Reforma sin educación y a toletazos

Tal vez con el propósito de sembrar la confusión, la que ha sido llamada “Reforma Educativa” no es tal. Y para verificarlo basta con leer el primer párrafo del proyecto de decreto por el cual se expidió la “Ley General del Servicio Profesional Docente”.

            Ahí mismo se consigna que dicha Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3º constitucional y, a la letra, dice que  “tiene por objeto crear un ordenamiento jurídico, reglamentario de la fracción 111 del artículo 3o. de la Constitución, para regular el servicio profesional docente en la educación básica y media superior, establecer los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente; regular los derechos, obligaciones y sanciones derivados de dicho servicio; asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el servicio.” (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, del 1º de Septiembre de 2013)

            De hecho todo el articulado de dicha Ley se enfoca en una reforma de las condiciones de trabajo de los docentes no advirtiéndose en parte alguna referencias a los procesos educativos. Entonces esa reforma es una reforma laboral y, en todo caso, administrativa.

            Entonces, tiene razón el doctor Jesús Jiménez Castillo quien, en estas mismas páginas, ha afirmado que la Ley del Servicio Profesional Docente que pretende poner en funcionamiento el gobierno federal, una vez promulgada, es una medida distractora para ocultar el verdadero problema: el grave deterioro político, económico y social, incluida la educación, que sufre nuestro país; y todos lo sabemos, la responsabilidad mayor corresponde a las malas administraciones de los grupos políticos que se han ocupado de gobernarlo. (Jesús Jiménez Castillo: En defensa de los maestros. La Jornada Veracruz, 13/09/13)

            Sin embargo, esta aparente irresponsabilidad gubernamental es parte del juego. Pues, para comprender mejor cuál es la intención de esta reforma, habrá que situarse en el contexto global en que se inserta el neoliberalismo, una de cuyas características es imponer una dinámica de desincorporación del Estado para privatizar sus funciones. Se pretende, mediante argucias envueltas en el discurso retórico de la evaluación, inducir primero un modelo de gestión empresarial de la educación, uno de cuyos instrumentos es la mentada Ley; para luego dar un segundo paso: la instauración de la escuela “autogestiva”, pues el mismo Enrique Peña Nieto declaró que próximamente enviará al Congreso de la Unión dicha iniciativa, complementaria de la Ley que nos ocupa. Así, se hará a los directivos de las escuelas y a los padres de familia responsables de la operación y mantenimiento de los recintos escolares; según lo entiendo, se impondrán cuotas mensuales para el pago de agua, luz, remozamiento de las instalaciones, etcétera. Y se dice que los libros de texto serán “rentados”: los padres de familia pagarán otra cuota para que sus hijos tengan derecho a usar los libros que serán regresados al finalizar el ciclo escolar. Estos dos pasos constituirían el cimiento para la privatización de la educación pública, objetivo declarado por los grandes barones del capital.

            Me llama la atención la reciente visita de Bill Gates a nuestro país quien, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, declaró que él y Carlos Slim –los dos hombres más ricos del planeta- harán donativos para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo científico en México para “combatir la pobreza”. Comenzando por patrocinar ciertos proyectos de investigación en el Centro de Investigación para el Mejoramiento del Máiz y el Trigo (CIMYT), que opera en el país desde hace varias décadas. Aunque Gates intentaba evadir las agudas e inteligentes preguntas de Aristegui, se hizo evidente que con este proyecto buscan ampliar la entrada y producción de cultivos transgénicos en nuestro país, rubro en cual tanto Gates como Slim tienen capital invertido.

Los dos hombres más ricos del mundo no la brincan sin huarache. No hay que olvidar que el control de los recursos estratégicos de México –entre los que se cuentan alimentos y educación- está a la venta al mejor postor y en las condiciones que demanden las empresas. Desde la minería al petróleo, pasando por la biodiversidad, el aire de los bosques y hasta el maíz, para finalizar con la “producción” de una fuerza de trabajo dócil, (des)educada adecuadamente para funcionar eficientemente en la economía maquiladora impuesta en el país, lo cual podría alcanzarse con el control del aparato educativo.

            Entonces no podemos pasar por alto, en el análisis de la reforma educativa, la consideración de su función en este contexto.

