Incapacidad gubernamental para reinsertar a los indocumentados que deportan

Parte de la tragedia que vivimos actualmente, es que durante 32 años se ha estado aniquilando la estructura productiva, la estructura social, la capacidad de arraigo de la población; así que cuando los migrantes regresan se dan cuenta que en México no hay ninguna posibilidad de un empleo y de un ingreso decoroso; glosó Rodolfo García Zamora, en el marco de la novena sesión del Seminario permanente sobre Migración Internacional, “Los impactos y desafíos del retorno de los migrantes mexicanos de Estados Unidos”, que tuvo como sede las instalaciones de CIESAS-Golfo.

Esto provoca, añadió, que después de un mes el migrante retornado quiera volver a Estados Unidos pues su comunidad de origen no está en condiciones de ofrecerle lo que ellos tenían; por lo que optan por pedir prestado con los usureros tradicionales, busquen al coyote y, a pesar de toda la violencia y la inseguridad, paguen de 5 mil a 5 mil 500 dólares para emigrar nuevamente.

El investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas hizo hincapié en cómo los programas de empleo temporal en EEUUy Canadá (H2A y H2B) se han convertido en otra opción para los retornados; aunque, acotó, éstos no ayudan a solucionar el problema de origen.

En ese sentido, explicó que en lugares en donde la migración internacional es importante se generó un falso paradigma del desarrollo basado en las remesas, lo que ha ocasionado que algunos gobiernos hayan desatendido su compromiso de diseñar políticas de desarrollo y empleo, bajo el supuesto que estos sueldos transnacionales serán el recurso que llenará los huecos de las economías nacionales.

“Y ahora que viene la crisis en EEUU y se desploman las remesas en 3 mil millones de dólares en México, lo que tenemos son grandes regiones deprimidas, estancadas, con unas economías prácticamente destrozadas, incapaces de insertar a los migrantes retornados en el sector productivo”, dijo.

Esta situación, agregó el Dr. García Zamora, se articula con uno de los grandes problemas del país, la narcoeconomía, ‘la economía de la muerte’; toda vez que una parte de los retornados pasan a formar parte del ejército delincuencia.

“Los zetas y los chapos tienen toda una estrategia para reclutar a los migrantes retornados bajo el supuesto que, al haber sido deportados, son gente con las habilidades profesionales que caracterizan sus actividades; y eso, efectivamente, se convierte en un proceso que incrementa la desintegración de las comunidades, porque ya no solamente hay desempleo por esa marginación, sino que hay una apropiación territorial por parte de estos nuevos actores”, detalló.

Sin embargo, aclaró el investigador, no todo es negro en el panorama, ya que frente a la ausencia de políticas institucionales, la sociedad civil está tomando la iniciativa, generado propuestas para la reinserción de los trabajadores deportados y sus familias.

“Por ejemplo en Michoacán se está trabajando en la formación de cuidadoras para la salud, dedicadas a aminorar el impacto psicológico y los problemas de adaptación, disfuncionalidad comunitaria, familiar y laboral que sufren los migrantes que regresan; también está la experiencia de Oaxaca, en donde el Instituto oaxaqueño de atención a los migrantes junto con el frente indígena oaxaqueño binacional están generando iniciativas para generar proyectos productivos para las esposas y para los familiares de los migrantes de retorno; o en Chiapas, en donde los mismo los indígenas retornados se están auto organizando para desarrollas opciones de reinserción; y una más en Zacatecas, en donde las madres de los migrantes han constituido un colectivo que capacita a los jóvenes para que puedan emplearse en sus propias comunidades y evitar que sigan emigrando. Ahora lo que falta es que, desde los tres niveles de gobierno, se muestre sensibilidad para articular este tipo de iniciativas”, puntualizó.

Finalmente, dio a conocer que hacia finales de 2015, en base a los resultados de la evaluación sobre los impactos, problemas y desafíos del retorno al país de los trabajadores migrantes que se lleva a cabo en seis estados del país (Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas y Zacatecas), se presentará una propuesta ante la Cámara de Diputados de modo que el Fondo de apoyo al migrante pueda convertirse en un programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias.