Discriminación social pone en riesgo a lenguas indígenas

Xalapa, Ver. El presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura del Estado, diputado Ignacio Enrique Valencia Morales, afirmó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas veracruzanos no quieren aprender su lengua original por miedo a la exclusión y discriminación social y falta de acceso a la justicia.

Ante esta situación, el legislador  exhortó a los padres de familia para que desde el hogar sea reforzada el habla huasteca, tepehua, popoluca, mixe, náhuatl de la huasteca, de la sierra de Zongolica y del sur del estado; así como el zoque, zapoteco, mazateco, mixteco, chinanteco, otomí o totonaco, con sus variantes, que como el español son nacionales y tienen el mismo valor en la vida pública y privada.

“Es dentro del seno familiar donde se ha dejado de inculcar a los hijos el seguir con la lengua materna en cada una de las regiones”, además de que las nuevas generaciones, dijo el legislador, no quieren hablar la lengua de sus padres porque se han dado cuenta que son objeto de exclusión por no hablar español.

Valencia Morales aseguró que la lengua materna  es fundamental para el ser humano porque le da identidad a un pueblo y por ello, los gobiernos estatal  y municipal e instituciones dedicadas a estos temas, deben continuar con acciones que incentiven el rescate de la cultura y lengua originales, y no dejarlas perder.

Es preciso, consideró el diputado Ignacio Enrique Valencia, llevar a efecto diferentes metodologías de enseñanza de las lenguas indígenas como segunda lengua, donde exista responsabilidad institucional, a fin de fortalecerlas.

Lamentó que la sociedad en numerosas situaciones discrimina a los indígenas hablantes y los etiqueta muchas veces por hablar una lengua o dialecto, y más cuando son señalados por algún asunto relacionado con el sistema de justicia.

Las lenguas indígenas deben estar presentes y visibles en la vida nacional, pero en el caso de la entidad veracruzana  es necesario que haya una corresponsabilidad  compartida de los hablantes indígenas, de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno e instituciones  de investigación y académicas, concluyó.