Contrario a la idea que existe en el mundo popular y académico de que antes de la Reforma, en la época de la Colonia, las actividades de asistencia eran monopolio de la Iglesia y luego del Estado, la realidad es que se ejerció de manera mixta –eclesiástica y estatal–, además los particulares tuvieron una gran participación y continuó siendo mixta incluso en el Porfiriato, afirmó Silvia Marina Arrom, investigadora de la Universidad de Stanford.

La también académica de la Universidad Brandeis, Estados Unidos, ofreció la conferencia magistral “Para contener al pueblo: una nueva visión desde las regiones mexicanas”, con la que dio inicio el Coloquio “Educar, formar, corregir: hospicios, escuelas de artes y oficios y correccionales en las regiones de México, siglos XVIII al XX”, organizado por la Dirección General de Investigaciones en coordinación con el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) y la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana.

Ante académicos e historiadores reunidos en la USBI-Xalapa, la conferencista, quien se ha especializado en estudios relativos a la pobreza, la asistencia social y la educación en México, sostuvo que la pobreza ha sido siempre una de las realidades más dolorosas de la vida en Latinoamérica, pero pocos historiadores han estudiado a los pobres que habitan sus ciudades “quizá porque consideran a los sin hogar, limosneros y desempleados, como un rasgo inalterable de la región, que en contraste nunca pasan inadvertidos para los visitantes”.

Indicó que a lo largo de dos siglos, los relatos de viajeros mencionan su asombro ante la miseria de una gran parte de la población y se preguntan ¿por qué los ricos la pueden tolerar tanto?

La investigadora expuso que al examinar materiales de archivo de fines del periodo colonial, le intrigó descubrir que las autoridades de la época no ignoraban estos problemas y que al contrario, en 1774 los gobernantes de la Ciudad de México “se embarcaron” en un ambicioso experimento con el que los más optimistas pensaban se eliminaría la pobreza y conduciría al desarrollo económico.

Señaló que su estudio lo enfocó en la parte nodal de ese experimento, encontrando que el Hospicio de Pobres de la Ciudad de México fue fundado como parte de un esfuerzo por remover a los mendigos y vagos de las calles de la entonces capital virreinal; el plan consistía en clasificar a los pobres de acuerdo con su “mérito” y a los vagos, “es decir, a los mendigos fingidos o falsos, pero que en realidad era gente sana y en aptitud de ganarse la vida”.

A estas últimas personas se les pondría a trabajar en lo que hoy es el sector privado, se les podría también sentenciar al servicio militar o a las obras públicas, mientras que a los “verdaderos pobres” se les conferiría en el nuevo asilo.

Silvia Marina dijo que pese a que la historiografía tradicional describe la segunda mitad del siglo XVIII como próspera, estudios recientes han hecho notar el empobrecimiento de las clases bajas detrás de la deslumbrante fachada de la riqueza minera. Añadió que cuando inició su investigación estaba influenciada por las ideas de la escuela del “control social”, la cual considera a los pobres como víctimas de un Estado cada vez más poderoso.  

Aceptó que estaba convencida que el Hospicio de Pobres de la Ciudad de México era un ejemplo latinoamericano de cómo un Estado movilizaba sus poderes coercitivos contra una plebe desordenada, impresión que fue reforzada por las obras de Gabriel Haslip-Viera y Moisés González Navarro, primeros dos historiadores contemporáneos que prestaron atención al asilo y asumieron que el experimento funcionó en la práctica tal y como se ordenaba en la legislación sobre mendigos y en los reglamentos de la institución.

“En la práctica, el análisis del experimento del Hospicio de Pobres revela el poco control que ejercía el gobierno sobre la población urbana. Lo cierto es que no sólo la débil administración republicana fue incapaz de imponer esa política, pues el supuestamente fuerte Estado colonial tampoco pudo hacerlo”, finalizó.

Al evento asistieron Carmen Blázquez Domínguez, directora general de Investigaciones; José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, y Juan Ortiz Escamilla, director del IIH-S.

Los comentarios están cerrados.