La eutanasia es aceptada en Holanda: 30 de noviembre de 1993

El 30 de noviembre de 1993 el mundo escuchó con atención y sorpresa la aprobación que realizaba el Parlamento holandés para no perseguir a los médicos que practicasen la eutanasia a sus pacientes terminales, siempre y cuando cumpliesen ciertos requisitos.

El caso pionero más llamativo se dio en el año de 1971, cuando la Dra. Geertruda Postma, puso fin a la vida de su madre con una inyección de una dosis mortal de morfina, la cual dijo haber realizado por piedad.

La historia de la Dra. Postma impactó más allá de las fronteras holandesas por tratarse de una relación madre-hija, pero además porque la madre tenía un gran sufrimiento psicológico; lo suyo no era un dolor insoportable.

El tribunal de Distrito Leewarden finalmente sentenció a la Dra. Postma a un año de prisión en suspenso y un año bajo el instituto de la Probation, la cual –por lo leve- se convirtió en una ventana a la aprobación.

Formalmente los holandeses consintieron la eutanasia en 1981, a partir de una decisión de la Corte Criminal de Rotterdam.

Los médicos, en ese país, habían adoptado como práctica la interrupción del agua y los alimentos para aquellos pacientes que gravemente enfermos solicitaban el suicidio asistido o la eutanasia. Sin embargo, pronto advirtieron que estos morían con lentitud, dolorosamente, situación que era psicológicamente tensionante para los familiares y el personal médico, además de costosa.

La cuestión era porqué torturarlos, si justamente lo que ellos necesitaban era morir rápidamente y sin dolor. A partir de este razonamiento los médicos holandeses empezaron a usar inyecciones letales, contando con el apoyo del poder judicial que cautelosamente toleró esta práctica.

Datos oficiales revelan que ya en 1986 los médicos practicaron la eutanasia a entre 5,000 a 20,000 pacientes sobre un total de 120,000 muertes.

Sin embargo, al ser esta una práctica clandestina, en definitiva, realizada a la sombra de la ley, dio lugar a abusos. Algunos médicos denunciaron casos de eutanasia activa ajena a la voluntad de los pacientes, la cual se practicó por lo menos en ocho hospitales.

La Corte Suprema holandesa sentenció en 1984 que la eutanasia no sería penalizada si se cumplían cinco condiciones:

1. La petición de la eutanasia debía provenir únicamente del paciente y ser enteramente libre y voluntaria;
2. Dicha petición debe ser estable, bien considerada y persistente;
3. El paciente debe experimentar sufrimientos intolerables sin perspectivas de mejora;
4. La eutanasia debe ser el último recurso, y
5. El médico debe consultar con un colega independiente con experiencia en este campo.

A raíz de esta sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno tomó dos resoluciones importantes: realizar una investigación para conocer la práctica real de la eutanasia, y disponer que los médicos rellenasen un «procedimiento de notificación» al practicar la eutanasia.

En 1991 se publicó el «Informe Remmelink» con los resultados de la investigación. Las conclusiones y la interpretación de los datos del informe son diversas, dependiendo sobre todo del concepto de eutanasia empleado.

A raíz de la publicación del «Informe Remmelink» se produjeron numerosas reacciones, pero aún así se aprobó el mandato del 30 de noviembre de 1993.

El ministro de justicia holandés, Hirsch Ballin, justificó el voto democristiano (partido que encabezaba la coalición en el gobierno) alegando que la legalización de la eutanasia gozaba de un amplio respaldo popular, y que los médicos la practicaban casi sin control de los tribunales, por lo que su partido sólo había tenido dos posibilidades: oponerse a su legalización, sabiendo que antes o después otros partidos terminarían por imponerla, o aceptar como inevitable la despenalización provocada por los tribunales, pero a la vez buscando diferentes mecanismos para controlar y restringir su práctica, sobre todo desarrollando medidas estrictas de seguridad que asegurasen la voluntariedad y evitasen los abusos.

El partido democristiano eligió la segunda opción, y publicó un reglamento administrativo por el que la notificación de los casos de eutanasia adquiría status de norma legal, obligando al médico a rellenarlo, y permitía al Fiscal el control de los requisitos. La eutanasia y la asistencia al suicidio continuaban siendo delitos tipificados en el Código penal, pero el autor de la acción no sería penado si demostraba que cumplía las condiciones requeridas. La reglamentación de la eutanasia entró en vigor en junio de 1994.

Así el mandato del 30 de noviembre de 1993 despenalizaba la acción de los médicos si:

–       El paciente padecía un sufrimiento intolerable (incluyendo el psicológico);

–       El paciente en reiteradas oportunidades estando lúcido solicitó morir;

–       Dos médicos consintieron el procedimiento;

–       Los parientes fueron consultados;

–       y la muerte fue informada a las autoridades.

No habían pasado tres semanas cuando se traspasó el primero de los límites «infranqueables» (en expresión de Hirsch Ballin). La Corte Suprema no condenó al doctor Chabot, psiquiatra, acusado de asistencia al suicidio de una paciente cuya única enfermedad era el padecimiento de una fuerte depresión. La enferma había solicitado explícitamente su deseo de morir y rechazaba todo tratamiento psíquico. Esta sentencia provocó la primera ampliación de la ley; a partir de entonces la eutanasia se podía aplicar a un paciente que desease morir, aunque no fuera un enfermo incurable en estado terminal.

El Gobierno compartió la decisión de la Corte haciéndola suya, sin escuchar la decisión del Comité médico disciplinar que amonestó a Chabot por no haber tratado médicamente la depresión de la enferma, por haberla ayudado a suicidarse sin esperar el resultado del tratamiento, y por considerar que la paciente era capaz para tomar ese tipo de decisión. Después de la sentencia, el Ministerio Público retiró otras once acusaciones de casos de eutanasia de enfermos no terminales.