La globalización neoliberal es la principal promotora de los desplazamientos forzados por la violencia, ya que al debilitar al Estado-nación lo incapacitó para crear políticas de desarrollo económico regional y sociales redistributivas y esto generó grupos desprotegidos arrojados al desempleo y a la pobreza, afirma el doctor Francis Mestries Benquet, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En la revista El Cotidiano, número 183, en su artículo “Los desplazamientos internos forzados: refugiados invisibles en su propia patria”, el investigador expone que las causas por las que se da este fenómeno se debe a factores políticos, religiosos, agrarios, delictivos y “extra-activistas” (megaproyectos de infraestructura, de minería y grandes presas, entre otros).
Mestries Benquet explica que según censo del INEGI en el 2010 los estados más afectados son: Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas. En Veracruz el problema también existe, pero no hay cifras porque las autoridades locales se han negado a aceptar el problema.
De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno, del Consejo Noruego de Refugiados, los desplazados forzados en México suman 230000 personas, y sólo en el 2010 fueron 120000, mayores incluso que en Afganistán.
Según el investigador, estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Chiapas y Chihuahua, autoridades locales están coludidos con mafias para reprimir los movimientos sociales e indígenas que luchan por las tierras y por los recursos naturales, así como a los activistas defensores de los derechos humanos que le reclaman al Estado su pasividad o su complicidad con organizaciones delictivas.
En México existe un problema de gobernabilidad por eso los grupos delictivos se organizan para imponer su ley, provocando una gran disputa por territorios, por producción, control y distribución, en busca de crear un monopolio en uno de los negocios más rentables, en el país: las drogas, puntualiza Mestries Benquet.
Los indígenas son los principales afectados –dice el investigador en el texto–, quienes sufren por las políticas de construcción de presas y otras obras de infraestructura; por los conflictos agrarios intercomunitarios o de los empresarios ganaderos y madereros; por la represión oficial a las recuperaciones de tierra y a los levantamientos indígenas; y finalmente por el resultado de la guerra entre el narco y el ejército.
El impacto del desplazamiento forzado interno puede medirse por los problemas alimentarios, de salud, de alojamiento, educativos y por las pérdidas económicas en el país que se han elevado en esta última época. Además de que existen situaciones, que si bien no son cuantificables, sí son evidentes, como los traumas psicológicos que generan pasividad, encierro, angustia crónica, desconfianza hacia los demás, falta de seguridad, dispersión familiar y pérdida de control sobre su vida.
Algunas de las propuestas que presenta el investigador para resolver este problema son: darle visibilidad al problema en la opinión pública, disponer de un censo confiable elaborado por los tres niveles de gobierno y por asociaciones activistas defensoras de los derechos humanos; fundamentar sus derechos y darles sustento constitucional; y por último presionar al Estado para que reconozca su correlación y se haga responsable de los daños materiales y sociales que éstos provocan a la sociedad.