Como es conocido, el pasado martes 8 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, resultando triunfador el candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Lo que no es tan conocido es que además de las elecciones presidenciales, 9 estados de la Unión Americana votaron leyes que permiten el uso “medicinal” o recreativo de la planta del cannabis.
California, Maine, Massachusets y Nevada aprobaron la legalización del uso de marihuana recreacional, ya no será necesario adjudicarle falsas propiedades terapéuticas al cannabis, ahora podrán consumirlo sin restricción. Arkansas, Dakota del Norte, Florida y Montana aprobaron leyes para el uso “medicinal”, el único estado que no aprobó la marihuana recreativa fue Arizona, que ya tiene una ley para el uso “medicinal”, dijo en entrevista el Mtro. Eduardo Hernández, del área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco.
Kim Raney, vicepresidente de la Asociación de Policías de California, reconoció que en el sistema de marihuana “medicinal” hay 2% de usuarios con razones legítimas como SIDA o cáncer para usar cannabinoides, pero el otro 98% sólo los utiliza para intoxicarse. Chuck Rosenberg, director de la DEA, refirió el 4 de noviembre de 2015 que el sistema de marihuana medicinal de ese país es una burla. Los institutos nacionales e internacionales de salud coincidimos con Rosenberg: la marihuana no es medicina.
En México hemos atestiguado cómo los intereses económicos y políticos han abrumado los intereses de salud pública, también cómo los sofismas de los promoventes de la marihuana han confundido a legisladores y medios de comunicación. El sistema penitenciario no “está lleno” de consumidores de marihuana. Los datos los tiene la Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación. Es imposible porque no hay ninguna ley en el país que tipifique el consumo de estupefacientes como delito.
No existe evidencia que soporte el argumento de que legalizando la marihuana se disminuirá la prevalencia de la violencia que se padece en el país. Tampoco hay sustento metodológico de que el crimen organizado pierda fuerza al abrir el mercado de consumo de cannabis. Lo que sí está documentado con base en el método científico es que hay vínculo entre el consumo de sustancias y el daño a la salud, síndrome amotivacional, incremento de violencia, accidentes, embarazo no deseado, deserción escolar y ausentismo laboral.
Es necesario que los padres de familia demanden a las escuelas públicas o privadas la implantación de programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con base en evidencia que –presentados por profesionales que cuenten con experiencia en la materia y hayan demostrado resultados con base en el método científico– salvaguarden a su comunidad del incremento de consumo de sustancias adictivas.
“Hemos iniciado colaboración conjunta con una serie de instituciones educativas para con base en evidencia, salvaguardemos a su comunidad de estos riesgos, pedimos a las instituciones educativas y padres de familia evalúen la pertinencia de programas preventivos del uso de psicoactivos con base en evidencia científica, pueden encontrar los elementos de intervención en www.clinicadeltabaco.org”. Concluyó el Mtro. Hernández.