Las agresiones contra periodistas –y por ende, contra la libertad de expresión– no pueden entenderse “si no se reconoce que en México existe una política muy bien articulada en todos los niveles de gobierno y las instituciones para restringir los flujos de información que llegan a la sociedad”, afirmó la maestra Ana Cristina Ruelas.
La directora para México y América Central de la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, Artículo 19, señaló que quien quiere ejercer ese derecho en el país tiene que enfrentarse a tres realidades “que se dan de facto en un campo de batalla y nos ponen muy en desventaja frente al otro adversario: el Estado”.
La primera es el sistema económico, en el que los medios de comunicación dependen del dinero público, en particular, de la publicidad oficial, cuya promesa de regulación ofrecida al inicio de la actual administración quedó olvidada, ya que “la plata es el primer elemento que lacera la libertad de expresión, genera censura y al final impacta en la información que recibe la sociedad”, sostuvo.
La segunda es “el plomo”, “la que más nos duele” y que mayores impactos deja en términos de autocensura, pues “llevamos más de cien periodistas asesinados desde 2000 y ningún caso resuelto en el sentido de que se tenga a los autores intelectuales”.
Al hablar ante el Foro Violencia, amenazas y espionaje contra comunicadores. La libertad de expresión en México, organizado por el Departamento de Educación y Comunicación y la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la periodista abundó que “tenemos 53 por ciento de agresiones que viene de agentes del Estado”.
Esto “tiene algo de sentido cuando decimos que hay 99.75 por ciento de impunidad”, porque entonces “las agresiones contra la prensa son intencionales y forman parte de esa articulación que busca que al final la sociedad no tenga información suficiente para tomar mejores decisiones”.
Otra forma de violencia, mucho más sofisticada, es la intervención de comunicaciones que es cada vez más constante, aunque “no habíamos estado frente a un mecanismo tan sofisticado como Pegasus”.
El espionaje no sólo funge como un elemento de control efectivo de la información sino que sirve también para generar narrativas contrarias a las impulsadas por los emisores de la información y los espiados, y tiene la capacidad de penetrar en la parte más básica de la privacidad de las personas, genera intimidación y, por lo tanto, un alto nivel de censura.
La maestra Ruelas afirmó que toda esta articulación propicia, por un lado, la falta de información de una sociedad cuyo contexto es “sumamente grave”, pero por otro hace emerger el silencio a pesar de las formas diversas de resistencia por parte de muchos periodistas que “han permitido a esta sociedad contar con más testimonios”, pues los comunicadores son elemento clave para la construcción de verdades y la generación de una contranarrativa a la del Estado.
El periodista de la revista Proceso, José Gil Olmos afirmó que “vivimos en México una guerra no convencional”, diferente a la que existe entre un ejército y otro, y la cual se ha establecido a través de la violencia, las amenazas y el espionaje contra los reporteros.
El autor de Los brujos del poder dijo que prevalece “una crisis de Estado”, pues éste ha faltado a su principal responsabilidad de garantizar seguridad a los ciudadanos y como periodistas “nosotros nos encontramos en un campo de guerra dentro de nuestro propio país”.
La maestra Daniela Pastrana, coordinadora del Área de Investigación de la Red de Periodistas de a Pie, enfatizó la necesidad de contar con una organización gremial independiente, pues si bien hay una “enorme solidaridad entre los periodistas”, no se ha podido construir una agrupación que defienda sus derechos para tener mejor capacidad de enfrentar lo que vive el gremio.
El costo por mantenerse haciendo periodismo y llevar información útil a la sociedad “es muy alto”, pero aun así “somos muchos los que seguimos necios en continuar con esta profesión, defendiendo los derechos humanos y la libertad de expresión, y lo hacemos porque éste es nuestro país y debemos intentar que el barco no se siga hundiendo, se trata de una apuesta que vale la pena”.