Tonatiuh Guillén López
La violencia es uno de los mayores desafíos sociales del México contemporáneo y su expresión más cruda es el homicidio doloso. Particularmente desde el año 2007, sus estadísticas dibujan una tragedia nacional de enormes dimensiones que no cede a pesar de determinadas mejoras. Al cierre del año 2015, las cifras persisten en describir una situación de emergencia, especialmente en algunas regiones del país.
No hay duda de que en los últimos cinco años pueden observarse cambios en diferentes direcciones. Por ejemplo, Ciudad Juárez ha reducido sensiblemente el número de homicidios dolosos, no obstante que su escenario sigue ubicado en la línea de lo grave. Otras ciudades del norte, como Tijuana, muestran lo contrario: habiendo mejorado en los años previos, al finalizar el 2015 registró el doble de homicidios que Juárez, ubicándose ahora como la segunda ciudad del país en donde mueren más personas por esos crímenes. El municipio de La Paz, que no se notaba en esas estadísticas, en el 2015 aparece como una zona de alta tensión. Por su parte, ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, son hoy la región punta de las cifras del horror, por lo que el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa puede interpretarse como cruel continuidad de la extrema barbarie que ya padecía la región.
Los mapas que se presentan enseguida, correspondientes a los años 2011 y 2015, fueron elaborados con base en la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php). Su comparación nos permite un rápido balance sobre las dimensiones y localizaciones de los homicidios y, por lo mismo, permite valorar los avances, las persistencias y nuevos puntos de conflicto. Es de considerar que exista algún subregistro, dado que un número no determinado de homicidios carece de condiciones para ser reportado formalmente. No obstante, con la información disponible pueden señalarse con claridad los municipios que padecen las situaciones más graves. Los mapas anexos seleccionan aquellos municipios del país que tuvieron 50 o más homicidios dolosos, en los años 2011 y 2015, como un procedimiento para destacar a las situaciones más críticas.
Los datos utilizados, de manera deliberada, refieren a las cifras absolutas y no a las relativas, es decir, no se utiliza la habitual tasa por cada 100 mil habitantes. El uso de esta última puede matizar las cifras y ocultar prioridades de atención en las zonas de mayor incidencia. Por ejemplo, si consideramos esa tasa, la grave situación de Tijuana quedaría desplazada a la posición 8 entre el conjunto de los municipios, cuando realmente ocupa la posición 2, sólo detrás de Acapulco; mientras que Ciudad Juárez quedaría en la posición 41, cuando en realidad es la 5, si observamos a los números absolutos.
Finalmente, no está de más indicar la estrecha relación existente entre los homicidios dolosos y las zonas de producción o tráfico de drogas prohibidas, lo cual -dicho sea de paso- también obliga a repensar la posición del Estado ante las drogas y los escenarios de violencia. Hasta ahora, no hay evidencia de que el combate frontal, físico, haya reducido la producción o el tráfico de drogas, como tampoco ha impedido los altos niveles de violencia y los homicidios. La experiencia transcurrida desde el año 2007 es más que suficiente demostración. Ante este panorama de violencia continua, las recientes propuestas gubernamentales que revaloran las estrategias preventivas y la iniciativa legislativa sobre la marihuana medicinal y su consumo personal, pueden ser primeros pasos para disociar la problemática de las drogas de las impresionantes cifras de muerte por homicidio de los últimos años. Una vez más, la conclusión es que resulta imprescindible y urgente avanzar por caminos alternativos.