La ONU requiere minimo 12 Md al año para tratar a 50,000 víctimas de tortura

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) requiere un mínimo de 12 millones de dólares en contribuciones voluntarias anuales para su Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, el cual apoya a cientos de organizaciones que prestan asistencia letrada, social, psicológica y médica a unas 50.000 víctimas por año, señaló Ban Ki-moon, secretario general de la organización, durante la conmemorción del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 2016.

Ante este panorama instó «encarecidamente» a los gobiernos del mundo a que apoyen a las víctimas respaldando este fondo de las Naciones Unidas y a que sigan participando plenamente en la lucha contra la tortura y la impunidad. «La asistencia a las víctimas de la tortura y la erradicación de este crimen beneficiará a sociedades enteras y ayudará a lograr un futuro digno y seguro para todos», puntualizó.

Igualmente acusó que a pesar de su prohibición absoluta en virtud del derecho internacional, «esta práctica deshumanizante sigue siendo generalizada y, de manera aún más preocupante, está incluso ganando aceptación. En todo el mundo y en cada región -puntualizó- , los hombres, mujeres y niños siguen siendo víctimas de la tortura a manos de agentes no estatales y a consecuencia directa de las políticas de Estado.

La ley es muy clara al respecto: no se puede recurrir a la tortura en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, incluso durante un conflicto o cuando esté en peligro la seguridad nacional, dijo.

Así, en este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, «expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los cientos de miles de víctimas de la tortura y sus familiares en todo el mundo».

La Convención contra la Tortura, ha sido ratificada hasta este 2016 por 159 Estados Partes de las Naciones Unidas, y estipula que los Estados deben velar por que las víctimas de la tortura bajo su jurisdicción obtengan reparación, incluidos los medios para una rehabilitación tan completa como sea posible.

Sin embargo, cuando los Estados descuidan su obligación de prevenir la tortura y no proporcionan, de manera rápida y efectiva, indemnización, rehabilitación y formas de reparación a las víctimas de la tortura, el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura constituye un último recurso esencial, mencionó.

Este Fondo fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 35 años, y ayuda para la atención de unas 50.000 víctimas por año y es administrado por la Oficina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Ginebra.

La ONU apunta que con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano, y ante esto las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes.

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea, por recomendación del Consejo Económico y Social (decisión 1997/251 Documento PDF), proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (resolución 52/149 Documento PDF), con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 39/46 Documento PDF), que entró en vigor el 26 de junio de 1987.