Elaborarían en Ixhuatlán de Madero el Primer Plan de Desarrollo Ejidal en México

Xalapa, Ver. En el municipio de Ixhuatlán de Madero este miércoles 20 de julio, autoridades de ayuntamientos de la región, sociedad civil y expertos en cooperación internacional, se reunirán para elaborar el Primer Plan de Desarrollo Ejidal en México, informó el diputado Ignacio Enrique Valencia Morales, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas del a LXIII Legislatura de Veracruz.

Este evento a celebrarse en la comunidad El Cuayo -explicó el diputado- es resultado de los acuerdos del Primer Foro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), donde los participantes trabajarán en el diseño de proyectos productivos de desarrollo artesanal, ecoturismo, atención a la salud, medio ambiente y educación, los cuales garanticen el respeto a la cultura y usos y costumbres de los pueblos indígenas, explicó el diputado.

La Agenda 2030 de la ONU coincide con el trabajo que realiza la LXIII Legislatura del Estado para combatir la intolerancia, discriminación, marginación para los pueblos indígenas por lo que el primer Plan de Desarrollo Ejidal tiene como objetivo constituir una comunidad sostenible en esta zona de Veracruz para que sea replicada en otros municipios que tienen características comunes.

El representante del distrito de Zongolica refirió que parte esencial de las tareas parlamentarias, en los próximos meses, será impulsar aún más el desarrollo de las zonas indígenas ante los tres niveles de gobierno que tienen a su cargo la atención de zonas indígenas a fin de que concretar acciones en materia de infraestructura, así como en los ámbitos agropecuario, educativo y cultural

La diputada del distrito de Papantla, Mariela Tovar Lorenzo -quien también participa en los trabajos de Agenda 2030- advirtió que constituye un gran logro para Veracruz que la ONU coadyuve al desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y permita fortalecer las economías locales.

Además –agregó- impulse políticas públicas orientadas al desarrollo social y al amparo de los derechos de los pueblos indígenas, a fin de mejorar sus condiciones de vida.