Aunque en México siempre ha prevalecido la concordancia en la relación nacionalidad y ciudadanía, existen grupos que por sus condiciones de pobreza y marginación no pueden ejercer satisfactoriamente sus derechos ciudadanos, escribe Gabriel Pérez Pérez, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el texto Nacionalidad y ciudadanía en México. Entre la formalidad institucional y la marginación social.                                                     

Tal es el caso de los pueblos indígenas, población que representa aproximadamente 10 por ciento en el país, apunta el investigador de la Unidad Cuajimalpa  en el artículo publicado en el número 169 de El Cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual, editada por la Unidad Azcapotzalco de esta casa de estudios. 

La ciudadanía indígena está excluida de los ámbitos escolares –con una tasa de analfabetismo de 24.6 por ciento en comparación con 6.4 por ciento del resto de la población–, laborales –cuya tasa de participación es 68 por ciento contra 74 por ciento del resto de la población– y con remuneración menor, la incidencia de pobreza extrema es 4.5 veces mayor en las municipalidades indígenas. 

Es necesario que el fortalecimiento de las instituciones políticas y de representación ciudadana esté ligado a la consolidación democrática, pues este proceso formará estructuras internas y relaciones externas vinculadas a la autonomía, cohesión, perdurabilidad y complejidad de las instancias representativas, que podría llevar a la consolidación democrática entre los distintos actores políticos y sociales.   

El académico del Departamento de Ciencias Sociales sostiene que hasta ahora han sido limitadas las mejoras en el proceso de transición y consolidación democrática, ya que las medidas constitucionales y el funcionamiento de las instituciones políticas nacionales están atrapadas en viejas prácticas del antiguo régimen y su trabajo es ineficiente para resolver los problemas y demandas que plantea la sociedad. 

Los procesos políticos han entorpecido el camino hacia la responsabilidad pública, transparencia en el ámbito de las instituciones y capacidad de los gobiernos para responder y encauzar los reclamos sociales, trance que impacta la estabilidad y eficiencia de la democracia mexicana debido a la tensión latente entre los actores, asevera el también coordinador de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales en Cuajimalpa. 

El cuestionamiento hacia la democracia que hacen los ciudadanos al carecer de eficacia y eficiencia en la resolución de demandas, y la admisión de los actores políticos de que la institucionalidad actual no ha  permitido encauzar el conflicto político, produce descontentos y descalificaciones. 

Las diferentes posturas de los estudiosos del tema coinciden en que el proceso de democratización en México ha servido al mismo tiempo para la conservación de un sistema vinculado a la sobrevivencia de la élite autoritaria así como de sus instituciones.

El también coordinador de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales de la Unidad Cuajimalpa asevera que el desencanto ciudadano por las condiciones socioeconómicas desfavorables se traduce en crisis de representación política y pérdida de credibilidad, así como en cuestionamiento de la efectividad de las instituciones representativas y legislativas.

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