Pobreza y desempleo elevan índices de criminalidad en AL

Las condiciones de pobreza y desempleo en América Latina (AL) incrementan la criminalidad y la violencia, aseguró Roberto Briceño León, investigador del Laboratorio de Ciencias Sociales del Observatorio Venezolano de la Violencia, durante el Coloquio Internacional “Paradojas de la seguridad ciudadana en América Latina”, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV).

Durante su participación, sostuvo que en todas las sociedades se dan los homicidios, pero que en éstos existen diferencias que van de acuerdo a los territorios y países en donde suceden.

Expuso que hay países, pobres y ricos, en donde la tasa de criminalidad está por abajo de .05 por ciento por cada 100 mil habitantes, como son los casos de Inglaterra, Japón y Malasia, mientras que en otros lugares se registra un promedio de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa 100 veces más el número de crímenes entre un país y otro.

Precisó que en los lugares con bajo índice de criminalidad, la explicación o causa tiene que ser individual; en tanto que en los países con un alto índice en homicidios las condiciones pueden ser la pobreza, el desempleo y el capitalismo.

Mencionó que cuando se analiza la evolución de las tasas de homicidios por países, se nota una importante diferencia en AL, en donde algunos se encuentran por debajo de la media como Costa Rica, Chile,  Ecuador y Perú, mientras que en otros, de acuerdo a datos estandarizados de 1995 a 2007, tienen comportamientos distintos como Guatemala y México –que en el lapso mencionado se sostuvo a la baja, pero a partir de 2008 volvió a subir–; en cambio países como El Salvador, Brasil, Colombia y Venezuela se encuentran por arriba de la media.

Briceño León expuso que a partir de los años ochenta son seis las variables que han sido dominantes en la criminología de AL, siendo éstas la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la riqueza, el índice de desarrollo humano y la institucionalidad del Estado de derecho.

Como paradoja, señaló, los países que tuvieron mayores riquezas y mejores resultados sociales fueron aquellos en donde aumentaron los homicidios; las explicaciones deben ser sociales ya que no pueden sustituirse por explicaciones individualistas, y la primera de éstas ha ido por el camino equivocado, dado que no pueden ser materiales sino institucionales, es decir, normativas.

Seguridad ciudadana y militarización
En el coloquio también intervino Jaime Zuluaga Nieto, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, quien abordó el tema “Captura del Estado y políticas de seguridad (el caso colombiano)”. Mostró la paradoja de un país cuya política de seguridad ha sido en desmedro de la ciudadanía. A pesar de que ha definido que estas políticas están permeadas por una constitución fuertemente militarizada en las condiciones de convivencia y seguridad.

“Para el caso colombiano, la definición de las políticas de seguridad, el peso del conflicto armado y el narcotráfico es incuestionable. Ha mantenido mucha relevancia la permanencia de organizaciones criminales internacionales, tal como las organizaciones de narcotráfico, y además hay  interacciones perversas entre las organizaciones criminales transnacionales, los movimientos insurgentes y las fuerzas armadas estatales, las fuerzas militares y de policía.”

Tras señalar que las fronteras éticas, políticas, sociales y económicas entre la legalidad y la ilegalidad son fuertemente porosas y casi invisibles, Zuluaga Nieto dio a conocer que en 1982 el narcomilitarismo participó en elecciones y movimientos políticos, logrando obtener 0.2 por ciento de los votos y un congresista; para 2002 obtuvo 25 por ciento de los votos y 34 por ciento de las curules, mientras que para 2010 la fiscalía y la corte investigaban a 102 congresistas de los 360 que tiene en total Colombia.

En la actualidad son 160 los congresistas investigados por su vínculo con el narcotráfico y el paramilitarismo en ese país, es decir, cerca de 50 por ciento del total del congreso.

Para finalizar, subrayó que ha llegado al tal grado la penetración en el Estado, que parte de la institucionalidad funciona como empresa criminal, lo que ha sido reconocido por el fiscal general de la nación.

En la sesión vespertina participó Andrés Antillano, investigador de la Universidad Central de Venezuela, quien expuso el tema “Incluir y castigar. Tensiones y paradojas de las políticas hacia los pobres en la Venezuela pos-neoliberal”; Roberto González, de la Universidad Villa María, de Argentina, habló sobre “Reformas en seguridad ciudadana en la provincia de Córdoba”, y Dani Rudnicki, del Centro Universitario Ritter dos Reis, de Brasil, desarrolló el tema “Sociología de la administración de justicia penal: el campo de la seguridad pública”.