Diputado Domingo Bahena Corbalá

Diputado Domingo Bahena Corbalá


Autoridades penitenciarias de Veracruz deben extremar precauciones y evitar el hacinamiento en las cárceles porque el sobrecupo genera muchos problemas e incumple con el respeto a los derechos humanos, expresó el diputado Domingo Bahena Corbalá, quien instó al Estado y a la Federación a concluir los penales en proceso de construcción.

El secretario de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales dijo que hará un exhorto en la tribuna legislativa, sobre este tema, pues recordó que años atrás fueron anunciadas obras de ampliación en 7cárceles y citó como ejemplo el penal de Papantla, ubicado en la comunidad Gildardo Muñoz, a 11 kilómetros de la cabecera municipal y con capacidad para 2 mil internos, el cual lleva más de 10 años en proceso.

Dijo que también fueron etiquetaron recursos para construir un nuevo reclusorio en el municipio de Medellín para albergar 1 mil 244 internos, entre ellos a internos del penal “Ignacio Allende” del Puerto de Veracruz, cerrado en 2010.

La situación ahí es muy delicada –precisó el diputado- ya que al cierre de ese penal algunos internos fueron reacomodados en otros ceresos y ahí fue abierto el módulo preventivo de 72 horas conocido, como el “Penalito”, donde se concentra a personas detenidas por ese lapso y cuya capacidad es para 50 personas; sin embargo hoy prácticamente funciona como cárcel.

De hecho –contó- familiares de los internos advierten que hay hasta 150 personas ahí recluidas y ya surgieron problemas de hacinamiento y corrupción.

“Yo hago un exhorto para que autoridades rindan un informe y aclaren qué pasó con esas obras; que echen andar las que anunciaron y pongan en operación las ya existentes”.

Hay experiencias malas que derivan de la sobrepoblación en las cárceles –puntualizó- como el caso del Penal Topo Chico, en Monterrey, el pasado mes de febrero murieron 52 internos al enfrentarse en una pelea.

Por ello –advirtió- en Veracruz las autoridades responsables deben meterse de fondo al tema, hacer requisas y operativos sorpresa; garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos y prevenir que no haya riesgos de amotinamientos u otras situaciones que pongan en peligro la estabilidad de los centros penitenciarios, concluyó el diputado.

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