La ciencia desde el Macuiltépetl: El IPN bajo asedio

La privatización consiste en la apropiación privada de bienes, recursos o servicios considerados patrimonio colectivo de una comunidad, un pueblo o una nación. Estos bienes se constituyen en  propiedad común en tanto que son considerados esenciales e insustituibles para la vida de cada uno de los integrantes de la colectividad, y necesarios para el bienestar del grupo social. En esta categoría se incluyen: (1) recursos naturales tales como el aire que respiramos, la luz solar, los depósitos de agua, los bosques, la flora y la fauna del territorio común, los depósitos de combustibles fósiles (carbón, petróleo), los yacimientos minerales; (2) servicios como el suministro de energía eléctrica, agua potable y drenaje, el servicio postal, las comunicaciones, la producción de energéticos, la emisión de moneda y la seguridad pública, entre otros; y (3) bienes no materiales tales como la salud, la educación y el patrimonio cultural en general.

En el último rubro mencionado destaca el conocimiento tecno-científico, un bien indispensable por su impacto en la producción y el desarrollo tecnológico, y además por su benéfico efecto potencial en áreas como la salud pública, la educación, la administración, la conservación de recursos, y en la cultura en general. La producción, la traducción técnica, la difusión y la divulgación del conocimiento científico dependen de una amplia inversión social, concretizada en la formación de cuadros científicos y técnicos (que se da principalmente en instituciones de educación superior públicas), y en la consolidación de un aparato mediador entre la investigación científica y las aplicaciones tecnológicas (centros e institutos de investigación). Ninguna empresa privada –ni siquiera los gigantes como Microsoft– tiene la capacidad económica para costear por sí misma la formación de los cuadros técnicos y científicos que necesita, ni para realizar en sus propios centros toda la investigación que requiere para el desarrollo de sus productos. En realidad, todas estas empresas son subsidiadas ocultamente con recursos públicos invertidos en la formación de científicos, y en la operación de  centros e institutos de investigación públicos, donde se producen conocimientos que son aprovechados por aquéllas.

La apropiación privada de bienes y recursos públicos significa que éstos dejan de considerarse  satisfactores esenciales y, por tanto, el acceso a ellos y su disponibilidad, en lugar de constituir un derecho inalienable de toda persona, se restringe a quienes  puedan pagar por ellos. Obviamente, la privatización de estos bienes implica la exclusión de su disfrute para una gran parte de la población, ocasionando con ello una mayor extensión y profundización de la pobreza y la desigualdad social y, consecuentemente, un deterioro generalizado de la vida social.   

La tendencia a la privatización es un rasgo constitutivo del capitalismo, el cual no puede subsistir más que a condición de una expansión creciente de los mercados, en particular mediante la apropiación privada de bienes, recursos y servicios que, por su naturaleza y función, habían escapado a la determinación mercantil.

Dicho en términos llanos: la privatización es el despojo de bienes y derechos inalienables que sufre una comunidad o una nación a manos de la clase capitalista; los bienes comunes, indispensables para la vida, pasan a manos de unos cuantos particulares para su usufructo.

La ciencia en México ha subsistido siempre en un estado precario. México ha sido, desde hace 500 años, una entidad colonial y, en el mapa del nuevo orden mundial, sigue ocupando el mismo lugar. Su economía, y, por tanto, sus formas políticas, han estado subordinadas siempre al interés del imperio en turno.

Una economía dependiente, es decir una economía de “patio trasero”, no demanda, estructuralmente, del desarrollo científico y la innovación tecnológica. Prácticamente no existen empresas nacionales, el mercado mexicano está inundado de mercancías producidas por las compañías transnacionales, las cuales desarrollan la investigación que requieren en la metrópoli por las ventajas que así obtienen y, en todo caso, emplean limitadamente mano de obra calificada y entonces demanda técnicos más que profesionistas y científicos.

Ello no obstante, en diversos momentos de la historia, la ciencia mexicana ha recibido impulsos notables aunque de corta duración. Uno de estos momentos fue durante la presidencia de Lázaro Cárdenas quien, entre otras iniciativas, fundó el Instituto Politécnico Nacional (IPN), bajo el lema “La técnica al servicio de la patria”. En el IPN se han formado miles de científicos y técnicos que han contribuido en forma notable al desarrollo del país, con espíritu nacionalista y con el propósito de contribuir al bien social.

            Ahora, como parte de la embestida neoliberal contra la educación pública, se pretende cercenar los principios que dieron origen al IPN y dar otro empuje hacia la privatización de la ciencia y la técnica, tal vez bajo un nuevo lema: “La técnica al servicio del interés privado”. Estudiantes y maestros del Poli han dicho no a tal pretensión y se movilizan en defensa de una de las instituciones de educación superior más nobles y valiosas con las que cuenta México. Merecen nuestra solidaridad.

            Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve.