Palestra/ Rectoría UV 2017: el compromiso de Junta de Gobierno

Por Eduardo Vázquez Reyes

El proceso rectoral 2017 que formalmente inicia a partir del 30 de junio y mediante el cual la Junta de Gobierno designará el 30 de agosto a quien será por los siguientes cuatro años el próximo rector de la Universidad Veracruzana (UV) focaliza como uno de sus aspectos fundamentales para la decisión final (por lo menos en discurso y desde el marco normativo de la institución) el panorama de la situación actual de la máxima casa de estudios. Asimismo, centra su atención en las propuestas de solución ante las problemáticas evidentes por las que atraviesa la Universidad y la visión que en el contexto nacional ésta tendría y debería de ocupar como gestora y productora de conocimientos con pertinencia social.

Ante esta posición, al menos seis de los nueve miembros de la Junta de Gobierno (cifra mínima para elegir al siguiente rector) deben-en realidad- ponderar y analizar las propuestas que justifiquen de manera racional y con argumentos sólidos un conjunto de estrategias administrativas que lleven a buen puerto el futuro de la UV en todos sus sectores que la integran. Claro está, si la independencia de esta instancia en efecto goza de libertad de decisión sin factores externos a ella, de acuerdo con el Artículo 27 del Reglamento de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, según el cual: “La Junta de Gobierno no tomará en cuenta presiones de ninguna especie que pretendan determinar sus decisiones. Ponderará las opiniones de la comunidad universitaria desde el punto de vista cualitativo, tanto en función de las personas que las expresen como de los argumentos que aduzcan y decidirá con independencia de juicio”.

Para la designación del próximo rector o rectora, a decir de la misma normatividad, se tomarán en cuenta dos aspectos fundamentales: el bien de la universidad y las características de cada candidato. Ambos requisitos resultan de amplia relevancia en este proceso. En relación con el primero de ellos, se enfatiza “las necesidades actuales y previsibles de la universidad” y, a la vez, se habla del lugar de la UV dentro del contexto de educación superior. De esta forma, la visión de trabajo para que, a partir de un diagnóstico basado en el presente de la institución, esta universidad resalte y se posicione en un estatuto significativo a nivel nacional será un punto que no puede pasar inadvertido en las candidaturas. Lo cierto de esto es que la UV tiene personas preparadas que posibilitarían el cumplimiento de esta idea.

La segunda condición que se estipula para la asignación considera más elementos, pero que parecen ser ineludibles en la realización de un buen rectorado. Este segundo punto se divide en tres: la institución, el medio externo y, sobre todo, la capacidad para ejercer el puesto de rector. Siguiendo esta triada, entre los elementos del primero se encuentran: la comprensión de la situación académica-administrativa de la Universidad, la comprensión de la situación política interna de la institución y la concepción del futuro de la Universidad.

Al respecto del medio externo, la normatividad habla de una “independencia, real y manifiesta, ante los intereses económicos y políticos, de modo que pueda representar efectivamente la autonomía de la Institución”. También señala “el reconocimiento en el medio de la educación superior estatal y nacional”.

Por último, la capacidad para ejercer como rector menciona: “Su capacidad para ejercer el puesto de Rector: capacidad académica: sólida formación científica y/o humanística, amplios logros académicos y profesionales reconocidos y capacidad de crítica; capacidad administrativa: liderazgo; creatividad e iniciativa; experiencia en responsabilidades de administración universitaria, en su caso; y capacidad humana: honestidad; respeto a las personas y buenas relaciones humanas; prudencia y personalidad adecuada para representar a la Universidad”.

Siguiendo esta lógica, independientemente de quiénes sean los aspirantes destapados hasta hoy o los que podrían presentarse en breve, Junta de Gobierno está en la entera y completa obligación de garantizarle a la comunidad universitaria (estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores en general) un representante de la UV que esté en total capacidad para diseñar estrategias y emprender acciones contundentes ante las diversas adversidades que la Universidad tiene en la actualidad y, con toda seguridad, que se le seguirán presentando. A propósito de esto, valdría la pena preguntarse cuál será la terna que el nuevo rector propondrá tanto para la figura que tomará el cargo de secretario académico como para la titularidad de Administración y Finanzas, porque, cabe señalar, en ellos recaerá la responsabilidad de una administración efectiva para la comunidad en general.

A mi parecer, el tema del presente rectorado no puede pasar inadvertido para los distintos sectores de la UV, es un asunto que merece desde ya una amplia discusión. El próximo rectorado no sólo no debe descuidar la estructura general a su cargo, sino que además tendrá como responsabilidad mirar hacia adentro de la institución, a su pluralidad de visiones y de demandas estudiantiles y académicas: será su deber, sin duda, enfrentarse a las anomalías que yacen en la misma. Por último, así como se ha afirmado líneas arriba que Junta de Gobierno debe tener a bien el análisis de propuestas, también la comunidad universitaria debe tomar posición al respecto y formar parte en el diálogo que en próximos días, sin duda, vendrá.

De Revista Cronopios y Divergencias

[email protected]