Prematuro hacer una proyección económica del Pacto por México

 Aunque es prematuro hacer un pronóstico del Pacto por México en materia económica, es necesario ver cómo se traducen los puntos económicos del acuerdo en el presupuesto federal y cómo los 95 compromisos establecidos allí se definirán en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, expresó el maestro Fernando Chávez Gutiérrez, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por lo pronto se observan dos riesgos en el corto plazo (2013): uno, el precipicio fiscal en Estados Unidos, en caso de no resultar satisfactorio el acuerdo en el congreso norteamericano y dos, el efecto que arrojen los acuerdos en la Unión Europea, hoy sumida en una encrucijada. Ambos factores externos condicionan el desempeño económico de México en el corto plazo.

El maestro del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco indicó que aunque en general los nueve puntos o acuerdos del apartado económico o macroeconómico apuntan en línea correcta, es necesario atender dos problemas derivados de éstos: uno, los recursos presupuestales adecuados para encaminar estas nuevas políticas estructurales y dos, el componente de ajustes jurídicos requeridos para concretar el marco constitucional y legal de cada uno de los compromisos asumidos.

Es necesario analizar y ubicar hasta dónde los compromisos que garantizan el crecimiento económico, el empleo y la competitividad están sujetos a decisiones administrativas, cambios constitucionales o cambios en las leyes derivadas de artículos constitucionales modificados, señaló el coordinador de El Observatorio Económico de México (http://observatorio.azc.uam.mx).

Las acciones contempladas en el Pacto por México son elementos coadyuvantes, pero no garantes del crecimiento y el empleo que se promete, pues sólo pueden  complementar los motores económicos tradicionales que han funcionado por muchos años (las exportaciones manufactureras a Estados Unidos), ahora ya con muchos defectos y obstáculos y con un impacto interno cada vez más débil en la economía, pues se sabe que ésta depende fundamentalmente del desempeño del núcleo exportador orientado hacia Estados Unidos.

Un elemento que no está considerado explícitamente es el planteamiento para dinamizar y fortalecer el mercado interno. En este punto el documento deja mucho que desear. Es importante reconocer y emprender ya una nueva política salarial que mejore el bienestar de millones de familias mexicanas, hoy en condiciones de pobreza inadmisibles. La nueva política social que se anuncia en el Pacto quizá contribuya a mitigar pobreza y desigualdad, pero hay que ponerle costos financieros y políticos, y plazos de realización realistas.   

Sin embargo, la propuesta de promover la competencia o controlar o eliminar los monopolios se espera que impacte en las condiciones para el crecimiento económico de largo plazo. La señal que se está enviando a los mercados con este planteamiento programático es alentadora. Pero el éxito dependerá para ello de un elemento necesario que es el consenso amplio y sostenible entre los actores políticos y sociales involucrados, manifestó el académico.

Con respecto a la política bancaria y financiera para que se expanda el crédito como un mecanismo de apoyo al crecimiento económico, señaló que es necesario analizar las condiciones actuales en las que opera hoy la banca, así como los requisitos en los que se otorgarán los créditos futuros y, por supuesto, los mismos cambios anunciados en la regulación financiera, los cuales pueden inducir y estimular para que la banca otorgue más crédito al funcionamiento del aparato productivo.

Si nos atenemos a los diagnósticos macroeconómicos emitidos en los días finales de este año, el escenario para 2013 apunta hacia una desaceleración del crecimiento económico y del empleo. Y esa tendencia previsible no la cambiará el Pacto.

La planeación, instrumentación y realización o cumplimiento de los compromisos del Pacto por México tienen obstáculos diversos y plazos de concreción diferentes. Aterrizar algunos llevará todo el sexenio, otros posiblemente se logren en los primeros dos años y otros definitivamente llevarán más que un sexenio. Un porcentaje importante de los 95 compromisos del Pacto requieren cambios constitucionales que solamente el Congreso puede realizar y ello introduce inexorablemente un factor de incertidumbre.