La nueva Constitución de la Ciudad de México no debe erigirse en programa político de organización alguna y, a diferencia de la gestada en 1917, requiere ser sencilla, sintética y establecer reglas de gobierno claras, además de reconocer derechos fundamentales de los ciudadanos, indicó el doctor Ricardo Espinoza Toledo.
El investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) explicó que la actual Reforma Política, si bien amplía los derechos políticos de los ciudadanos, hasta ahora la promesa de mayor democracia y participación no se ve contenida en ella.
La modificación constitucional que permite cambiar al Distrito Federal en otro estado llega tarde para el desarrollo político de la entidad y en la conformación de la Asamblea Constituyente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no tendría mayoría ni con alianzas, sostuvo el profesor de esta casa de estudios al participar en la Mesa: La Reforma Política al Distrito Federal en 2016: Alcances y limitaciones.
El doctor Víctor Alarcón Olguín, académico del mismo Departamento de Sociología, indicó por su parte que lo más importante en el proceso de crear una nueva Carta Magna para la Ciudad de México es la participación.
El especialista en temas electorales y en ciencia política subrayó que los integrantes de la Asamblea Constituyente deben tener muy clara su tarea de interpretar la transferencia de un estatuto de gobierno a otro.
Alarcón Olguín expuso que los procesos fundacionales de las constituciones debieran estar acompañados de una comisión de estudio y priorizar los debates, incluso desde las redes sociales, más allá de presionar la legitimidad del proceso.
“Esto debe ser visto como un elemento de revitalización legislativa, de no perder la perspectiva de inclusión y tomar en cuenta la Ley de Participación Ciudadana para que así la nueva Constitución ponga en el centro a los ciudadanos y ya no a los partidos políticos”.
El diputado Raúl Flores García, presidente del PRD del Distrito Federal, externó que la reforma no surgió de un acto violento ni de la necesidad de juzgar a una de las partes, sino como producto de un acuerdo político.
El legislador perredista consideró que la redacción de la nueva Constitución de la Ciudad de México debería incluir la revocación de mandato y, a la par, plantear la creación de un tribunal constitucional para impedir abusos del poder público.
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