En defensa de la autonomía universitaria

Manuel Martínez Morales

Creo que, dadas las circunstancia por las que atraviesa la Universidad Veracruzana, resulta por demás pertinente recordar que en Mayo de 2011, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual) dio a conocer la Declaración de Guadalajara sobre Autonomía Universitaria, resultado del Foro “La Autonomía Universitaria Hoy: Experiencia y Desafíos en América Latina”. Declaración que surge, entre otros considerandos, de asegurar que “durante los últimos tiempos, a lo largo y ancho del territorio latinoamericano y del Caribe, han ocurrido hechos que lesionan de diversas maneras la autonomía y el clima de libertades que nuestras Universidades requieren para realizar sus fines.”

Fines centrados sobre todo en la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra e investigación, y en la independencia de las universidades -con respecto al estado- para que sea facultad exclusiva de los universitarios decidir sobre su legislación, sus órganos de gobierno y las formas en que éstos se instituyen, la manera en que ha de ejercer su presupuesto, así como todo lo referente a la estructura y dinámica académicas internas.

Precisamente, por ser las universidades públicas en América Latina centros de reflexión y crítica, cuya actividad se refleja en su entorno social, las clases dominantes –mediante sus mayordomos en los gobiernos- se empeñan en controlar o al menos neutralizar el impacto social que deriva del quehacer universitario en el marco de la autonomía. Así, el rector de la UNAM, José Narro, en aquella reunión declaró que hay estructuras gubernamentales que amenazan la autonomía universitaria. En este país, el nuestro, y en muchos de América Latina, la autonomía de las universidades está siendo afectada y en el mejor de los casos amenazada. Hay muchas maneras de intervención de las estructuras gubernamentales, como la entrada de fuerzas policiacas o militares a instalaciones universitarias, y las hay más sutiles que tienen que ver con la parte del financiamiento.

El poder político, por su propia naturaleza, siempre acecha por el control de las instituciones educativas superiores. La autonomía consiste en defender la creación y socialización del conocimiento de cualquier presión económica o ideológica que trate de suplantar el propósito esencial.

Esta embestida de la clase dominante contra la educación pública en general, y contra las universidades en particular, forma parte de las políticas neoliberales establecidas en nuestro país desde hace treinta años. Como resultado de ello, resulta que los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior son impuestos por agencias extranjeras, como el Banco Mundial y la OCDE, de acuerdo a los intereses del capital transnacional, contando para ello con la complacencia de las “autoridades” educativas nacionales.

Las consecuencias de este control y sujeción de estas instituciones son tan graves que -según el investigador Marcelino Cereijido- la autoridad universitaria ya sólo puede decidir sobre el largo del pasto en los jardines, o sobre el programa del ballet folklórico, pues todo lo demás –lo esencial- ya se ha decidido en otra parte.

En la Declaración de Guadalajara, firmada en 2011 por 26 instituciones educativas latinoamericanas –entre las que se cuenta la Universidad Veracruzana- se concluye que “El concepto de autonomía comprende el sentido de independencia en todas las funciones universitarias: en el gobierno, en la organización, en la docencia, en la investigación y en la extensión, así como en la independencia del movimiento estudiantil.” Así mismo, se declara: “El Estado debe asegurar y cumplir su obligación de otorgar el financiamiento necesario y expedito de las universidades.”

Considero necesario que los universitarios hagamos nuestra esta declaración y nos esforcemos por dar vigencia real a la autonomía, particularmente ahora que se regatea el subsidio público a nuestra universidad, considerando que –según sostiene Pablo González Casanova- la educación es un asunto de seguridad nacional, porque constituye un ámbito de la vida nacional que tiene una importancia central en la vida social y porque constituye un blanco muy específico de la ofensiva neoliberal, cuya característica principal es la tendencia a transformarlo todo en mercancía. Y transformar la educación en mercancía significaría despojarla de aquellos elementos no rentables, aún cuando éstos sean los necesarios al desarrollo intelectual, ético y artístico de los individuos; significaría la reducción de los estudiantes a objetos ignorantes de la historia, de la política y de las ciencias vinculadas al humanismo; significaría reducir al pueblo mexicano a condiciones de miseria y de esclavitud nunca antes vistas en la historia.

Hoy día la lógica de acumulación de capital y la correlación de fuerzas entre las clases sociales ha favorecido la consolidación de lo que González Casanova llama el empresariato: la alianza entre el poder económico encarnado en el complejo de macroempresas transnacionales y el complejo militar-industrial, cuya cabeza es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el grupo de los siete (G7). Se trata –afirma G. Casanova- de todo un sistema de dominación y apropiación en que el capital corporativo reestructura a los estados y al sistema mundial de las naciones, con las técnicas y prácticas de las empresas con sus gerencias, matrices y sucursales. (Pablo González Casanova: La universidad necesaria en el siglo XXI. ERA, 2001)

En lo referente al financiamiento público de las instituciones las leyes son muy claras; el artículo tercero, en su fracción V establece que “además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”

No hace mucho tiempo, fue aprobada una reforma a la Ley General de Educación con la disposición explicita de que “el monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.” (Ley General de Educación, Artículo 25).     Y éste a la letra dice:

Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado – Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.  Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.  El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. (El subrayado es mío)

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. (Artículo reformado DOF 30-12-2002)

Además, en el Artículo 27 de la mencionada Ley, se afirma:

• Artículo 27.En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Así que no hay asidero legal alguno para regatear el subsidio público a la Universidad Veracruzana, por el contrario las leyes obligan al estado a la entrega puntual de los recursos destinados a la universidad. Esto es lo que hay de fondo, por lo que los universitarios debemos aprestarnos -basados en la reflexión crítica y por medios pacíficos- a asegurar la plena vigencia de la autonomía universitaria.