Gestión del patrimonio arqueológico en contextos urbanos

Implementar acciones en el presente para preservar el pasado y garantizarlo para las generaciones futuras es el trabajo fundamental de la gestión del patrimonio arqueológico, pero también tiene una importancia social relevante cuando se realiza en los contextos urbanos de los habitantes de una ciudad, de acuerdo con Eduardo Andrés Escalante Carrillo, jefe de la Unidad Técnica de Planeación para el Manejo de la Dirección de Operación de Sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien recientemente impartió la conferencia Gestión del patrimonio arqueológico en contextos urbanos en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Escalante Carrillo señaló que la gestión del patrimonio arqueológico en contextos urbanos está orientada a generar un impacto social entre los actores sociales que están involucrados en la planeación de una zona arqueológica inmersa en una ciudad, desde el aspecto turístico hasta acciones concretas de urbanización. Entre estos actores se encuentran niños, jóvenes y adultos que habitan la zona urbana, las autoridades municipales y estatales y los visitantes potenciales.

«Lo ideal es que todo programa de investigación y de gestión tenga impacto social, pero en las ciudades es una cuestión que no puede separarse, pues están conviviendo permanentemente, se tienen que considerar a todos los actores que están involucrados en una zona arqueológica y qué impacto tendrá el simple hecho de alumbrar un parque de una zona arqueológica, hasta poner pasto o una barda, todo va a tener una implicación para la gente que puede estar de acuerdo o no con estas acciones, y eso es lo que nos corresponde conocer», apuntó.

De acuerdo con el funcionario, una zona arqueológica es un espacio físico que tiene un polígono delimitado de protección determinado por el INAH a través de su área de Registro Público de Monumentos. Un sitio arqueológico no tiene que ver necesariamente con un polígono, sino que se determina con base en la evidencia arqueológica que se encuentre en el suelo, y puede ser desde un objeto de cerámica hasta El Castillo de Chichen Itzá. El espacio urbano, por otra parte, se considera cuando existen vestigios arqueológicos en un área delimitada por la zona urbana, y es un espacio con potencial de valoración; aunque no existe una definición institucionalizada, tiene una importancia relevante por su injerencia en una zona y sus alrededores citadinos.

La cuestión del manejo de patrimonio en ciudades se desarrolló con el crecimiento masivo de las ciudades a partir del siglo XXI, aunque desde 1978 se contaba con el proyecto de arqueología urbana de la Ciudad de México. Uno de los antecedentes más recientes es el primer plan de manejo para la zona de San Francisco del estado de Baja California, en 1994. «Fue un parteaguas para iniciar un proceso más académico y técnico en cuestiones de manejo implementadas en arqueología, que si bien no fue en un contexto urbano propiamente, sí fue una zona arqueológica muy grande en el estado».

Una de las estrategias de gestión de patrimonio arqueológico en contextos urbanos son los talleres de actores sociales, en los que los municipios cumplen el papel de intermediarios entre el INAH y los habitantes. «El municipio convoca a la gente que está interesada en la recuperación de un espacio específico y en el taller se hace una lluvia de ideas de valores patrimoniales. Más que llegar y decidir por nuestra cuenta lo que debe hacerse, se trata de realizar un primer sondeo para saber lo que piensa la gente sobre el sitio. Con la información que se recaba se identifican los actores sociales (no es lo mismo lo que dirá un funcionario a lo que dirá un niño o un estudiante), y se generan acciones enfocadas en cada uno de estos actores», señaló Escalante Carrillo.

Las acciones pueden estar orientadas a cuestiones de infraestructura, de educación, divulgación y sensibilización, y depende del desarrollo de los talleres, en los que se reciben propuestas que van desde parques de diversión hasta acciones concretas de conservación. En palabras del funcionario, a partir de conocer lo que piensa la gente sobre los sitios arqueológicos es como se puede generar un impacto mayor en la puesta en valor de ese patrimonio.

En el municipio de Córdoba, Veracruz, la Universidad Veracruzana (UV) adquirió un terreno donde se encontraba una zona arqueológica, por lo que lo donó a la administración municipal, interesada en recuperar este espacio para la ciudad debido a que en los alrededores los espacios de convivencia como estadios y parques se encontraban en abandono, y la zona arqueológica se presentaba como un eje vertebral capaz de vincularse con la ciudad.

«El municipio de Córdoba se acercó a nosotros para que los ayudemos a dirigir un proceso de puesta en valor del patrimonio, que básicamente es un programa de gestión del patrimonio arqueológico recontextualizado a un nivel urbano, para poner este espacio en valor y promover la visita de los habitantes», comentó Escalante Carrillo.

Eduardo Andrés Escalante Carrillo.La primera etapa de este proceso es la más importante, pues es en la que se generan los convenios para colaborar con el municipio y las universidades. En estos, el municipio aceptó donar el terreno al INAH, por lo que el patrimonio arqueológico estará bajo la protección máxima del instituto. Posteriormente se realizará un programa de acciones específicas con el municipio para integrar el espacio a la ciudad, y junto con el departamento de arquitectura y turismo de la administración municipal se elaboran los proyectos preliminares para diseñar el espacio urbano.

La Dirección de Operación de Sitios del INAH está compuesta por un equipo multidisciplinario, entre los que se encuentran arqueólogos, gestores interculturales, arquitectos y diseñadores gráficos. Las metodologías se conforman con base en un sistema de categorización, que diferencia las 187 zonas arqueológicas abiertas del país de acuerdo con tres características particulares: las zonas arqueológicas para el patrimonio mundial, las zonas arqueológicas con decreto presidencial y las zonas arqueológicas que no pertenecen a las categorías anteriores (que conforman el rubro más grande).

Para las primeras, se elaboró el plan de manejo integral, pues requieren de una gran variedad de campos de manejo, investigación, conservación, difusión, vinculación social, uso público, administración e infraestructura. Para las segundas, se dedica un plan de manejo dirigido a garantizar la conservación del patrimonio arqueológico, según expresa el decreto. Para las terceras, se realiza un plan de desarrollo y operación, con acciones específicas que tienen el objetivo de que estas zonas lleguen al escenario de las dos primeras para tener un plan de manejo integral.

«El gran problema que tenemos con esta metodología es que funciona para la elaboración, pero difícilmente funciona para su ejecución porque cada zona es diferente. Por ejemplo, aunque ambas sean zonas arqueológicas para el patrimonio mundial, Chichén Itzá tiene características distintas a las de Teotihuacán, y muchas veces no es conveniente que tengan un plan de manejo similar. Tuvimos que partir de una base que fue el decreto presidencial, es una metodología determinada por el contexto institucional y la responsabilidad ante la federación, y ha funcionado para su elaboración, pero ahora estamos desarrollando los medios para ejecutarlo», apuntó.