Para impulsar la sociedad del conocimiento en México, se deben garantizar derechos de 5ª generación

Para impulsar una economía y sociedad del conocimiento se deben garantizar ciertos derechos fundamentales denominados de quinta generación, indicó Mario Ignacio Álvarez Ledesma, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

En entrevista luego de su participación en el primer Congreso Internacional sobre Derecho de la Sociedad del Conocimiento que se realizó ren la Escuela Libre de Derecho, el especialista y miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), señaló que algunos de estos derechos fundamentales de quinta generación son el acceso a Internet, acceso al conocimiento informático y científico y el derecho a la protección de datos personales, entre otros.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Qué son los derechos humanos de 5a generación?

Mario Ignacio Álvarez Ledesma (MIAL): Esta teoría de derechos humanos de generaciones plantea una serie de valores que están en juego en la sociedad moderna y que deben ser protegidos porque son elementales para el desarrollo de las personas en las sociedades contemporáneas.

Algunos de los derechos fundamentales de la quinta generación son acceso a Internet, al conocimiento informático y científico, así como a la protección de datos personales, al desarrollo dentro de las nuevas tecnologías y a la defensa contra ciertas amenazas a la niñez, en suma, son derechos que están vinculados con desarrollos científicos y con paradigmas de desarrollo humano.

Son derechos que estaban ahí, pero que con los avances científicos y tecnológicos se han visto más amenazados; por ejemplo, antes uno tenía su información personal guardada en un cajón en su casa u oficina, hoy en día esa información está en Internet.

AIC: ¿Cuáles son los retos en materia de derecho para impulsar una sociedad basada en el conocimiento?

MIAL: El derecho viene arrastrando una serie de problemas como la discriminación, distribución de la riqueza y la justicia en general. A esta incapacidad que han tenido los sistemas jurídicos y los de derecho para resolver los problemas endémicos de la sociedad humana, se le han agregado nuevos retos con la llegada de las nuevas tecnologías.

Tradicionalmente el derecho y las instituciones jurídicas han caminado con mucha lentitud, y para poder impulsar una sociedad del conocimiento es necesario que haya una transformación en las instituciones y en su manera de abordar los problemas, así como en la forma de proteger los nuevos derechos y de resolver esos nuevos problemas, a esto se le llama el derecho de la sociedad del conocimiento.

El derecho de la sociedad del conocimiento confronta las herramientas tradicionales que empleaba el derecho para resolver los problema que nunca pudo resolver con situaciones que son absolutamente inéditas, por ejemplo el manejo de pornografía en Internet, abuso de menores, apología de la violencia, fraudes en compras y ventas y transmisión de derechos de imágenes través de redes sociales.

AIC: ¿Qué se necesita hacer para revertir esto?

MIAL: El derecho está reaccionando lentamente y se necesita una reingeniería de las instituciones tradicionales para hacer frente a esto, porque si no el derecho va a quedar rezagado.

El efecto que esto va a tener, como de hecho ya sucede en algunas ocasiones, es que la sociedad termina resolviendo sus problemas de otra manera, fuera de los sistemas jurídicos. Esto provoca que el derecho pierda el papel protagónico que debería de tener.

El problema de esto es que el derecho es una disciplina sofisticada construida durante dos mil años para garantizar la equidad y la justicia, muchas veces estos sistemas alternativos o paralelos lo que hacen es tratar de resolver el problema como dios les dé a entender, pero sin la técnica, ni la experiencia ni los instrumentos que el derecho ha venido acuñando a lo largo de los años, por lo tanto, estamos ante una situación inédita, un cambio de paradigmas, un cambio de continuidad, esto tiene que hacer reaccionar a las autoridades, a los juristas y a los ciudadanos.