Un juez chileno resolvió la exhumación de los restos del Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda, como parte de la investigación judicial sobre las circunstancias de su muerte tras el Golpe de Estado de 1973, informaron hoy fuentes ligadas a la Fundación del laureado creador chileno.
El ministro en visita o magistrado especial, Mario Carroza, que indaga los crímenes cometidos por el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990) resolvió realizar pericias en los restos del poeta que descansan en su casa de Isla Negra, en la región de Valparaíso, luego de una recomendación de expertos forenses.
Neruda murió el 23 de septiembre de 1973 dos semanas después del golpe de Estado que derrocó al ex mandatario socialista Salvador Allende a raíz según de complicaciones de un cáncer a la próstata que padecía.
En mayo de 2011 en un reportaje aparecido en la revista mexicana «Proceso», el asistente y chofer del escritor, Manuel Araya, de 65 años, reafirmó un testimonio entregado a la prensa local en 2004, sosteniendo su convicción que Neruda fue asesinado por agentes del régimen de Pinochet.
Tras la asonada militar el poeta Premio Nobel 1971 fue internado en la Clínica Santa María de Santiago a raíz de complicaciones médicas derivadas de su tratamiento contra el cáncer.
De acuerdo con el relato de Araya el propio Neruda les comunicó a él y su mujer Matilde Urrutia que era intervenido en forma irregular por médicos del centro asistencial por lo que les pidió apresurar los preparativos para su salida del país al exilio hacia México.
Las dudas planteadas por el reportaje periodístico llevaron al Partido Comunista de Chile a entablar acciones judiciales en 2011 para determinar las verdaderas causas de su muerte.
La fecha de la exhumación se definirá exactamente en una reunión de coordinación que sostendrá en los próximos días entre el juez, con la parte querellante, esto es el Partido Comunista, la Fundación Pablo Neruda y el Servicio Médico Legal (SML), pero se prevé entre marzo y abril.
El juez Carroza conduce la investigacion de unos 749 casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura militar y que aún no han sido aclarados.
Durante el gobierno de facto unos 3.200 disidentes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen de Pinochet.