            Ya que en esos momentos los maestros  estaban en las calles manifestando su oposición a la llamada Reforma Educativa, la periodista interrogó a Gates sobre su punto de vista acerca de la educación. Este, astutamente, por supuesto que no declaró su verdadera posición al respecto, sino que le daba vueltas al asunto hasta que –arrinconado por Aristegui- afirmó que él es partidario de un modelo de gestión empresarial para la educación que se relaciona sobre todo con seleccionar rigurosamente a los trabajadores de la educación y –al igual que una empresa- someterlos a una supervisión y control constantes con el objeto de decidir sobre su permanencia en el trabajo y elegir solamente a “los mejores”. Dijo que su experiencia más cercana era en los Estados Unidos, donde él y su esposa Melinda han patrocinado diversos proyectos educativos y mencionó –sin que me quedara claro si había contribuido a su financiamiento- el modelo de evaluación para maestros implantado allá hace varios años, y sobre el cual omitió mencionar su rotundo fracaso. Aquí hay que apuntar que el modelo de evaluación que se pretende aplicar a los docentes mexicanos no es otro que una mala copia del aplicado en los Estados Unidos.

            Más aún, dice el especialista en educación Hugo Aboites que el propósito de fondo de la llamada Reforma Educativa es avalar en la Constitución y con nuevas leyes la rendición de la conducción del la educación mexicana a las exigencias de grupos como Mexicanos Primero (del cual, por pura casualidad, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda son asesores) y la OCDE. “Calidad” y “evaluación” son conceptos llave de la visión empresarial de la educación y parte del acuerdo (“para mejorar la calidad de la educación”) entre el gobierno y ese organismo firmado en 2008.

Con el propósito de dominar el futuro, las ideas y el pensamiento del mañana, y hacerlo cuanto antes, los ricos se han concentrado desde luego en la conquista del aparato educativo, desde la educación básica hasta las universidades (públicas y privadas) y otros centros de educación superior.

Por tanto, la política que rige la educación pública en México debe tomar en cuenta esta situación pues, como arriba se apunta, las universidades públicas están en la mira de la así llamada Revolución de los Ricos.

En concreto, un gobierno ilegítimo –como el de Enrique Peña Nieto- nacido de la imposición y de la compra de votos dirige un Estado en descomposición, que no tiene la confianza de las mayorías, no es capaz de luchar contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción que infectan el aparato estatal y tiene como principal objetivo destruir todas las barreras, sindicales o jurídicas, a la superexplotación de los bienes comunes, el ambiente y la fuerza de trabajo mexicanos por un puñado de grandes empresas extranjeras. En su entrega de la minería, del petróleo, de los recursos hídricos, este gobierno ilegítimo –afirma Guillermo Almeyra- despoja al pueblo mexicano de las bases mismas de la soberanía y la independencia nacionales. La destrucción de la resistencia sindical, las modificaciones profundamente reaccionarias de las leyes laborales, la ley de educación aprobada con fórceps y a espaldas de la legalidad institucional y diseñada para destruir el sindicato de maestros y rebajar aún más el nivel de educación, para que los mexicanos sean simplemente mano de obra barata y no calificada para las empresas de Estados Unidos, van en la misma línea del intento de aplastar a los electricistas, a los mineros, a todos los sindicatos que resistan y de convertir a la universidad pública en servidora de las necesidades empresariales. Carente de consenso social, el semi-Estado mexicano es botín de los depredadores (como Gates y Slim, digo yo) y está cada vez más alejado de la sociedad mexicana. Por tanto, el aparato estatal depende cada vez más de la restricción de los espacios democráticos y de la transformación de las fuerzas armadas en una policía represora de la población. (Guillermo Almeyra: Con la CNTE a la resistencia civil. La Jornada, 8/9/13)

            Es este el contexto en que hay que comprender el movimiento magisterial que se opone a la mal llamada Reforma Educativa. Por lo que se aprecia, los actuales gobernantes están decididos a seguir fieles a los mandatos de sus amos, los barones del gran capital, atropellando y reprimiendo a todo aquel que intente oponerse a sus designios. De esta manera, lo dicho por Enrique Peña Nieto de que no habrá marcha atrás en la mentada Reforma Educativa –a pesar de la masiva oposición a la misma- sólo puede traducirse en su imposición por la fuerza.

            El gobierno federal y los gobiernos estatales, como el del Estado de Veracruz, interpretando a su modo la máxima de “la letra con sangre entra”, deciden imponer la falsa reforma educativa a como de lugar y, de esta manera, en lugar de la negociación y el diálogo han optado por los toletazos, por la represión abierta y brutal contra los disidentes. En esta forma fueron desalojados los maestros y simpatizantes que ocupaban el Zócalo capitalino y, para no quedarse atrás, lo mismo ha hecho el gobierno veracruzano con quienes ocupaban la Plaza Lerdo, amenazando con extender la represión a los estudiantes que ocupan –en solidaridad con los maestros- algunas facultades de la Universidad Veracruzana. Se reportan heridos, detenidos y desaparecidos.

            Es necesario apoyar a los maestros que luchan, pues está en juego no solamente el futuro de la educación pública mexicana, sino también los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos, nuestro bienestar e integridad física, así como la soberanía de nuestro país.