Manuel Martínez Morales
Ante la actual situación nacional y mundial caracterizada por: una crisis ambiental y social sin precedentes, una inequidad socioeconómica que no cesa de profundizarse, una creciente brecha tecnológica, un creciente ejercicio del poder mediante la violencia, una incapacidad para resolver los conflictos sociales de manera racional y pacífica, un aumento del uso del conocimiento científico y tecnológico para fines bélicos, así como para satisfacer los intereses económicos de las grandes corporaciones multinacionales, y una tendencia creciente para privatizar las entidades públicas de investigación y educación superior; es necesario que los científicos asumamos una posición clara respecto a la relación entre nuestro trabajo y esta problemática.
De otra manera seremos simples marionetas cuyos hilos son controlados por los poderes fácticos. Por eso resulta vital sumar esfuerzos con el objeto de propiciar una reflexión profunda, promover la discusión plural, y emitir opiniones fundadas, con el auxilio de nuestras disciplinas y en un espacio interdisciplinario de debate sobre la relación de la ciencia con la sociedad, y en particular sobre el papel de los centros de poder en la generación y aplicación del conocimiento.
En este sentido, hace algunos años se constituyó en nuestro país La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), que se propone promover la discusión sobre la responsabilidad de los científicos y académicos en el desarrollo del conocimiento y en sus aplicaciones, así como sobre su obligación de contribuir a que los avances de la ciencia y la tecnología sean en beneficio y no en perjuicio de la humanidad y del ambiente.
Los investigadores universitarios no debemos dejar pasar las cosas como si Einstein nos hablara y, en el ámbito de nuestra labor, manifestarnos de alguna manera al respecto, ya sea individualmente o como integrantes de alguna asociación como la UCCS. Intentar unir la verdad científica con la verdad moral y que ello enmarque nuestro trabajo académico en la investigación y la docencia.
Puesto que los avances científicos y técnicos, particularmente aquellos que vieron la luz durante los últimos cien años, han abierto muy alentadoras perspectivas para elevar la calidad de la vida de la humanidad de manera notable. Sin embargo, hasta ahora sus beneficios se han distribuido de forma muy desigual en el mundo.
A la vez, el conocimiento científico y tecnológico ha sido utilizado sin el debido control social de sus impactos, los cuales han contribuido a crear problemas ambientales y de salud no previstos, con alcances muchas veces catastróficos, y cuya solución suele ser difícil y costosa. En forma creciente, la ciencia y la tecnología han sido puestas al servicio de la acumulación privada de capital y del ejercicio ilegítimo del poder, incluyendo el desarrollo de instrumentos bélicos con una inmensa capacidad destructiva.
Frecuentemente resulta imperativo aplicar el principio de precaución: cuando haya sospechas razonables de que una determinada tecnología pueda producir daños severos a la sociedad o al ambiente, y existan razones para pensar que tal daño puede llegar a ser irreversible, debe impedirse el uso de esa tecnología, aún cuando la evidencia disponible en el momento sobre estos daños potenciales no cumpla los estándares exigidos usualmente en las investigaciones científicas para considerar una hipótesis como verificada. Empero, en vez de respetar este principio ético, con frecuencia los intereses políticos o económicos conducen a la explotación prematura de tecnologías cuya seguridad e inocuidad no están garantizadas.
Ante estos y otros problemas, no podemos –como científicos- permanecer indiferentes y manifestar nuestra convicción de que el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable y con un claro compromiso con la sociedad y el ambiente, privilegiando los principios de sustentabilidad, equidad, democracia, y justicia.
La ciencia es un conjunto de prácticas que generan conocimiento valioso para comprender y para intervenir en la realidad natural y social, y de ella han derivado y se pueden generar aplicaciones con amplios beneficios para la sociedad y el ambiente. Por tanto, debe garantizarse el derecho al conocimiento científico a todos los mexicanos como parte del acceso a la cultura y de la formación integral y crítica.
La realidad es compleja así como los fenómenos que subyacen en la crisis socio-ambiental del mundo actual. Por ello es necesario fortalecer las instituciones e iniciativas enfocadas en el estudio de sistemas complejos desde una perspectiva holística, abriendo la ciencia a los métodos inter y transdisciplinarios, así como al diálogo de las ciencias con otros saberes no científicos.
En virtud de que actualmente los sistemas científico-tecnológicos, junto con sus potenciales beneficios, también son generadores de riesgos sociales y ambientales, es imprescindible desarrollar análisis integrales y críticos de sus posibles aplicaciones. Al respecto debe enfatizarse el imperativo ético de aplicar el principio de precaución en las situaciones y contextos pertinentes.
Por tanto, debemos pugnar no solamente por aumentos en el financiamiento de la actividad científica sino por la definición de políticas científicas socialmente responsables.
Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve.