En educación, se requiere una política de estado

La educación es un bien público y social, un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo de la democracia, consolidar la libertad, el progreso y el desarrollo humanos, la solidaridad y la tolerancia; la enseñanza tiene que impartirse a partir de valores cívicos y laicos, planteó el rector José Narro Robles al presentar el documento Transformar el sistema educativo nacional. Diez propuestas para diez años, coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México presentado el pasado mes de diciembre.
 
En el texto se desarrollan diez propuestas, organizadas en tres ejes de transformación: impulsar el derecho a la educación y la inclusión social; proyecto educativo nacional para el siglo XXI; y vías para la transformación del sistema educativo nacional. A su vez estas propuestas se despliegan en 60 objetivos. En el texto se considera que México requiere una política de Estado, porque en materia educativa los avances son lentos, generacionales y, por lo tanto, difícilmente pueden ofrecer rendimientos políticos inmediatos a los gobiernos en turno.
 
El documento fue elaborado por 76 miembros de la comunidad –más de una veintena como autores principales–, integrantes de 29 entidades universitarias que, desde hace cuatro meses, determinaron generar un planteamiento para lograr el cambio del sistema educativo.
 
El derecho a la educación y la inclusión social
 
Como parte del primer eje que es el encaminado a impulsar el derecho a la educación y la inclusión social, se propone: Abatir el analfabetismo, el rezago educativo y hacer efectivo el derecho y la obligatoriedad de la educación. Entre los objetivos centrales está el reducir el 3% de la tasa nacional de analfabetismo y disminuir a un máximo de 15% la tasa de analfabetismo de la población indígena en un plazo de cuatro años.
 
En cuanto al rezago educativo, se menciona que en el 2010 había más de 30 millones de mexicanos mayores de 15 años -es decir, 41%-, en condición de rezago. Entre los objetivos se plantea la reformulación de las funciones, organización y alcances del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
 
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, la tasa bruta de cobertura educativa por nivel en 2011 alcanza: 81% en preescolar; 100% en primaria, 96% en secundaria; 67% en media superior y 33% en la educación superior. Por lo que se propone garantizar la obligatoriedad de la educación básica y media superior, haciendo efectiva la cobertura universal en estos niveles. Asimismo se establece ampliar la cobertura bruta en la educación superior hasta alcanzar el 60% entre los jóvenes de edad de 19 a 23 años.
 
Un proyecto educativo nacional para el siglo XXI
 
De acuerdo con el texto, el proyecto educativo nacional ha perdido fisonomía e identidad. Explica que los procesos educativos se han volcado hacia la formación de competencias y habilidades para el trabajo, se enfatiza en la acumulación de bienes materiales y el consumo como indicadores del éxito profesional. Estas políticas han permeado las relativas a la ciencia y a la cultura. En este sentido se propone recrear el proyecto educativo mexicano, dotándolo de referentes y valores filosóficos, pedagógicos, culturales, éticos y políticos que den sustento.
 
Además se plantea el fortalecimiento de la función social de la educación superior. Uno de los objetivos de este proyecto es recrear y promover nuevas relaciones y articulaciones entre la educación en todos sus niveles, cultura y ciencia, y de éstas entre la sociedad mexicana.
 
Vías para la transformación del sistema educativo nacional
 
Finalmente, se propone revalorar y renovar la profesión docente, entendiendo que una reforma educativa sin los profesores y sus representaciones está condenada al fracaso y que es indispensable plantear una nueva relación entre la autoridad y los órganos sindicales y de representación. Entre las acciones concretas que plantea el documento se propone desvincular la remuneración salarial de los sistemas de estímulos, así como garantizar la capacitación y actualización del personal.
 
También se plantea reorientar la evaluación educativa, la certificación y la acreditación. Primero con la elaboración de un diagnóstico profundo de los alcances y límites de los diversos programas de evaluación instaurados a la fecha.
 
Las obligaciones en materia de financiamiento público de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación establecidas en la Ley General de Educación y en la Ley de Ciencia y Tecnología, han sido sistemáticamente incumplidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, lo que se traduce en presupuestos anuales insuficientes para atender todos los requerimientos, por lo que se plantea construir e implantar un modelo de financiamiento público mediante reglas claras de distribución, de concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.