Discriminación en México

En México, las mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, minorías étnicas y religiosas, personas con discapacidad, migrantes y trabajadoras del hogar son los más vulnerables a ser discriminados.

A pesar de que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de igualdad y derecho a la no discriminación, aún persisten actos que laceran a estos sectores de la población, ya sea desde ámbitos públicos o privados, así como en la vida cotidiana de los mexicanos.

Con el propósito de erradicarlos, se estableció el 19 de octubre como el Día Nacional contra la Discriminación, describiendo esta como la distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

La conmemoración se estableció hace seis años —en el marco de la celebración del bicentenario de la abolición de la esclavitud ordenada por don Miguel Hidalgo y Costilla el 19 de octubre de 1810—, a fin de impulsar la eliminación de actitudes y acciones que afectan el ejercicio de los derechos y las libertades debido a prejuicios, estereotipos y estigmas en todos los ámbitos de la sociedad.

En nuestro país, la población indígena (15.7 millones de personas se consideraron indígenas, según el Censo de Población y Vivienda 2010) es la que sufre más violaciones a sus derechos humanos y constitucionales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, el principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación, siendo la lengua uno de sus principales problemas.

La Enadis —realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— muestra que casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico consideran que “no tienen las mismas oportunidades” que los demás para conseguir trabajo; tres de cada diez consideran que no las tienen para recibir apoyos del gobierno y uno de cada cuatro dijo no tenerlas para acceder a servicios de salud o educación.

Discriminación a indígenas

Este problema que parece endémico de México es estudiado desde diversas disciplinas. El doctor Guillermo de la Peña Topete, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha abordado el tema desde el análisis de las políticas sociales y culturales hacia los indígenas, el sector de la población que sufre discriminación a causa de su fenotipo, vestimenta, idioma y costumbres.

Y es que, contrario al discurso y acciones en torno a una mayor inclusión, el académico de la unidad Occidente de este centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señala que a la fecha 80 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza y 30 por ciento en pobreza extrema.

Ello a pesar de que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación estipula las bases para establecer una política nacional orientada a erradicar todas las formas de discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato.

De la Peña Topete, uno de los más prestigiosos antropólogos mexicanos, ha identificado diversos aspectos que contribuirán a saldar la deuda histórica que tanto gobierno como sociedad civil tienen con este sector de la población.

Destaca como preponderante combatir su problema de visibilidad, porque ante los actos de discriminación por su vestimenta, fenotipo o idioma, prefieren ocultar su identidad étnica para no ser considerados ignorantes o atrasados.

Otro aspecto relevante es sensibilizar a la población respecto a que los indígenas no solo viven en zonas rurales, debido a que principios del siglo XXI al menos un tercio de la población indígena mexicana vive en las grandes urbes.

Asimismo, señala la importancia de promover en las instituciones de gobierno y en los programas sociales una política de reconocimiento de los sujetos indígenas y medidas de atención para ellos, eliminando las barreras culturales y de lenguaje para que tengan acceso a sus servicios.

En la parte de justicia, el investigador destaca que es preciso hacer más eficientes los tribunales e instituciones públicas donde se exponen los casos de violaciones de derechos indígenas, debido a la ausencia de procedimientos judiciales claros para llevar a los infractores a juicio.

El miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) identifica que es indispensable erradicar la idea errónea de que la pobreza en que viven los pueblos indígenas es a causa de factores endógenos a su cultura, así como hacer valer los preceptos constitucionales de su derecho a decidir sobre el uso y destino de sus recursos naturales.

Además subraya que debe definirse claramente y hacer valer lo que significa la representación política indígena frente a los diferentes niveles del gobierno mexicano.

Ana Luisa Guerrero

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt)