El país experimenta el mayor ciclo de violencia : Alfredo Zavaleta

José Alfredo Zavaleta Betancourt, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), declaró que el país experimenta el mayor ciclo de violencia en el país, que sólo es comparable a lo que la sociedad mexicana experimentó durante el proceso revolucionario.

Lo anterior, durante su participación en la Mesa VII “Participación social y seguridad”, del Coloquio Internacional Paradojas de la Seguridad Ciudadana en América Latina, con la ponencia “Las paradojas de la participación ciudadana en la seguridad pública en México”, el martes 8 de abril en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).

“Recientemente Alan Knight (experto en la Revolución Mexicana) trataba de bajar nuestra angustia mediante una comparación que nos indica que lo que estamos experimentado en este momento en el país no se compara bajo ninguna circunstancia con la violencia durante el proceso revolucionario, el problema es que nosotros no tenemos la experiencia de lo que aconteció y no lo habíamos experimentado generacionalmente”, destacó.

Entonces, señaló, se transita por un ciclo de violencia y delito muy complejo, y en contraparte se tienen reformas institucionales inacabadas e incluso resistidas por algunos actores locales, ejemplo de esto es la reforma policial que no ha logrado concretar un mando único, la implementación del sistema de justicia penal en los estados es incipiente, y la reforma penitenciaria no ha logrado vencer en los reclusorios estatales y federales la sobrepoblación y la figura de autogobierno utilizada por la delincuencia organizada.

Respecto a la participación ciudadana, Zavaleta Betancourt dijo que hay tres modalidades: con aportación de recursos del gobierno federal (organizaciones no gubernamentales, consultorías, universidades públicas y privadas, observatorios ciudadanos, entre otros), participación que es contra-gubernamental (movimientos sociales, organizaciones ciudadanas, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad), y aquella que es autogestionada y comunitaria, que son los métodos indeseables para el gobierno (la policía comunitaria, las autodefensas michoacanas y las juntas de gobierno zapatistas).

Pese a lo anterior, subrayó que el principal reto de la participación ciudadana es vencer la desconfianza entre los actores sociales y los distintos tipos de gobierno.

“La mayor parte de los mecanismos de participación ciudadana impulsados por los gobiernos pasan por los consejos de las coordinaciones o los programas nacionales de seguridad pública y de prevención del delito, pero la dinámica es tan incipiente y selectiva que no tiene un impacto en la modificación de las relaciones de desconfianza entre los ciudadanos y autoridades gubernamentales.”

Por ello, el especialista planteó que es necesario un nuevo diseño institucional, abrir los consejos, liberar los observatorios ciudadanos que presentan un mecanismo de actualización de los diagnósticos, vencer el repliegue de los ciudadanos, retornar a la proximidad como un programa policial para reconstruir la confianza, entre otras acciones.

“Hasta el momento no contamos con un registro de bienes ni tampoco hemos imaginado mecanismos de redistribución de esos bienes a los propios programas de prevención, sería fantástico que en este país las casas, el dinero, las tierras, los terrenos, los lotes decomisados y asegurados en la lucha contra la delincuencia fueran utilizados para el impulso de proyectos de prevención en sus distintas modalidades”, expuso.

Finalmente, dijo que se debe voltear a ver las buenas prácticas de la región latinoamericana, así como mirar al conjunto de experiencias que han sido certificadas como buenas prácticas en nuestro país.

En tanto, Ernesto Treviño Ronzón, académico de esta casa de estudios, en su participación titulada “Violencia multidimensional, crisis de seguridad y el declive de la acción pública” presentada en la misma mesa de trabajo, apuntó que la participación ciudadana en los entornos sociales se ha visto disminuida a medida que en los últimos años se acentúan las olas y picos de violencia delictiva, “para los ciudadanos es desgarrador porque deja ver la debilidad y corrupción institucional”.

Mencionó que para varios actores públicos y académicos, el deterioro en el entorno local tiende a explicarse por la ola de delincuencia creciente, a lo que se agrega el deterioro institucional en los contextos municipales, lo cual es problemático porque el desempeño de las instancias institucionales tiende a ser pobre y en muchos casos son cómplices del deterioro del entorno social.

“Hemos encontrado que la población ya tiene una alta resistencia y tolerancia a fuertes situaciones problemáticas extremas, por ejemplo al consumo del alcohol en espacios públicos o drogas, e incluso los altos niveles de violencia, que debería generar controversia, preocupación o manifestación pública pero no se ha manifestado”, concluyó.