El Ejecutivo sigue sin respetar las reglas de la democracia, en México

La reforma del Estado en México ha producido en los últimos 20 años una serie de cambios en el régimen político que ha repercutido en el acotamiento de los poderes constitucionales y metaconstitucionales del presidente.

Sin embargo este acotamiento no ha conducido a una plena adecuación de sus funciones en el sentido de tener un Ejecutivo que interactúe y respete las reglas de la democracia, del Estado de derecho, de una economía de mercado regulada y de una administración pública vigilada.

Lo anterior es señalado por los doctores Enrique Cuna Pérez y Alberto Escamilla Cadena, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el libro El presidencialismo mexicano ¿Qué ha cambiado?, editado en 2014 por la Unidad Iztapalapa de esta casa de estudios.

Los investigadores exponen que los efectos más significativos para el presidencialismo mexicano de las reformas constitucionales del periodo 1993-2013 fueron de diversa índole y explican que al limitarse la formación de mayorías calificadas integradas por un solo partido en el Congreso, una mayor participación de la oposición partidista motivó un comportamiento variable por parte de los legisladores, oscilando entre la cooperación y la obstrucción.

Abundan que lo anterior ha permitido que la Cámara de Diputados vigile la forma como se asigna y se gasta, y el papel de la oposición no se ha limitado a aprobar y rechazar iniciativas, sino a fiscalizar el manejo de las finanzas públicas.

No obstante, a pesar de estas limitaciones y controles, el Ejecutivo aún controla amplias y muy importantes prerrogativas, ya que puede hacer uso del veto y posee la facultad exclusiva en materia presupuestal y puede además usar la iniciativa preferente.

En relación con el tema electoral, el presidente perdió la influencia en los nombramientos de los consejeros electorales y en la organización de los comicios y ya no pudo garantizar los triunfos del PRI ni manipular los resultados. Además con la reforma al Distrito Federal se presentó la posibilidad de que el presidente prescindiera del control político y administrativo de la entidad.

Los especialistas advierten que en los años 2012 y 2013 hubo reformas que tocaron algunos aspectos constitucionales relacionados con el presidencialismo. Una prerrogativa que le fue atribuida y que fortalece sus poderes fue la posibilidad de utilizar la iniciativa preferente, con lo que ahora algunos de sus proyectos de ley tendrán un trámite más rápido, aunque ello no garantice su aprobación.

De igual forma, para el siguiente sexenio, el presidente de la República tendrá la posibilidad de conformar un gobierno de coalición, con lo que podrá llevar a cabo una alianza parlamentaria para reformar la Constitución.

En cuanto a las reformas al poder judicial los cambios se han orientado a su autonomía funcional, propiciando que el presidente deje de ser el principal árbitro de los conflictos entre la clase política.

Los fallos de la Suprema Corte de Justicia muestran que en los conflictos donde han estado inmiscuidos el presidente y el Congreso, ninguna de estas dos instancias ha sido favorecida de manera recurrente.

La transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República resultaba necesaria e inaplazable para evitar un ejercicio sesgado, faccioso y selectivo de la acción penal.

Estas medidas, según los analistas, han tenido como una de sus intenciones encuadrar el ejercicio del presidencialismo a las reglas de la democracia y el Estado de derecho.

En cuanto a la instauración de los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información, una de las intenciones fue transparentar las acciones del Ejecutivo con el fin de hacerlo más responsable; sin embargo, la legislación aprobada en 2013 le permite reservar información relacionada con asuntos de seguridad nacional.

Concluyen los investigadores que el régimen ha pasado de un presidencialismo dominante, con amplias facultades constitucionales y con mayoría congresional, a uno atenuado, con poderes constitucionalmente equilibrados entre Ejecutivo y legislativo y con un gobierno sin mayoría.

A pesar de ello, advierten, la limitación de sus poderes no necesariamente ha generado un Ejecutivo débil, pues cuando han estado en situación de desventaja, los mandatarios frecuentemente han recurrido  a otros medios y recursos, a veces extra-institucionales para poder conseguir sus objetivos

El arribo del presidente Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República ha representado el retorno de un fuerte liderazgo del Partido Revolucionario Institucional; aunque, si bien no cuenta con una mayoría en el congreso, la coalición legislativa que concretó con la oposición lo fortaleció.

(UAM)