que el trabajador utilice estos ahorros en una situación de pérdida involuntaria del empleo,  una alternativa que ahora se extiende poniendo a disposición del trabajador sus recursos para el crédito de vivienda que existen en el Infonavit.

Cuando se abrió esta posibilidad en el sistema de ahorro para el retiro no se le llamó seguro de desempleo porque no lo es, como no lo es tampoco lo que aprobaron los diputados;  lo que se tiene es simplemente un destino triple para los recursos del Infonavit dado que el tres por ciento del cinco por ciento que aportan los empleadores se irá a una subcuenta mixta que puede utilizarse para un crédito hipotecario, la jubilación o la pérdida involuntaria del empleo cada cinco años.

No es un seguro de desempleo porque se asienta en recursos que son propiedad de los trabajadores, y por otra parte, nada tiene que ver con una protección social universal porque los empleados al servicio del Estado están excluidos, estableció la experta en derecho laboral del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco.

Detalló que este “seguro de desempleo” sólo cubre a los trabajadores formales y que cotizan, y habrá que recordar que sólo cuatro de cada 10 personas ocupadas en el país, consideradas dentro de la población económicamente activa (PEA), tienen seguridad social, lo que recorta aún más esta denominada “universalidad”.

Pero además, entre los requisitos sobresale que estos trabajadores deberán tener 104 cotizaciones en un periodo de 36 meses, una situación alejada completamente de la realidad del mercado laboral mexicano que se caracteriza por una movilidad y rotación laboral alta.

Es sabido  que  cinco de cada 10 empleados pierden el trabajo en un año lo que les lleva a perder cotizaciones con frecuencia, por esto muy pocos trabajadores cumplirían con esta condición.

Más aún, indicó la politóloga y abogada, especialista en sociología del trabajo y políticas públicas, habrán de pasar siete años antes que cualquier trabajador –con excepción de los eventuales, temporales o de obra determinada, cuyo requisito es menor– pueda hacer uso de este “seguro de desempleo”.

Lo anterior porque la cotización mensual del tres por ciento del salario del trabajador logra acumular un 36 por ciento al año, y si el seguro de desempleo cubre seis meses repartidos de la manera siguiente: el primer mes al 60 por ciento del salario, el segundo al 50 por ciento, y del tercero al sexto mes al 40 por ciento, se requiere de un total de 270 por ciento para cubrir lo determinado por el seguro, lo cual acumularía en poco más de 7 años a un ritmo de 36 por ciento anual.

De llegar a usarlo, el trabajador perdería su crédito de vivienda y si ya hubiese ejercido su crédito para vivienda lo único que podría obtener en caso de desempleo es la protección de un salario mínimo mensual que vendría de un fondo solidario.

Bensusán Areous compartió que los empleados deberán decidir si el dinero destinado para el seguro de desempleo o al crédito de vivienda, según su elección, estará manejado por una sociedad de vivienda que deberá constituir el Infonavit o por una Afore, siempre y cuando éstas últimas proporcionen un mayor rendimiento que el Infonavit.

Este diseño, subrayó, parece estar destinado a darle más dinero a las Afores en detrimento de un importante sector para el desarrollo del país como lo es la vivienda.

Consideró que para evitar el castigo político en las elecciones del 2015 el Partido Revolucionario Institucional buscó a toda costa cumplir aunque fuera de forma fallida con las promesas que al respecto hizo su candidato presidencial en campaña y posteriormente como Presidente en el Pacto por México.

Así como también, cumplir con lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solicita a sus países miembros, pues México era uno de los países de esta instancia que tenía como tarea pendiente el seguro de desempleo.

Sin embargo, las promesas no se cumplieron; en opinión de Bensusán Areous, se justificó la necesidad de aprobar la reforma hacendaria y energética –y se legitimó después la aprobación de las mismas– porque según el discurso estos recursos se dirigirían a la seguridad social universal, como es el caso de pensiones y seguro de desempleo, pero estos compromisos se diluyeron muy pronto.

“Hubiese sido más decente informar al país que no había condiciones para otorgar ese seguro y buscar mejores alternativas a través del debate social nacional”, señaló la docente, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Preocupan sobre todo, dijo, los modos y procedimientos del PRI para lograr la votación mayoritaria de este “seguro de desempleo”: no quisieron escuchar siquiera las objeciones de legisladores de su propia bancada; como estrategia se obligó a votar el seguro de desempleo junto con la ley de pensión universal para adultos mayores porque pensaron que resultaba difícil para los legisladores oponerse a ésta última –aunque dicho sea de paso es absolutamente limitada-; y se eligió el carro completo para pasar encima de los partidos.

Lo anterior muestra un nuevo retroceso, “reconocemos en los procedimientos del nuevo PRI al viejo PRI”, opinó la experta.