Claudia Peralta Vázquez
En México el Seguro Popular no ha garantizado ni logrado la cobertura nacional en salud esperada a favor de la población que no cuenta con ningún tipo de seguridad social, destacó la investigadora Asa Cristina Laurell, autora del libro Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexicano.
Con base en el informe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), no hay aseguramiento universal en México y el porcentaje de población sin algún tipo de seguro corresponde al 25 por ciento. Este dato es mucho más alto que el de países como Chile, con siete por ciento, y Colombia, con 10 por ciento, sin algún tipo de seguro.
Así lo detalla Asa Cristina Laurell en este informe presentado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, a través del cuerpo académico Políticas y Gestión en Salud Pública.
En el evento, realizado en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), la autora de 18 libros y más de 100 artículos para revistas, precisó que para el gobierno federal la cobertura universal ha sido una de sus principales prioridades políticas y ha incentivado que los estados cumplan sus metas de afiliación, aunque no son reales.
En presencia de la secretaria de Administración y Finanzas, Clementina Guerrero García, y del director del Instituto de Salud Pública, Gabriel Riande Juárez, señaló que originalmente el Seguro Popular establecido en 2004 en el marco de la Reforma Neoliberal, fue creado como un derecho de toda persona carente de un seguro de salud de origen laboral.
A partir de 2007 adquirió el perfil de un programa para combatir la pobreza. Sin embargo, la CNPSS reporta que se han afiliado 51.8 millones de personas al Seguro Popular, de ellas, 12.4 millones fueron afiliadas en 2010 y 8.3 millones en 2011.
A través de una videoconferencia proyectada ante el cuerpo docente y estudiantil de los campus Veracruz,-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y la Facultad de Enfermería de Orizaba, Carolina Tetelboin Henrion, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, subrayó que el Sistema Nacional de Protección Social en Salud no funciona adecuadamente, con base en el mandato constitucional de garantizar este servicio a todos los mexicanos.
Indicó que otro dato importante que arroja el libro, es que los seguros privados contratados individualmente como prestación laboral cubren sólo el 2.8 por ciento de la población, un poco más de tres millones de personas, aunque las aseguradoras reportan el 5.9 por ciento de asegurados.
El documento también puntualiza que tampoco se cumple el acceso a la atención de los afiliados al Seguro Popular respecto de otras derechohabiencias, ya que 12 por ciento de los afiliados al Seguro Popular reportó no haber recibido atención.
Respecto del Catálogo Universal de Servicios de Salud, éste se describe como un paquete de servicios limitados de los padecimientos comunes de alto costo excepto de mujeres y niños.
Con base en el componente principal de consulta, urgencia y hospitalización, dijo, se mantiene una tendencia de atención menor respecto de los servicios de seguridad social.
Asimismo, desde 2010, el Seguro Popular incluye cuatro padecimientos de gastos catastróficos que aumentaron a siete en 2012.
Por su parte Angélica Ivonne Cisneros, del Instituto de Salud Pública y actual directora general de Recursos Humanos de la UV, consideró que es texto obligado más allá del mundo académico, particularmente para los ciudadanos por la importancia que tiene la salud para cada uno de los mexicanos.
Resaltó las inequidades a las que se enfrenta la población mexicana en materia de salud. “Este esquema de otorgamiento de servicios para la población sin seguridad social no ha cumplido cabalmente el propósito de disminuir el gasto de bolsillo de las familias en la proporción que se esperaba. ¿Estamos o no estamos en el camino correcto?”, cuestionó.
En su análisis opinó que la población abierta que no goza de seguridad social laboral y que se ha pretendido atender por el Seguro Popular, difiere del concepto de cobertura de seguridad social ya que éste sólo cubre las intervenciones explícitamente incluidas.
Por tanto, los servicios cubiertos por el Seguro Popular corresponde a un paquete de servicios que están debidamente formalizados en un documento denominado Catálogo Universal de Servicios de Salud, y algunos padecimientos catalogados como gastos catastróficos. Todos los demás servicios los paga el paciente al requerir de ellos.
Con esta diferencia, no es posible asegurar que el Sistema Nacional de Salud se apegue al mandato constitucional de garantizar este beneficio a todos los mexicanos, dada la restringida cobertura del Seguro Popular. “Esto debería ser sujeto de un serio análisis ciudadano”.
Al hacer una reflexión sobre el tema, la académica Dulce María Cinta Loaiza especificó que a partir de los años ochenta en México se empezaron a aplicar modelos neoliberales para modernizar el estado en materia de salud.
Otros aspectos relevantes que también se detallan en el libro, es que el Seguro Popular se financia con contribuciones fiscales de los gobiernos federales y estatales, y ofrece un paquete de servicios del Catálogo Universal de Servicios de Salud muy inferior a los seguros médicos de los institutos de seguridad social laboral, y sólo incluye un reducido número de enfermedades de alto costo.
Los afiliados al Seguro Popular reportan además que en 16 por ciento de los casos no había los medicamentos necesarios, a pesar de que es otro de los objetivos importantes.
La protección financiera es otra meta pero tampoco se cumple de manera adecuada. De esta forma, los afiliados al Seguro Popular destinan anualmente 51.2 millones en salud o el 2.5 por ciento de su gasto monetario.