La calidad y la innovación no están garantizadas en el nivel educativo superior del país, pues los criterios para aplicarlas son más administrativos que sustantivos, incluso es necesario que ambos conceptos se sometan a prueba para confirmar que no están contribuyendo a mejorar los contextos reales de la sociedad.
Los anteriores son algunos de los planteamientos hechos en la mesa de trabajo “La educación superior en México: ¿calidad e innovación?”, como parte de las actividades del Coloquio Reflexión Jurídica y Realidad Social en México,
Esta actividad versó sobre tres preguntas ejes: ¿El concepto de calidad educativa responde a las exigencias formativas de la sociedad actual en México?; ¿cuáles son los resultados del vínculo entre educación e innovación con respecto de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior?; ¿de qué manera la educación superior debe incluir la calidad e innovación para hacer frente a los retos de formación?
Desde el punto de vista de JJaqueline del Carmen Jongitud Zamora, del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs) no se puede pensar en un sistema de calidad en la educación superior si no se atiende el contexto específico de aplicación y si no se implementan políticas públicas concernientes al tema, “porque una cosa es la norma y otra la realidad”.
Según ella hay problemas estructurales como la corrupción, la desigualdad, el no tener un auténtico sistema de educación superior y que no haya políticas públicas articuladas (al menos para este nivel educativo), que impiden hablar en favorables términos de la calidad y la innovación.
“Para mí la calidad de la educación superior, en este momento, no se garantiza en el país de manera universal”, remarcó la jurista.
La falta de esta garantía, continuó, se argumenta en cuatro: uno, la política pública es centralizada y no atiende las necesidades particulares de las instituciones de educación superior (IES); dos, hay indicadores administrativos de carácter objetivo que afectan considerablemente, por ejemplo, para el Programa de Mejoramiento del Profesorado el ideal es que los profesores tengan maestría y doctorado, pero eso “no es condición de calidad”.
Tres: las políticas de calidad que hay en el país son parciales, pues no se aplican a todas las IES; por citar una: la mayor parte de las universidades privadas no son evaluadas en cuanto a su calidad. Y cuatro: el seguimiento a la calidad es de tipo administrativo, “no hay un criterio sustantivo de la calidad de la educación superior”.
Luis Fernando Villafuerte, de la UV, incluso citó que el discurso de calidad e innovación es una paradoja, pues responde a procesos de homogeneización social. De ahí que sea necesario establecer una metodología más crítica o hacer una investigación empírica que permita ubicar el impacto real de los ámbitos de la educación superior.
“Creo que para entender el concepto ‘calidad e innovación educativa’ tendríamos que ponerlos a prueba en los contextos concretos y específicos de nuestras necesidades sociales, y así entender por qué no estamos resolviendo los problemas reales.”
En el debate también surgió el tema del detrimento de los programas educativos humanísticos, a cambios de los de ingenierías, tendencia marcada por organismos internacionales.
“Mientras en América Latina hay un incremento por el estudio de las ingenierías y un decremento por las humanidades, en otros países del llamado primer mundo existe desde hace cinco o 10 años una tendencia contraria”, alertó Rubén Darío Jiménez Rosado, de la UNAM.
“Cuando viene la presión por la innovación, el primer gran reclamo es intuitivo: el teórico no sirve para casi nada, por lo tanto cambiemos los programas hacia algo más práctico; sin embargo en el ámbito de inserción de la práctica humanista hay un imperativo categórico terrible: la pertinencia en la ayuda social”, añadió.
Los participantes coincidieron en la importancia de repensar la educación superior, así como los conceptos de calidad e innovación que en ella se aplican.
El coloquio fue organizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs), la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV), a propósito del 15 aniversario de la revista Letras Jurídicas.
La mesa de trabajo fue coordinada por el profesor-investigador César García Soberano, y participaron Rubén Darío Jiménez Rosado, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, del Cedegs; Marisol Luna Leal, del programa de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta; Luis Fernando Villafuerte y María Teresa Montalvo Romero, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (cuya participación fue en conjunto).