La creación de grupos de autodefensa y guardias comunitarias son una respuesta desesperada a la incapacidad del gobierno, a la ausencia de una autoridad central y de un Estado de derecho cómplices de una complacencia frente a los grupos delictivos y el crimen organizado, señaló el doctor Guillermo Garduño Valero, profesor-investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

El mayor error de los órganos de gobierno es pretender tratar a los grupos de autodefensa igual que grupos delictivos y no reconocer la importancia de estas estructuras organizadas frente a la indiferencia del gobierno, indicó el doctor en Sociología, integrante del grupo de trabajo Estudios Organizacionales.

Los antecedentes de estos grupos civiles, hace 20 años en San Andrés Larráinzar, presentan ideologías, formas y tácticas de lucha diversas contra la nueva legalidad  impuesta, pero con el fin común de combatir inseguridad, violencia,  incomunicación y hasta despojo de sus bienes, de lo que han sido víctimas a causa del crimen organizado, definitivamente articulado a redes internacionales.

La omisión por parte del Gobierno Federal al ignorar las características de dominio que se desarrollan en el país y que desencadenan circunstancias como las que ocurren en el estado de Michoacán  no puede más que llamarse ceguera, pues de otra forma no puede entenderse tanta complacencia e impunidad a estos grupos delictivos que durante más de 12 años han sido protegidos.

En esta complicidad, los gobernadores de los estados se convirtieron frente a un presidencialismo débil en reyes o caciques, disponiendo de las vidas de las personas, al conformarse lo que se denomina la narcopolítica mexicana, con el apoyo de los grupos delincuenciales.

Las conclusiones a las que llegan algunos medios de comunicación cuando hablan de guerras civiles o grupos anti-Estado para referirse a los grupos de autodefensa y guardias comunitarias en México son erróneas y aunque el gobierno quiere enfrentar el problema a la “antigua”, es decir con viejas formas en donde todo ocurre en medio de una negociación bajo el agua y donde la opinión pública oculte la realidad, hoy en día ya no es posible, pues como ocurre en otros países, las redes sociales permiten difundir la marginación que existe en la defensa de los derechos en México.

La aparición de sociedades civiles cada vez más demandantes frente a la delincuencia, frente a sus necesidades y frente al Estado y al mismo tiempo con mayor concepto de posibilidad de generar mecanismos de auto ayuda, conducirá necesariamente a poblaciones de mayor autonomía.

Frente a estas sociedades el Estado no podrá seguir pensando en incrementar el gasto público a costa de aumentar impuestos sin pensar en generar los mecanismos donde el ámbito social y su participación se constituyan en un elemento de primera importancia para impulsar y resolver problemas.

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