Científicos piden debate ante intento de privatizar el agua, en México

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS), pidió un debate en las cámaras de Diputados y Senadores para discutir la Ley General de Aguas que se pretende aprobar vía “fast-track”.

La iniciativa de formulada por la CONAGUA, asienta la UCSS, es contraria al artículo 4° constitucional y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, y por lo mismo pone en riesgo a la sociedad y a la naturaleza; además de que la propuesta legislativa hasta ahora ha llevado un proceso de discusión y aprobación “opaco”, con acuerdos escasamente democráticos, de espalda a la sociedad.

Apuntaron que igualmente, de forma paralela, se presentó una iniciativa ciudadana que propone alternativas viables frente a todos los aspectos negativos de la propuesta oficial, y que al debatir ambas tendencias se puede obtener una Ley que rija la gestión del agua en el país en beneficio de la sociedad, con una visión de uso y manejo del agua para el futuro inmediato y de largo plazo.

Presentada por los legisladores Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la iniciativa es completamente contraria a los intereses sociales, pues promueve la privatización del agua, provocará el desplazamiento de personas y la muerte de ríos, amplía los márgenes para poder contaminar el agua, y restringe y sanciona la investigación científica y el monitoreo de la calidad del agua.

Los puntos de discusión de la UCSS son:

1. Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social como establecen el párrafo 12 de la Observación General No. 15 del Comité DESC.

La concepción del agua en la iniciativa como un bien económico se sobrepone al concepto del agua como parte de la naturaleza en el ciclo hidrológico o como un bien cultural y social (ver Art. 82, Fracc. I). Lo anterior, habrá de potenciar la desigualdad social en el acceso al agua por el aumento de tarifas y compromete la disponibilidad de ésta para el funcionamiento e integridad de los ecosistemas, así como para uso humano en esta y las generaciones futuras.

2. Promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos

La práctica de trasvasar el agua moviendo grandes volúmenes de una cuenca hacia otra, no sólo es insustentable y afecta en el mediano y largo plazo al medio ambiente sino que provoca desplazamientos forzosos que destruyen pueblos y comunidades y marginalizan a las personas quienes quedan obligadas a trasladarse a los cinturones de miseria de las grandes ciudades. No se promueve en ningún apartado el tratamiento y reúso del agua, alternativa lógica a los problemas de escasez y disponibilidad de agua.

3. Amplia los márgenes para poder contaminar el agua

En el apartado de definiciones de la iniciativa de ley, en lugar de señalar que la contaminación supone agregar cualquier substancia física, química, biológica u otra que genere un efecto negativo en el ser humano o la naturaleza, la iniciativa remite a un listado limitado de contaminantes que constantemente estará desactualizado y no se permite el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos.

4. Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo

La iniciativa restringe de forma preocupante la posibilidad de que los académicos y la sociedad civil puedan emprender estudios sobre el agua en general. Ello atenta contra la libertad de investigación, la producción de conocimiento así como el derecho a la información. Para reforzar lo anterior la ley considera como falta grave el emprender estudios sin el permiso de la CONAGUA y establece sanciones desproporcionadas. El Artículo 267 (Fracción XXVI) faculta a la CONAGUA a sancionar hasta con 50 000 días de salario mínimo a todo aquel que realice estudios, monitoreo y remediación de las aguas como bienes nacionales sin contar con un permiso expedido por ellos. Esto implica que ningún universitario o persona podrá generar conocimiento alternativo al oficial sin su consentimiento.

La UCSS a la vez esta reuniendo firmas con este fin, a trvés de su pagina web y hasta las 19:00 horas del 9 de marzo llevaba alrededor de 9,000 firmas