Amenazan inmobiliarias y constructoras a las comunidades rurales e indígenas

Los suelos y el agua se han convertido en recursos clave para empresas privadas que trabajan en la expansión de las zonas metropolitanas hacia las rurales, lo cual ocasionó un despojo de fuentes de agua para abastecer las nuevas zonas industriales y habitacionales, alerta el doctor Carlos Rodríguez Wallenius, profesor-investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico adscrito al área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado del Departamento de Producción Económica apunta que existe un modelo de crecimiento urbano que siguen las principales ciudades en el país dirigido a beneficiar el proceso de acumulación capitalista representado por las inmobiliarias y constructoras.

La expropiación del vital líquido, refiere, se convirtió en un problema que responde únicamente a intereses corporativos apoyados por instancias gubernamentales, al igual que sucedió con la mercantilización del agua para embotellarla. Lo anterior también se explica por la amplia disponibilidad de tierras ejidales y comunales, pues dinamizaron un mercado de tierras para la urbanización.

En su libro Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural desarrolla con amplitud los conceptos de territorio y territorialidad utilizados para estudiar casos de defensa y resistencia comunitaria ante los asaltos externos que desean imponer su nuevo orden.

Rodríguez Wallenius indica que se ha concebido el territorio como aquel espacio vital donde converge la idea de pueblo con su historia común; en tanto que la territorialidad resulta de la acción social sobre la naturaleza, algo que implica aspectos políticos por lo cual conlleva a procesos de conflicto.

La obra editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades aborda la lucha por la construcción de la territorialidad que la población campesina e indígena ha emprendido en Latinoamérica tras los intentos de diversas corporaciones globales y empresas nacionales por apropiarse de sus bienes naturales.

Con la finalidad de profundizar en aquellas disputas generadas entre actos de tipo extractivo o depredador contra formas de vidas forjadas con base en fuertes vínculos socioambientales, culturales e históricos, Rodríguez Wallenius dedica un capítulo a explicar un primer fenómeno que da cuenta de esos modos de imponer una territorialidad.

Como ejemplo, retoma los casos particulares de las zonas metropolitanas de Guadalajara, Toluca, Puebla, Querétaro, Cuernavaca y Pachuca. Subraya que su crecimiento representa amenazas para la continuidad del modo de vida de los pequeños productores agropecuarios al desbaratar la propiedad social y la pequeña propiedad.

El investigador detalla que el proceso de territorialidad en esas regiones “limita la multifuncionalidad campesina al subsumirla al empleo urbano, pone en debilidad a los espacios de decisión comunitarios, erosiona la producción agropecuaria y, en el extremo, expulsa a los campesinos de sus terrenos”.

Además, advierte que el impacto de los despojos de terrenos para la construcción de desarrollos inmobiliarios y para la extracción del agua reduce el manto freático de los pozos en Magdalena Axocopan, pone en peligro manantiales ubicados en Texcoco, amenaza zonas de recarga como la de Tetelpa en Tlapala, así como el abastecimiento para las poblaciones de Lerma, Cutzamala y Santa María Acuexcomac.

El doctor Carlos Rodríguez Wallenius concluye en ese apartado que las instituciones gubernamentales “están en la sintonía de asegurar a las empresas sus grandes ganancias económicas y de acumulación, con base en el modelo de crecimiento urbano”.