Los retrasos en la validación de la reforma político-electoral y la premura con la que se aprobarán las leyes secundarias asociadas a ésta darán como resultado la promulgación de un paquete legal “con muchas omisiones”, afirmó el doctor Víctor Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C.

La reforma político-electoral fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión, pero su ratificación por parte de los congresos estatales para su promulgación ha enfrentado un proceso lento, que no fue experimentado por la reforma energética o la reforma hacendaria.

Esto arroja periodos muy cortos –que tienen como fecha límite el 30 de abril– para el diseño y aprobación en las cámaras de la legislación secundaria: Ley General de Elecciones, Ley de Partidos, Ley General de Procedimientos Electorales, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Reglamentaria de la Propaganda Gubernamental, entre otras.

Además de que las primeras actuaciones y trámites para las elecciones federales y los comicios locales de mediados de 2015 están programados para efectuarse entre febrero y abril del presente año.

Ante la premura –manifestó el académico– seguramente la legislación electoral resultante de la reforma quedará con vacíos en cuanto a competencias del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), a los procedimientos electorales y su validación, la persecución de delitos en la materia y en los mecanismos sancionadores o de impugnación. Factores, cuya laxitud o dudosa transparencia, bregaron el camino hacia la reforma.

El doctor Alarcón Olguín expresó también su preocupación porque ante la urgencia de la puesta en marcha de las nuevas disposiciones, los comicios del 2015 se podrían encontrar con un INE cuyos consejeros hayan tenido poco tiempo de preparación o formación.

Aunado a esto, el investigador considera que el proceso de centralización de facultades que se dará con el paso del Instituto Federal Electoral al INE, que no desapareció los institutos electorales estatales pero sí atrajo ciertas prerrogativas de los congresos estatales y los gobernadores, dará como resultado un organismo híbrido que va a generar mayores complejidades de implementación y aplicación de la legalidad electoral.

El entrevistado consideró que los motivos del retraso en la ratificación de la reforma en los congresos estatales pudieron deberse a que los gobernadores no lograban visualizar los alcances de las nuevas disposiciones y si éstas restringían sus facultades, por ello actuaron con cautela o dilación ante su aprobación.

Otro factor a considerar en la reforma, en opinión del especialista, es que todavía no están diseñados los mecanismos para garantizar el interés público en la reelección de legisladores –hasta por cuatro periodos los diputados y dos periodos los senadores–: “si hay un mal legislador, que además está protegido por la nomenclatura de su partido, se le puede premiar con la reelección por hacer negocios y no por generar beneficios a la ciudadanía”.

Si no se cuenta con controles intermedios, como la revocación del mandato, “difícilmente puede considerarse que la reelección va a ser un instrumento de mejora del trabajo legislativo”, agregó.

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